La disposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a enmendar el Plan de Ajuste (PDA) para excluir el recorte en las pensiones no es un hecho consumado, tampoco significa que ese sector no verá otros recortes y mucho menos, significa que a futuro, Puerto Rico tendrá capacidad suficiente para pagar las pensiones, la deuda pública y cubrir los servicios a la población, según entrevistados.

De igual forma, según el exjuez de Quiebras, Gerardo Carlo Altieri y el economista Daniel Santamaría Ots, la nueva concesión de la JSF, así como el énfasis de la Asamblea Legislativa y el gobernador Pedro Pierluisi en la defensa de los pensionados solo ha servido para que otros sectores como los maestros, los bonistas locales y los suplidores del gobierno resulten entre los más perjudicados con el PDA.

Mientras, han pasado a segundo plano, otros asuntos medulares como la supremacía de las leyes de Nueva York a las leyes de Puerto Rico, cuando se trate de bonos y deuda pública.

La jueza (Laura Taylor) Swain puede tener la mejor intención de darle el 100% de sus acreencias a los pensionados, pero aquí tenemos un Tribunal Apelativo que va a revisar ese plan y es posible que este caso, llegue al Tribunal Supremo y allí no se come cuento. Eso fue lo que pasó en el caso de Argentina en el Distrito Sur de Nueva York, donde se encuentra la jueza”, dijo Carlo Altieri haciendo referencia a la larga disputa judicial en la que ese país terminó pagando toda su deuda, una vez el 4% de sus bonistas se opuso a la modificación que se había negociado.

"Si no hay una incorporación de esos potenciales reclamos de la Legislatura en un nuevo plan fiscal certificado antes de que se discuta el (PDA), no hay garantías o motivos para concluir que son cónsonos, por lo cual, el proyecto (de la Cámara) 1003 tampoco sería aceptable. Ese es uno de los primeros peligros a que nos enfrentamos en el proceso de confirmación”, indicó por su parte Santamaría Ots.

El pasado jueves, en un esfuerzo por salvar sobre dos años de negociaciones, lo que ha requerido unos $939 millones de los contribuyentes puertorriqueños para el pago de asesores y abogados, el presidente de la JSF, David Skeel, comunicó al gobernador Pierluisi y a los líderes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, una última e “inamovible” –según fuentes de este diario– lista de concesiones.

En síntesis, la JSF estableció que si el Proyecto Cameral 1003 se enmienda y facilita la reestructuración de la deuda sin condiciones, enmendará el PDA exclusivamente para eliminar el recorte de hasta 8.5% en las pensiones públicas.

El efecto de tal decisión es que en lugar de que el PDA proteja a unos 130,000 jubilados de recorte alguno, como establecía el acuerdo con el Comité de Acreedores no Asegurados (COR), y se compense por la vía presupuestaria a los que sí verían recortes, ahora quedará a discreción de la jueza Swain la suerte de todos los jubilados y con ellos, si la modificación de deudas en la mesa es factible o no.

Aunque el recorte en el beneficio actual de pensión quedaría fuera, en la práctica, la JSF indicó que mantendrá otros ajustes que serán más devastadores como la prohibición de aumentos por inflación o la ampliación de los requisitos para la jubilación. Ese es el caso de los maestros, que ante la anulación de la Ley de Retiro Digno, al rechazar la propuesta alterna, tendrán que trabajar hasta los 63 años y verán un ajuste en la fórmula para calcular su pensión.

Según Santamaría Ots, economista para la organización Espacios Abiertos, la reforma a las pensiones de la JSF buscaba ahorrar al gobierno unos $4,800 millones. El 80% de ese ahorro vendría de la congelación de beneficios de pensión.

A manera de ejemplo, según Santamaría Ots, si en el 2019, un jubilado recibía una pensión de $1,215 al mes, con el PDA en la mesa, para el 2037, esa pensión equivaldrá a unos $915 a medida que el costo de vida aumente.

Esa realidad, se suma a otra según el economista: las propias proyecciones de la JSF apuntan a que el plan no será sostenible habida cuenta los déficits presupuestarios que se avecinan para el 2037.

Con tal de conseguir la aprobación del proyecto 1003, la JSF accedió a otros pedidos de la Legislatura, pero no son parte del PDA.

