Durante los últimos meses hemos escuchado a diferentes sectores del país hablar sobre el grupo de pensionados de Puerto Rico. Analicemos la realidad de este sector, que se compone de 167,000 funcionarios públicos ya retirados.

Los pensionados del gobierno de Puerto Rico levantaron la economía de nuestro pueblo.  Dieron sus años productivos confiando que al momento de su jubilación contarían con un ingreso justo, basado en parte en sus aportaciones económicas al Sistema de Retiro. Este diseño o fórmula representaba estabilidad y seguridad. Muchos decidieron servirle al pueblo de Puerto Rico con salarios menores a otros sectores de la economía, debido a la seguridad de ingresos que representaban las pensiones.

La realidad es que durante la compleja situación fiscal por la que atraviesa Puerto Rico hace más de una década, las pensiones y beneficios han sufrido reducciones drásticas. Los pensionados que se retiraron en o antes del 30 de junio de 2013 vieron sus beneficios reducidos en $500 y los que se retiraron posterior al 1 de julio de 2013 vieron una reducción de $1,200.00 al año más la eliminación del bono de Navidad ($600.00), el bono de verano ($100.00) y el bono de medicamentos ($100.00). Además, desde el 2007 los pensionados no reciben el ajuste por costo de vida trienal de 3%, lo que representa una reducción adicional en beneficios y menor rendimiento del ingreso de las pensiones a medida que los costos aumentan. 

Asimismo, todos los empleados del gobierno central que se retiren en el futuro recibirán pensiones sustancialmente menores a las existentes como consecuencia de las reformas.  

El perfil y rol del pensionado puertorriqueño es único.  A menudo son el principal ingreso del componente familiar.  Con sus ingresos mantienen a sus familias, pagan los cuidos y estudios de sus nietos, cuidan a sus padres ya envejecientes, y aportan al ingreso de sus hijos mayores quienes han sido impactados por el desempleo o bajos salarios. 

La Junta de Supervisión Fiscal en su más reciente plan fiscal ha señalado la necesidad de recortar las pensiones en un promedio de un 10%, lo que podría significar reducciones de hasta un 25%. El impacto de dicha medida en nuestra ya maltrecha economía sería severo, ya que es dinero que se elimina de la corriente económica afectando así las contribuciones al fisco y los ingresos por actividad comercial a través de todos los renglones económicos. Los recortes propuestos también acentuarían la vulnerabilidad de los pensionados haciéndolos dependientes de múltiples servicios y programas que ofrece el gobierno de Puerto Rico, sobre los cuales se desconoce el impacto económico que tendrían al erario público, frustrando así los supuestos ahorros en la nómina de pensión.

Es patentemente injusto que, a los pensionados y empleados públicos, quienes recibieron severos recortes en sus beneficios mientras a los bonistas y otros acreedores del gobierno se les pagaba el 100% de las obligaciones, se les impongan reducciones adicionales.  Estamos en espera que la Junta de Supervisión Fiscal explique las razones para insistir en las reducciones propuestas. La posición de la Junta no se justifica, los pensionados y empleados públicos ya aportaron sustancialmente para la recuperación fiscal de Puerto Rico.

El autor es el Presidente del Comité Oficial de Retirados ante el Tribunal Federal, Miguel J. Fabre Ramírez, nombrado por el síndico para representar a más de 167,000 retirados del gobierno de Puerto Rico en el caso ante la jueza Laura Taylor Swain. Fabre Ramírez se desempeñó como juez superior y presidió la Asociación de Jubilados de la Judicatura de Puerto Rico.

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El Comité Oficial de Empleados Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) dijo hoy que le da la bienvenida a discusiones de buena fe sobre las circunstancias que rodean la condición financiera de Puerto Rico y su plan fiscal propuesto; y manifestó que los recientes intentos del presidente de la Junta de Supervisión Fiscal José Carrión para justificar recortes a las pensiones utilizando lo sucedido con las pensiones en el caso de la quiebra de Detroit están basados en datos incorrectos. Contrario a las recientes declaraciones de Carrión, Detroit no recortó las pensiones de sus jubilados en un 22%.  

De acuerdo con los datos obtenidos por el COR, Detroit no hizo ninguna rebaja a las pensiones de policías y bomberos retirados y sólo recortó en un 4.5% las pensiones de los demás retirados. 
   
El juez retirado Miguel Fabre, presidente del COR, declaró que “compararnos con otros casos de quiebra, como el de Detroit, en un aparente intento por justificar la insistencia de la Junta en reducir las pensiones es contraproducente a las metas de PROMESA. Damos la bienvenida a una discusión honesta sobre el plan fiscal propuesto, pero esa discusión debe estar basada en información correcta".

