El Comité Oficial de Retirados (COR), compuesto por retirados del Gobierno de Puerto Rico, continua su lucha activa en todos los foros pertinentes en defensa de los intereses colectivos de los 167,000 pensionados del gobierno, nuestras pensiones y beneficios de pensión.

Con este propósito y para asegurar que el gobierno tenga más fondos disponibles en el fondo general para pagar las pensiones, estamos litigando en contra de los bonistas del Sistema de Retiro de Empleados (SRE). El COR defiende que se sostenga una decisión reciente del Tribunal.

Este caso es importante porque, de mantenerse la decisión de la Juez Swain, los gravámenes de los bonistas sobre los activos del SRE podrían ser descalificados por la Junta de Supervisión Fiscal, y estos recursos estarían disponibles para que el gobierno de Puerto Rico pueda cumplir con nosotros, los pensionados del servicio público.
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En agosto de 2018, el Tribunal de Distrito emitió una opinión y orden estableciendo que los gravámenes de los bonistas del Sistema de Retiro de Empleados (SRE), sobre los activos de dicho sistema (que los bonistas del SRE indicaron aseguraban más de $3,000 millones de deuda), no se perfeccionaron y pueden ser evitados (descalificados) por la Junta de Supervisión Fiscal. Los bonistas del SRE apelaron la determinación del Tribunal de Distrito al Tribunal del Primer Circuito.

El 19 de octubre de 2018, el Comité Oficial de Empleados Retirados presentó un memorando de derecho en el caso, argumentando que se sostenga la decisión del Tribunal, porque los gravámenes de los bonistas del SRE no fueron perfeccionados y porque PROMESA y la Ley aplicable de Puerto Rico, le otorga a la Junta de Supervisión Fiscal la habilidad de evitar los gravámenes. Se espera que el Tribunal del Primer Circuito celebre una vista oral sobre la apelación.

El Comité Oficial de Empleados Retirados continuará informando a la comunidad de retirados sobre esta importante apelación.

Una copia del escrito del Comité se incluye aquí para descargar:

San Juan, Puerto Rico – [23 de octubre de 2018] La Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico (JSF) certificó un nuevo Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico. El más reciente Plan Fiscal contiene las mismas medidas de ajuste a las pensiones presentadas en los planes anteriores que dictan una reducción promedio a las pensiones de 10% y, en algunos casos, de mucho más.

Miguel Fabre, presidente del Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR), dijo que “el Comité está decepcionado porque la JSF continua proponiendo planes fiscales que no proveen los recursos necesarios para pagar las pensiones, y así cumplir con el requisito de PROMESA”.

​Al explicar el impacto del Plan Fiscal, Fabre indicó que “es importante que los retirados entendamos que el Plan Fiscal no cambia las pensiones. Cualquier reducción, si alguna, solo puede entrar en vigor mediante un Plan de Ajuste confirmado por la Corte de Distrito federal, y el COR continuará abogando por los derechos de los 167,000 servidores públicos retirados en los casos de Título III ante el Tribunal de Distrito”.

 
Sobre el COR
El COR, que fue nombrado por el Síndico de los Estados Unidos en junio de 2017, representa a los retirados del gobierno de Puerto Rico en los casos de Título III bajo la ley federal PROMESA. El Comité representa exclusivamente los intereses colectivos de los pensionados del Sistema de Retiro Central, el Sistema de Retiro de los Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura.

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La ley federal PROMESA incluye ciertas secciones del Código de Quiebras que proveen para el nombramiento de comités de acreedores con intereses colectivos similares. Esto para asegurar la representación adecuada de los intereses colectivos de esos acreedores.

En el caso de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico, bajo el Título III de PROMESA, hay dos comités: (1) el Comité de Acreedores No Asegurados; (2) el Comité Oficial de Empleados Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR).  

Los integrantes del COR fueron seleccionados por el Síndico Federal. Para formar el COR, el Síndico Federal consideró solicitudes de retirados individuales y llevó a cabo entrevistas.

​El 15 de junio de 2017, el Síndico Federal radicó una “Notificación de Nombramiento” en el Tribunal de Distrito, en la cual se identificaron los integrantes nombrados al COR.  

​Soy pensionada del Gobierno de Puerto Rico. Soy hija, madre y abuela que con mi pensión aporto al sustento de mi familia. También soy parte del Comité Oficial de Retirados (COR), que fue nombrado por el Síndico Federal para defender las pensiones de los retirados del gobierno de Puerto Rico en los casos de Título III bajo Promesa para reestructurar la deuda del gobierno.

Al igual que todos los demás pensionados, me preocupa el futuro de las pensiones y el bienestar colectivo de nuestra comunidad de retirados. El caso de quiebra ante el Tribunal Federal es complicado, delicado y difícil. Con cientos de partes implicadas en la controversia principal, es un caso que no puede ser despachado de un día para otro, por lo que anticipamos tomará tiempo en llegar su fin. Esta realidad provoca incertidumbre, desesperanza y desánimo entre las partes involucradas, en especial nosotros, los pensionados.