Entre estos, otorgar unos $500 millones a la Universidad de Puerto Rico por los próximos cinco años, ciertos fondos a los municipios y dinero para financiar un estudio acerca de un plan de salud universal para la isla. Estas concesiones, a su vez, dependen de que el gobierno federal otorgue fondos adicionales bajo Medicaid para financiar la reforma de salud, un asunto que se da por sentado, pero que hasta el cierre de esta edición no se ha materializado.

Las alternativas que tiene SwainDe acuerdo con el ex juez Carlo Altieri, los jueces de bancarrota no modifican los planes de ajuste, pero sus decisiones pueden “torcer brazos” y resultar en cambios para una o más clases de acreedores.

Una vez Swain escuche los planteamientos de las partes durante la audiencia de confirmación, podría confirmar el PDA.

El plan también podría confirmarse parcialmente y requerir al deudor -en este caso, la JSF- que llegue a nuevos entendidos o consiga los trámites necesarios para implementarlo. Un tercer escenario podría ser denegar el PDA, pero dejar el caso de Título III abierto para negociar nuevos acuerdos financieros.

Un cuarto escenario, el más drástico de todos, sería que Swain –considerando que el proceso de bancarrota de Puerto Rico ya marca cuatro años– desestime el caso de Título III y levante la suspensión automática de litigios que hasta ahora, ha librado al gobierno de pagar a los bonistas y defenderse de cientos de litigios.

Si este último escenario se diera, de inmediato, Puerto Rico podría verse forzado a pagar a los bonistas sobre $2,000 millones correspondientes al servicio a la deuda de este año fiscal y también serían exigibles aproximadamente $7,000 millones en bonos no pagados desde el 2016.

Más allá de las pensiones

En el caso de Puerto Rico, con el PDA en la mesa, la JSF consiguió lo que hace un año parecía improbable: el respaldo de las aseguradoras municipales, el apoyo mayoritario de los principales bonistas de la isla y de los principales dos grupos de negociación, el COR y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés).

“Aquí hay un riesgo real”, dijo Carlo Altieri al plantear que la clase política interesa, más que todo, construir “un mensaje” que le favorezca durante el ciclo electoral 2024.

Para el ex juez, la discusión pública se ha centrado en el recorte a las pensiones, los méritos y las injusticias y los riesgos de viabilidad del PDA no se discuten.

Por ejemplo, indicó que se ha pasado por desapercibido que el PDA reduce la deuda con los bonistas, pero también “limpia” el estado de situación de cientos de agencias de gobierno al eliminar las sentencias monetarias en su contra o poner fin a pagos de suplidores que no se hicieron por años.

“Los que aquí están siendo trasquilados son los suplidores y contratistas del gobierno porque los (acreedores) no asegurados van a cobrar desde tres hasta 20 centavos y de eso, los abogados que les representan se quedan con el 15%”, agregó Carlo Altieri.

“Aunque la jueza Swain tenga las mejores intenciones con los pensionados, entre los acreedores no asegurados también hay miles de jubilados que trabajaron en el sector privado y que sus ahorros estaban en los bonos ahora chatarra del gobierno, pero de eso ni se habla”, sostuvo el ex juez.

La JSF ha insistido en el recorte de las pensiones porque entiende que no hacerlo representaría un trato desigual.

Pero según Santamaría Ots, cuando el organismo fiscal creó el Instrumento de Valor Contingente (CVI), la JSF aceptó entregar a los bonistas los beneficios de una mejora en los recaudos, en lugar de preservar fondos para los años de vacas flacas. Además, el economista recordó que el plan todavía contiene recortes presupuestarios y provee para aumentar impuestos como el alza de 400% que se prevé en los peajes.

Para Santamaría Ots, hay otra ficha que la Legislatura debe jugar: exigir a la JSF que divulgue todos los reportes, análisis y hojas de cálculo que dieron luz al PDA. Esos trabajos, aparte de ser pagados con fondos públicos, ha quedado fuera del ojo público, pues hasta la fecha, ese grado de transparencia que permitiría entender o rebatir las posturas de la JSF “ha sido totalmente nulo”.

Esta nota fue publicada el 16 de octubre en El Nuevo Día

Los Bonos de Pensiones son, en definitiva, una deuda no asegurada, ahora que ese foro no acogió un pedido de certiorari de ciertos bonistas

Por Joanisabel González
El Nuevo Día
 
 
La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no acoger un pedido de certiorari radicado por ciertos bonistas de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés) supone un golpe para estos acreedores, pero constituye una victoria para los jubilados del sector público, opinó el presidente del Comité Oficial de Retirados (COR), Miguel J. Fabre.
 
