El 7 de agosto de 2018, la Jueza Laura Taylor Swain emitió dos Opiniones: una concediendo en parte y denegando en parte las mociones presentadas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para desestimar la demanda radicada por el Gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló; y otra concediendo en su totalidad la moción de la JSF para desestimar la demanda radicada por la Legislatura. Para ver las opiniones presiona aquí.
 
A modo de trasfondo, la demanda del gobernador buscaba un remedio de interdicto declaratorio que impugnaba 5 provisiones específicas del plan fiscal aprobado el 29 de junio de 2018: (i) la prohibición de la habilidad de gobierno para autorizar la reprogramación o extensiones de las asignaciones presupuestarias aprobadas en años anteriores sin la autorización de la JSF; (ii) la recomendación de que el gobierno debería consolidar 114 agencias en 22 grupos y varias agencias independientes; (iii) el requisito de reducciones automáticas al presupuesto y nómina de empleados cuando en años fiscales anteriores las cifras de “ahorros por eficiencia” de una agencia para el tercer trimestre se queden por debajo de las proyecciones presupuestarias; (iv) el requisito de congelar las contrataciones, limitar los días feriados con paga, restricciones a las licencias por enfermedad y vacaciones y la eliminación del bono de navidad; y (v) la inclusión de remedios por violaciones a los presupuestos aprobados como parte del plan fiscal, incluyendo que una violación constituye un acto criminal. La demanda radicada por la Legislatura buscaba remedio declaratorio a los efectos de que no podía se le podía obligar a implementar las medidas contenidas en el plan fiscal, dejando así sin efecto legal el presupuesto de la JSF.
 
En su Opinión del 7 de agosto del 2018, la corte otorgó en parte y denegó en parte la moción de desestimación de la Junta de la demanda del Gobernador. La corte tribunal desestimó las impugnaciones de ambas provisiones sobre el plan fiscal -la sugerencia de que se reorganizaran varias agencias, se congelaran las contrataciones y otras limitaciones a los beneficios de los empleados- sobre las bases de que la controversia aún no estaba madura para que la Corte decidiera. Con respecto a las reducciones en beneficios a empleados, la corte senaló que el plan fiscal/presupuesto no obligaba al gobernador a implementar las recomendaciones para reducir el gasto de nómina; que el plan fiscal/presupuesto solo le limitaba la cantidad de dinero disponible al gobierno, pero que quedaba a discreción del gobierno el cómo gastarlo. Por lo tanto, la corte no tiene nada que decidir, ya que las disposiciones en cuestión no imponen una política pública al gobierno y queda a discreción del gobernador decidir cómo gastar los fondos limitados,
 
En cuanto a las otras tres disposiciones del plan fiscal que fueron impugnadas, la corte explicó que PROMESA le permitía a la JSF “hacer elecciones de política obligatoria por el Gobierno de Puerto Rico”, pero que al hacer eso PROMESA no le daba “el poder afirmativo de legislar”. Si una medida de política pública requiere que el gobierno apruebe una nueva ley o derogue una ley existente, la JSF solo podrá tratar de persuadir al gobierno para tomar acción imponiéndole restricciones al presupuesto; osea que no tiene autoridad para ordenar legislación. Conforme a ese entendimiento, la corte concluyó que la JSF podía restringirle al gobierno usar el dinero de presupuestos anteriores para financiar gastos corrientes o para reprogramar los fondos presupuestados, ya que la JSF es quien tiene el control exclusivo del presupuesto certificado. La corte concluyó de manera opuesta sobre las reducciones automáticas al presupuesto y la imposición de penalidades por incumplir con los presupuestos, porque estas provisiones constituían enmiendas a legislación existente
 
La demanda radicada por los legisladores Hon. Rivera Schatz y Hon. Méndez Núñez impugnaban la certificación por la JSF de su propio presupuesto y los esfuerzos de la junta para fomentar la derogación de la Ley 80. La corte desestimó esta demanda en su totalidad basado en que PROMESA le concedía a la JSF el poder exclusivo de certificar un plan fiscal y presupuesto.
 
