Los Bonos de Pensiones son, en definitiva, una deuda no asegurada, ahora que ese foro no acogió un pedido de certiorari de ciertos bonistas

Por Joanisabel González
El Nuevo Día
 
 
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no acoger un pedido de certiorari radicado por ciertos bonistas de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés) supone un golpe para estos acreedores, pero constituye una victoria para los jubilados del sector público, opinó el presidente del Comité Oficial de Retirados (COR), Miguel J. Fabre.
 
Según el ex juez, ahora que el alto foro federal no acogió la controversia, los jubilados del sector público han superado -fuera de toda duda- uno de los escollos que amenazaba el pago de las pensiones: el uso prioritario de las aportaciones patronales o los activos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) para pagar los POBs.
 
“Ya sabemos que la garantía para pagar los bonos es lo que estaba al momento de la petición de la quiebra. La propia Ley de Quiebras establece lo que está sujeto a liquidación, pero ellos (los bonistas) entendían que tenían derecho a cobrar sus bonos de otros fondos más allá de las aportaciones patronales. La jueza (Laura) Taylor Swain nos dio la razón, ellos fueron a(l Primer Circuito de) Apelaciones, que afirmó a la jueza y se fueron al Supremo en virtud de un certiorari que no prosperó”, explicó Fabre.
 
¿Qué decidió el tribunal?
El pasado 16 de noviembre, el alto foro judicial federal declinó acoger un recurso de ciertos bonistas de POB que buscaban revertir una decisión del Primer Circuito de Apelaciones en torno al uso de las aportaciones patronales a la ASR como fuente de repago de tales bonos.
 
En síntesis, la probabilidad de que los bonistas de POBs -que se creían una deuda asegurada- recuperaran buena parte de los $3,000 millones prestados a la ASR pareció natimuerta desde el momento en que el gobierno invocó la ley federal Promesa hace tres años.
 
Inicialmente, Swain determinó que cuando la ASR emitió esa deuda en el 2008, el gravamen de los bonistas contra las aportaciones patronales no se perfeccionó, haciéndolo inválido. Aunque el foro intermedio federal revertió ese fallo y en una nueva controversia se reconoció el derecho de los bonistas a cierto recobro, el año pasado, Swain concluyó que ese interés terminó una vez el gobierno se acogió a la bancarrota y el plan de pensiones se convirtió en un plan de pago desde el Fondo General a través de la Ley 106 de 2017.
 
Dicho de otra forma, los bonos POBs que antes se consideraban garantizados o con colateral son una deuda no asegurada como es el caso de las pensiones. A raíz del nuevo estatus de los POBs, la JSF ha ofrecido a estos acreedores unos 13 centavos de dólar, lo que implicaría un recorte de alrededor de 87% en el principal.
 
Avances insuficientes
Según Fabre, de no haber sido porque el COR permaneció al pie del cañón junto a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y en la mesa de negociación, otra pudo ser la historia.
 
En ese sentido, Fabre recordó que si bien la Ley 106 creó el sistema “Pay-Go”, todavía no hay una garantía absoluta de que el gobierno asignará fondos suficientes para pagar las pensiones cada año.
 
“Hay grupos que critican que nos sentáramos a negociar con la junta, pero si nos hubiésemos levantado de la mesa ahora mismo no tendríamos ningún tipo de garantía”, indicó Fabre. El ex juez hacía referencia al acuerdo entre la JSF y el COR y que fijó en 8.5% el recorte máximo en las pensiones vigentes y creó un fideicomiso para cubrir esa obligación en caso de que falte dinero en el Fondo General.
 
Según Fabre, en su nueva propuesta de renegociación, la JSF mantuvo el recorte máximo en 8.5%, pero redujo el universo de jubilados que se verían afectados por este. En lugar de que el recorte se aplique a un beneficio de pensiones mensual de $1,200 o más, la propuesta de la JSF ahora aplicaría a jubilados con un beneficio de $1,500 o más al mes.
 
“Eso significa que el 74% de los pensionados no se va a afectar con el ajuste”, dijo Fabre. “Por eso es que necesitamos una sentencia”, agregó el exjuez al plantear que una vez se confirme el plan de ajuste del gobierno central, lo pactado entre la JSF y el COR en materia de pensiones no estará sujeto a que una legislatura lo cambie.
 
“Si el gobierno incumple con una sentencia es un desacato y puede llevarse al gobierno con el tribunal para que cumpla con las pensiones”.

En la imagen, desde la izquierda, Marcos A. López Reyes, Carmen Haydee Núñez y el licenciando Miguel J. Fabre, miembros del Comité Oficial de Retirados (COR). archivo / david villafañe (archivo / David Villafañe)
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