El récord público demuestra que los retirados de los sistemas de retiro de los policías y bomberos de la ciudad de Detroit no experimentaron recortes en sus beneficios de pensión; el único cambio en los beneficios que estos jubilados experimentaron fue una reducción al ajuste anual por costo de vida (COLA) de 2.25% a 1%. En cambio, la última vez que los jubilados en Puerto Rico recibieron un ajuste por COLA en sus pensiones fue hace más de diez años. En Detroit los jubilados del Sistema de Retiro General experimentaron una reducción en sus pensiones de solo 4.5% y la eliminación futura del ajuste por COLA.  Fabre señaló que “lo cierto es que Detroit no redujo significativamente los beneficios de las pensiones de sus niveles previos a la bancarrota; y aunque redujo, y en algunos casos eliminó, aumentos futuros de los beneficios de pensión, insistir en que la reducción fue de 22% es un error”. 

También es incorrecto sugerir que la situación económica de los pensionados en Puerto Rico es comparable a la de los pensionados de Detroit. Los datos del COR demuestran que, aunque las pensiones en Detroit son relativamente modestas -según los estándares de Estados Unidos- en promedio son significativamente más altas que las pensiones en Puerto Rico, donde la pensión media está por debajo del nivel federal de pobreza.  El beneficio de pensión promedio para los retirados del gobierno en Puerto Rico ronda los $12,000 por año, muy por debajo del beneficio promedio para los retirados de la ciudad de Detroit, quienes recibían una pensión promedio de $20,000 que tras el ajuste vio una reducción de $900. Para el COR esto demuestra que las circunstancias de los retirados de Puerto Rico no son similares a la de los retirados de Detroit; y que cualquier la comparación sugiere que la reducción propuesta por la Junta a las pensiones no es justificada.    

El COR enfatizó en que cualquier discusión sobre cómo Puerto Rico debe salir de sus dificultades financieras actuales debe de estar basada en hechos, no en datos manipulados. Fabre recalcó que antes de que Puerto Rico recurriera al Título III de PROMESA, sus pensionados ya habían sufrido reducciones significativas en sus beneficios de retiro, los cuáles han sido ignorados por la Junta en su insistencia por imponer mayores reducciones. “Cualquier recorte adicional será devastador, no solo para los retirados y sus familias; sino, como aseguran los economistas, para los esfuerzos de reactivar la economía de Puerto Rico”.

San Juan, PR- El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR),  creado por la Síndico Federal en junio de 2017, está enfocando sus esfuerzos para proteger los intereses colectivos de los pensionados del Gobierno de Puerto Rico y garantizar sus beneficios de pensión en los casos de Título III de la ley federal PROMESA relacionados al Gobierno de Puerto Rico que se ventilan en el Tribunal Federal de Quiebras.

“Apoyamos completamente la posición del Gobierno de Puerto Rico que excluyó ajustes a las pensiones de los retirados públicos de su Plan Fiscal revisado. Nos oponemos al recorte propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y continuamos en pie de lucha para lograr que desista de su exigencia de recortar las pensiones como parte del Plan de Ajuste”, señaló el sargento retirado de la Policía de Puerto Rico, José Marín, presidente del COR.

“Les garantizo que el COR está haciendo todo lo posible y que agotará todas las herramientas legales disponibles para defender nuestras pensiones, que ya sufrieron recortes y actualmente el 75% de nuestros pensionados recibe un ingreso por pensión de menos de $1,500 al mes”, aseguró Marín.

Aunque la Junta de Supervisión Fiscal certifique un Plan Fiscal con recortes de pensión, estos no se pueden implementar hasta tanto el Tribunal apruebe un Plan de Ajuste que también incluya esos recortes. El COR continuará abogando en contra de ajustes a las pensiones, ya sea dentro del Plan Fiscal o el Plan de Ajuste.

Referente a la carta sobre las reclamaciones por deuda enviada por el Tribunal a todos los acreedores del Gobierno de Puerto Rico, el COR reiteró que los retirados pensionados del gobierno no tienen que radicar el documento sobre sus pensiones y beneficios de retiro. En este asunto el COR tiene la representación de la comunidad de retirados pensionados.

Entre las acciones concretas que el COR está llevando a cabo para defender las pensiones y los beneficios de pensión de la comunidad de 160,000 pensionados del Gobierno de Puerto Rico, están:

1. Programa de Orientación: El Comité ha creado una página web y otra en Facebook para mantener a los retirados informados. Ante la confusión sobre la aplicabilidad de la Orden del Tribunal para establecer la fecha límite para radicar la “Reclamación por deuda” sobre la comunidad de retirados, el COR publicó un artículo en su página web y un anuncio en el periódico para enfatizar el lenguaje en la Orden del Tribunal que exime a los retirados del gobierno de tener que radicar la “Reclamación por deuda” por sus pensiones y otros beneficios de retiro.   
2. Intervención en Casos Adversariales: El COR ha intervenido en varios casos adversariales relacionados al Título III. Ha intervenido para proteger y adelantar los intereses de los retirados. Por ejemplo, el COR ha intervenido en la demanda de los bonistas de Obligaciones Generales, grupo que alega tener derecho a recibir pago antes que cualquier otro acreedor u obligaciones (como el pago de las pensiones). En este caso enfatizamos en que PROMESA ordena mantener reservas de fondos adecuadas para el pago de pensiones y argumentamos, entre otras cosas, que bajo PROMESA los bonistas de Obligaciones Generales no tienen prioridad. Además, el Comité intervino en la controversia entre COFINA y el Gobierno Central para apoyar que se declare inválida la estructura de COFINA. Esto con el propósito de que hayan más fondos disponibles para pagar las pensiones. El Comité también ha intervenido en los pleitos presentados por los bonistas del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno para proteger y preservar la continuidad de los pagos de pensión bajo la Ley 106. Para ver los escritos radicados por el equipo legal del COR oprima el siguiente enlace https://www.porturetiro.com/documentos-legales-radicados.html
3. Proceso de Mediación: El COR mantiene presencia activa en las sesiones confidenciales de mediación que se llevan de manera paralela a los procesos de litigio de Título III. 
4. Gestiones ante el Gobierno: El COR mantiene comunicación con líderes del gobierno a nivel federal y de Puerto Rico para promover los intereses de los retirados y abogar en contra de los recortes de pensión. El pasado 30 de noviembre de 2017, el presidente del Comité, el sargento retirado Marín, presentó su testimonio ante la JSF en favor de los retirados y sus pensiones.  