En ambas Órdenes, la corte exhortó a la JSF y al gobernador/Legislatura a trabajar juntos y colaborar para implementar las medidas contenidas en el plan fiscal y el presupuesto.
 
Es importante destacar que las Órdenes de la corte desestimando las demandas sobre la autoridad de la JSF para certificar los planes fiscales y los presupuestos basados en medidas de política pública que han sido rechazadas por el gobierno de Puerto Rico, no significan que los recortes a las pensiones propuestos por la JSF han sido aprobados. Debido a que el derecho a las pensiones es considerado como contratos bajo las leyes de Puerto Rico, cualquier ajuste a las pensiones solo podrá implementarse bajo un plan de ajuste confirmado.

On August 7, 2018, Judge Swain issued two Opinions, one granting in part and denying in part the motions brought by the Financial Oversight and Management Board (FOMB) to dismiss the complaint brought by the Governor, and the other granting in its entirety the Board’s motion to dismiss the complaint filed by the Legislature. Copies of the opinions are available here.
 
As background, the Governor’s complaint sought declarative and injunctive relief that challenged five specific provisions in the June 29, 2018 Fiscal Plan: (i) the prohibition on the Government’s ability to authorize reprogramming or extensions of budgetary appropriations that had been approved in prior years without the Board’s approval; (ii) the statement that the Government should consolidate 114 agencies into 22 groups and a number of independent agencies; (iii) the requirement that there be automatic budget reductions and workforce reductions whenever in the prior fiscal year the third-quarter actual figures for “efficiency savings” for a particular agency falls short of budgeted projections; (iv) the requirement of a hiring freeze, limitation on paid holidays, restrictions on sick and vacation days and the elimination of the Christmas bonus; and (v) the inclusion of remedies for violations of the budget approved as part of the Fiscal Plan, including that a violation constitutes a criminal act. The Legislature’s complaint sought declarative relief that it could not be compelled to implement the measures in the fiscal plan and that the FOMB’s  budget should therefore be null and void.
 
In its August 7, 2018 opinion, the Court dismissed the challenges to two of the Fiscal Plan provisions – the suggestion that various agencies be reorganized and the hiring freeze and other employee limitations –  on the basis that there was no concrete dispute for the court to decide at this time.  Significantly with respect to employee benefit reductions, the Court held that the budget/Fiscal Plan does not require the governor to implement the recommended employee expense reductions; the fiscal plan/budget only limits the amount of money available to the government, but that it is up to the government to decide how to spend it.  Therefore, these two challenged provisions do not impose policy on the government and it is therefore up to the Governor to decide how to spend the limited funds, leaving nothing for the Court to decide. 
 
As to the other three challenged provisions of the fiscal plan, the Court explained that PROMESA permitted the Board to “make binding policy choices for the Commonwealth,” but that in doing so, PROMESA did not give the Board the “power to affirmatively legislate.” If a policy measure requires the Government to enact a new law or repeal an old law, the Board can only attempt to persuade the Government to take that action by imposing budget restrictions; it has no authority to mandate the legislation. Applying that understanding of PROMESA, the Court concluded that the FOMB could restrict the government from using money from prior budgets to fund current expenses or otherwise reprogramming budgeted funds, because the Board has exclusive control over the certified budget.  The Court reached the opposite result with respect to the automatic budget reductions and the imposition of penalties for failure to comply with the budgets, because these provisions constituted amendments to Puerto Rico’s existing legislature.
 
The complaint filed by legislators, Hon. Rivera-Schatz and Hon. Mendez-Nunez, challenged the FOMB’s  certification of its own budget and the Board’s efforts to encourage a repeal of Law 80. The Court dismissed this complaint it in its entirety on the basis that PROMESA granted the Board exclusive power to certify a fiscal plan and budget.
 
In both opinions, the Court urged the Board and the Governor/Legislature to work together and to collaborate on the measures in the current fiscal plan and budget.
 
It is important to note that the Court’s opinions dismissing challenges to the Board’s authority to certify fiscal plans and budgets that are premised on policy measures that the Government has rejected do not mean that the Board’s proposed pension cuts have been approved. Because retirees rights to their pensions are considered contract rights under Puerto Rico law, pension cuts can only be implemented through a confirmed plan of adjustment.