Garantizo que el COR está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para defender los intereses colectivos de los retirados y sus pensiones. El COR está trabajando arduamente para convencer a todas las partes involucradas de que la reducción de las pensiones no es el camino correcto. Optar por la reducción de las pensiones, tal y como lo ha propuesto la Junta de Supervisión Fiscal, sería negativo para el desarrollo económico de Puerto Rico y causaría el empobrecimiento de uno de los sectores más importantes y vulnerables del país.

El COR cuenta con un equipo de trabajo de excelencia y altamente profesional que goza de mucha credibilidad y respeto. Más aún, es un equipo de profesionales comprometido y apasionado por la causa y fiel a sus esfuerzos en defensa de los pensionados. Nuestro equipo reconoce el valor de la aportación de los retirados al desarrollo de Puerto Rico y los sacrificios hechos para al final de la jornada gozar de una pensión segura.

Todos sabemos que Puerto Rico atraviesa por momentos de grandes tribulaciones y situaciones difíciles. Sin embargo, no nos podemos dejar caer. Nosotros, los adultos mayores, somos una parte esencial de una sociedad saludable.

Tenemos abundante capacidad para aportar elementos valiosos y somos un poderoso motor de actividad económica. Tirar la toalla no es una opción. Los retirados tenemos el deber de continuar luchando y de ser parte de la solución en el asunto de las pensiones.

​Hoy te pido que tengas paciencia. Los pensionados somos de naturaleza fajona dentro y fuera de la fuerza laboral. Veo este momento como uno histórico en el que nos tenemos que fajar una vez más para lograr el bienestar de nuestras pensiones y nuestra comunidad. Estamos obligados a seguir la batalla hasta el final, sin importar el tiempo que tome.

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El 15 de agosto de 2018 la Jueza Laura Taylor Swain emitió una Opinión y Orden que es muy importante para los retirados del Gobierno de Puerto Rico.

​Esta decisión se fundamenta en los reclamos de los Bonistas del Sistema de Retiro, quienes aseguraban tener un gravamen válido y perfeccionado sobre los activos del Sistema de Retiro y las contribuciones del “PayGo” de parte de los patrones.

La jueza Swain concurrió con los argumentos presentados por el Comité Oficial de Retirados (COR) en defensa de los 167,000 retirados del Gobierno de Puerto Rico, sus pensiones y beneficios.
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En síntesis, la determinación de la Jueza Swain estipula que:       

• Los Bonistas del Sistema de Retiro no tienen un interés perfeccionado sobre los activos del Sistema de Retiro. Es decir, que no tienen un gravamen válido sobre este dinero.
• La Junta de Supervisión Fiscal tiene la autoridad para descalificar los gravámenes de los Bonistas del Sistema de Retiro conforme al Código de Quiebras.

El COR continua su lucha en defensa de los retirados del Gobierno de Puerto Rico, sus pensiones y beneficios.

Si quieres leer la Opinión y Orden de la Jueza Swain, descárgala aquí:

Impacto en los retirados del gobierno y sus pensiones de las Órdenes de la Jueza Laura Taylor Swain sobre las mociones de la JSF para desestimar las demandas radicadas por el Gobernador y la Legislatura.
 
Las Opiniones de la Jueza Laura Taylor Swain el 7 de agosto de 2018 en las demandas radicadas por el Gobernador de Puerto Rico y la Legislatura para impugnar el poder de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para aprobar un plan fiscal y presupuesto para Puerto Rico no están relacionadas con los ajustes a los pagos de pensión que incluyó la JSF en el Plan de Fiscal certificado.
 
Debido a que el derecho a las pensiones de los retirados del Gobierno de Puerto Rico es considerado un contrato bajo las leyes de Puerto Rico, cualquier modificación de las mismas requiere que haya un Plan de Ajuste confirmado. La confirmación de un Plan de Ajuste es parte de la última etapa de los casos de Título III para reestructurar la deuda, y los pensionados tendrán en su momento la oportunidad de conocer y votar a favor o en contra del contenido de dicho documento. Al presente nos encontramos en la etapa de un presupuesto certificado por la JSF. A este paso le siguen la Declaración de Divulgación y la votación antes de que la corte pueda confirmar un Plan de Ajuste.
 
EL COR está atento y activo en todos los procedimientos en los casos de Título III que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre las pensiones de los retirados del Gobierno de Puerto Rico.

Conforme a nuestras responsabilidades como comité oficial, mantendremos a la comunidad de retirados informados sobre aquellos asuntos que puedan alterar sus pensiones.
 
Para leer un resumen de las Órdenes de la Jueza Laura Taylor Swain, presiona aquí.