El Tribunal Federal emitió una orden estableciendo los plazos y procedimientos para presentar las reclamaciones por deudas en los casos de Título III del Gobierno de Puerto Rico. La orden, también conocida como Orden Para Establecer la Fecha Límite, establece el 29 de mayo de 2018 como la fecha límite para radicar dichas reclamaciones.

Dicha orden, NO aplica a los beneficios de pensiones u otros beneficios de retiro, por lo tanto, los pensionados no tienen que presentar una reclamación.

Según la orden, NO están obligados a presentar una reclamación de deuda sobre pensiones u otros beneficios de retiro:

• Empleados retirados y activos, y exempleados del Gobierno de Puerto Rico; o cualquier deudor del Título III
• Cualquier persona que sea participe de un plan de pensiones administrado por el Gobierno de Puerto Rico o cualquier otro deudor bajo el Título III

• Cualquier beneficiario de cualquiera de los deudores antes mencionados

Cabe mencionar que la orden del Tribunal Federal para establecer la fecha límite del 29 de mayo del 2018, podría aplicar a otras reclamaciones no relacionadas con los beneficios de retiro de los pensionados públicos, tales como: reintegros de contribuciones y demandas por daños, entre otras.

​Si usted entiende que tiene ese tipo de reclamación contra el Gobierno de Puerto Rico u otro deudor bajo Título III, revise cuidadosamente la orden para que pueda determinar si la fecha límite le aplica a alguna otra de sus reclamaciones.

San Juan, PR – El 24 de enero del 2018, el Gobierno de Puerto Rico sometió su nuevo Plan Fiscal para Puerto Rico, el cual enmienda el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en marzo de 2017, para incluir el impacto económico de los huracanes Irma y María. El lunes, 5 de febrero de 2018, la JSF emitió unas declaraciones en respuesta al Plan Fiscal enmendado. A pesar del impacto devastador de los huracanes Irma y María sobre la población de retirados y los demás residentes de Puerto Rico, la JSF reiteró de manera inalterable su posición de marzo de 2017, que establecía que el Plan Fiscal debería incluir (entre otras cosas) recortes de aproximadamente 10% a las obligaciones de pensiones acumuladas. Asimismo, las expresiones de la JSF sugieren que lo recortes deberán ser ejecutados de manera progresiva según el monto de los beneficios de pensión.

“Las expresiones de la JSF sirven para enfatizar la importancia del Comité, y nuestro compromiso de agotar todos los recursos disponibles para defender de manera contundente las pensiones acumuladas en Puerto Rico. El Comité está trabajando en estos asuntos específicos junto al Gobierno de Puerto Rico y otras entidades que han manifestado expresamente su deseo de proteger las pensiones acumuladas y otros beneficios de los retirados públicos”, señaló José Marín, presidente del COR.

El Comité Oficial de Empleados Retirados (COR) del Gobierno de Puerto Rico fue autorizado y nombrado por el Síndico de los Estados Unidos para representar los intereses colectivos de sobre 160,000 retirados pensionados en los procesos de Título III para restructurar la deuda de Puerto Rico bajo la Ley Federal PROMESA. 

Tras la presentación de un Plan Fiscal revisado para el gobierno central de Puerto Rico el pasado 24 de enero de 2018, el equipo de asesores legales y financieros del Comité Oficial de Retirados de Empleados del Gobierno de Puerto Rico (COR) está analizando el documento para determinar su efecto, si alguno, sobre las pensiones and beneficios de los retirados del Gobierno.

Nombrado por la Síndico de los Estados Unidos en junio de 2017, el COR habla en nombre de la comunidad de sobre 160,000 retirados pensionados del Gobierno de Puerto Rico en las vistas judiciales y otros procedimientos legales para garantizar la protección de los intereses colectivos de los retirados.

Entre sus responsabilidades principales están: revisar todo Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico, y analizar todas las propuestas que el Gobierno de Puerto Rico presente para modificar las pensiones y otros beneficios que reciben los pensionados del Gobierno de Puerto Rico.

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El Gobierno de Puerto Rico presentó el 24 de enero los planes fiscales ante la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera para Puerto Rico.