Según el ex juez, ahora que el alto foro federal no acogió la controversia, los jubilados del sector público han superado -fuera de toda duda- uno de los escollos que amenazaba el pago de las pensiones: el uso prioritario de las aportaciones patronales o los activos de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) para pagar los POBs.
 
“Ya sabemos que la garantía para pagar los bonos es lo que estaba al momento de la petición de la quiebra. La propia Ley de Quiebras establece lo que está sujeto a liquidación, pero ellos (los bonistas) entendían que tenían derecho a cobrar sus bonos de otros fondos más allá de las aportaciones patronales. La jueza (Laura) Taylor Swain nos dio la razón, ellos fueron a(l Primer Circuito de) Apelaciones, que afirmó a la jueza y se fueron al Supremo en virtud de un certiorari que no prosperó”, explicó Fabre.
 
¿Qué decidió el tribunal?
El pasado 16 de noviembre, el alto foro judicial federal declinó acoger un recurso de ciertos bonistas de POB que buscaban revertir una decisión del Primer Circuito de Apelaciones en torno al uso de las aportaciones patronales a la ASR como fuente de repago de tales bonos.
 
En síntesis, la probabilidad de que los bonistas de POBs -que se creían una deuda asegurada- recuperaran buena parte de los $3,000 millones prestados a la ASR pareció natimuerta desde el momento en que el gobierno invocó la ley federal Promesa hace tres años.
 
Inicialmente, Swain determinó que cuando la ASR emitió esa deuda en el 2008, el gravamen de los bonistas contra las aportaciones patronales no se perfeccionó, haciéndolo inválido. Aunque el foro intermedio federal revertió ese fallo y en una nueva controversia se reconoció el derecho de los bonistas a cierto recobro, el año pasado, Swain concluyó que ese interés terminó una vez el gobierno se acogió a la bancarrota y el plan de pensiones se convirtió en un plan de pago desde el Fondo General a través de la Ley 106 de 2017.
 
Dicho de otra forma, los bonos POBs que antes se consideraban garantizados o con colateral son una deuda no asegurada como es el caso de las pensiones. A raíz del nuevo estatus de los POBs, la JSF ha ofrecido a estos acreedores unos 13 centavos de dólar, lo que implicaría un recorte de alrededor de 87% en el principal.
 
Avances insuficientes
Según Fabre, de no haber sido porque el COR permaneció al pie del cañón junto a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y en la mesa de negociación, otra pudo ser la historia.
 
En ese sentido, Fabre recordó que si bien la Ley 106 creó el sistema “Pay-Go”, todavía no hay una garantía absoluta de que el gobierno asignará fondos suficientes para pagar las pensiones cada año.
 
“Hay grupos que critican que nos sentáramos a negociar con la junta, pero si nos hubiésemos levantado de la mesa ahora mismo no tendríamos ningún tipo de garantía”, indicó Fabre. El ex juez hacía referencia al acuerdo entre la JSF y el COR y que fijó en 8.5% el recorte máximo en las pensiones vigentes y creó un fideicomiso para cubrir esa obligación en caso de que falte dinero en el Fondo General.
 
Según Fabre, en su nueva propuesta de renegociación, la JSF mantuvo el recorte máximo en 8.5%, pero redujo el universo de jubilados que se verían afectados por este. En lugar de que el recorte se aplique a un beneficio de pensiones mensual de $1,200 o más, la propuesta de la JSF ahora aplicaría a jubilados con un beneficio de $1,500 o más al mes.
 
“Eso significa que el 74% de los pensionados no se va a afectar con el ajuste”, dijo Fabre. “Por eso es que necesitamos una sentencia”, agregó el exjuez al plantear que una vez se confirme el plan de ajuste del gobierno central, lo pactado entre la JSF y el COR en materia de pensiones no estará sujeto a que una legislatura lo cambie.
 
“Si el gobierno incumple con una sentencia es un desacato y puede llevarse al gobierno con el tribunal para que cumpla con las pensiones”.

En la imagen, desde la izquierda, Marcos A. López Reyes, Carmen Haydee Núñez y el licenciando Miguel J. Fabre, miembros del Comité Oficial de Retirados (COR). archivo / david villafañe (archivo / David Villafañe)
​