​Para leer las Órdenes completas, descarga los siguientes documentos:
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La jueza federal, Laura Taylor Swain, emitió una orden que denegó la demanda presentada por el fondo de inversiones Aurelius cuestionando la constitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, bajo la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos y las mociones para desestimar los casos de Título III del Gobierno de Puerto Rico y la Paralización Automática.

El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) fue una de las  partes que se opuso a la demanda y las peticiones de Aurelius, porque de otorgarse, el remedio afectaría adversamente la capacidad del gobierno para pagar las pensiones y los beneficios a los retirados.

La orden de la jueza Swain lee: “Luego de examinar los factores argumentados por la partes, la Corte encuentra que la invocación por el Congreso de los Estados Unidos de la Cláusula Territorial es consistente con la entidad que pretendía crear, que el método establecido por el Congreso para seleccionar los integrantes de la Junta de Supervisión es consistente con el ejercicio pleno de los poderes del Congreso bajo dicha cláusula, y que constitucionalmente no era necesario tener nominación presidencial y confirmación congresional para legitimar el ejercicio de los poderes de la Junta de Supervisión bajo PROMESA, porque los integrantes de la Junta de Supervisión no son ‘Oficiales de los Estados Unidos’ sujetos a esa cláusula”. 

Puedes descargar la orden aquí:
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El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) se mantiene atento y participando de los procesos de Título III que pueden impactar el futuro de los retirados y de sus pensiones y beneficios.

Como parte de las responsabilidades del COR, que fue creado por el Síndico Federal en junio de 2017, estamos participando en los procesos de mediación que llevan a cabo las partes interesadas. A tales efectos, el COR fue instrumental para que se lograra el acuerdo tentativo entre los bonistas de COFINA y el agente del Estado Libre Asociado. Este acuerdo es importante porque ayudaría a allegar más recursos a las arcas del gobierno y así habría más dinero para pagar las pensiones y los beneficios de los retirados.

Mientras tanto, el equipo de profesionales del COR, compuesto por consultores legales, actuariales y financieros, está analizando el Plan Fiscal Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal el pasado 30 de mayo de 2018, para precisar su impacto en los pensionados y velando que cumpla con los requisitos que establece la Sección 201 de PROMESA, incluyendo:

• Garantizar financiamiento para los servicios públicos esenciales
• Proporcionar fondos suficientes para los sistemas públicos de pensiones
  
• Respetar las prioridades o gravámenes legales, según sean aplicables, en la Constitución, y otras leyes o acuerdos. 

Es importante indicar que el Plan Certificado por la Junta de Supervisión no modifica las pensiones, ni otras obligaciones del gobierno de Puerto Rico. Solo un Plan de Ajuste confirmado puede hacerlo.

En las próximas semanas continuaremos evaluando y observando el proceso de la auditoría de la deuda del gobierno de Puerto Rico para garantizar que se cumplan con los objetivos. El COR mantiene canales de comunicación abiertos con la firma de auditores a cargo del proceso.

Finalmente, a finales de mayo el COR presentó ante el Tribunal de Federal la Prueba de Reclamación o “Proof of Claim” en nombre de los 167,000 pensionados, su retiro y beneficios de pensión.

​Asimismo, a través de todo el año hemos radicado un sinnúmero de documentos legales en representación de la comunidad de retirados con pensión que es una de nuestras responsabilidades como comité oficial. La mayoría de estos estos escritos está disponible a través de www.porturetiro.com presionando Información y luego Documentos Legales Radicados, o directamente en https://cases.primeclerk.com/puertorico/

El 29 de mayo de 2018, el Comité Oficial de Retirados (COR) del Gobierno de Puerto Rico radicó el documento de Evidencia de Reclamación (“Proof of Claim”) en nombre de los retirados del gobierno pertenecientes al Sistema de Retiro de Empleados del ELA, Sistema de Retiro de la Judicatura y Sistema de Retiro de Maestros, afirmando una reclamación por más de $58,000 millones por sus pensiones y otros beneficios de retiro en los casos de Título III del Gobierno de Puerto Rico, Sistema de Retiro de Empleados del ELA, y la Autoridad de Carreteras.

Como indicamos anteriormente en el escrito que encuentras aquí, los empleados retirados del Gobierno de Puerto Rico no tienen que radicar Evidencia de Reclamación individual, porque la Orden del Tribunal Federal que establece la fecha límite no aplica a las pensiones u otros beneficios de pensión.

​Aquellos retirados que tengan reclamaciones no relacionadas a su retiro u otros beneficios de retiro tienen hasta el 29 de junio del 2018 para radicar la evidencia por reclamación, según la Orden para extender la fecha límite que radicó el Tribunal Federal el pasado 25 de mayo de 2018.  

Puedes encontrar los documentos con la Evidencia de Reclamación aquí:
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