Impacto en los retirados del gobierno y sus pensiones de las Órdenes de la Jueza Laura Taylor Swain sobre las mociones de la JSF para desestimar las demandas radicadas por el Gobernador y la Legislatura.
 
Las Opiniones de la Jueza Laura Taylor Swain el 7 de agosto de 2018 en las demandas radicadas por el Gobernador de Puerto Rico y la Legislatura para impugnar el poder de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para aprobar un plan fiscal y presupuesto para Puerto Rico no están relacionadas con los ajustes a los pagos de pensión que incluyó la JSF en el Plan de Fiscal certificado.
 
Debido a que el derecho a las pensiones de los retirados del Gobierno de Puerto Rico es considerado un contrato bajo las leyes de Puerto Rico, cualquier modificación de las mismas requiere que haya un Plan de Ajuste confirmado. La confirmación de un Plan de Ajuste es parte de la última etapa de los casos de Título III para reestructurar la deuda, y los pensionados tendrán en su momento la oportunidad de conocer y votar a favor o en contra del contenido de dicho documento. Al presente nos encontramos en la etapa de un presupuesto certificado por la JSF. A este paso le siguen la Declaración de Divulgación y la votación antes de que la corte pueda confirmar un Plan de Ajuste.
 
EL COR está atento y activo en todos los procedimientos en los casos de Título III que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre las pensiones de los retirados del Gobierno de Puerto Rico.

Conforme a nuestras responsabilidades como comité oficial, mantendremos a la comunidad de retirados informados sobre aquellos asuntos que puedan alterar sus pensiones.
 
Para leer un resumen de las Órdenes de la Jueza Laura Taylor Swain, presiona aquí.

​Para leer las Órdenes completas, descarga los siguientes documentos:
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La jueza federal, Laura Taylor Swain, emitió una orden que denegó la demanda presentada por el fondo de inversiones Aurelius cuestionando la constitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, bajo la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos y las mociones para desestimar los casos de Título III del Gobierno de Puerto Rico y la Paralización Automática.

El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) fue una de las  partes que se opuso a la demanda y las peticiones de Aurelius, porque de otorgarse, el remedio afectaría adversamente la capacidad del gobierno para pagar las pensiones y los beneficios a los retirados.

La orden de la jueza Swain lee: “Luego de examinar los factores argumentados por la partes, la Corte encuentra que la invocación por el Congreso de los Estados Unidos de la Cláusula Territorial es consistente con la entidad que pretendía crear, que el método establecido por el Congreso para seleccionar los integrantes de la Junta de Supervisión es consistente con el ejercicio pleno de los poderes del Congreso bajo dicha cláusula, y que constitucionalmente no era necesario tener nominación presidencial y confirmación congresional para legitimar el ejercicio de los poderes de la Junta de Supervisión bajo PROMESA, porque los integrantes de la Junta de Supervisión no son ‘Oficiales de los Estados Unidos’ sujetos a esa cláusula”. 

Puedes descargar la orden aquí:
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El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) se mantiene atento y participando de los procesos de Título III que pueden impactar el futuro de los retirados y de sus pensiones y beneficios.

Como parte de las responsabilidades del COR, que fue creado por el Síndico Federal en junio de 2017, estamos participando en los procesos de mediación que llevan a cabo las partes interesadas. A tales efectos, el COR fue instrumental para que se lograra el acuerdo tentativo entre los bonistas de COFINA y el agente del Estado Libre Asociado. Este acuerdo es importante porque ayudaría a allegar más recursos a las arcas del gobierno y así habría más dinero para pagar las pensiones y los beneficios de los retirados.

Mientras tanto, el equipo de profesionales del COR, compuesto por consultores legales, actuariales y financieros, está analizando el Plan Fiscal Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal el pasado 30 de mayo de 2018, para precisar su impacto en los pensionados y velando que cumpla con los requisitos que establece la Sección 201 de PROMESA, incluyendo:

• Garantizar financiamiento para los servicios públicos esenciales
• Proporcionar fondos suficientes para los sistemas públicos de pensiones
  
• Respetar las prioridades o gravámenes legales, según sean aplicables, en la Constitución, y otras leyes o acuerdos. 

Es importante indicar que el Plan Certificado por la Junta de Supervisión no modifica las pensiones, ni otras obligaciones del gobierno de Puerto Rico. Solo un Plan de Ajuste confirmado puede hacerlo.

En las próximas semanas continuaremos evaluando y observando el proceso de la auditoría de la deuda del gobierno de Puerto Rico para garantizar que se cumplan con los objetivos. El COR mantiene canales de comunicación abiertos con la firma de auditores a cargo del proceso.

Finalmente, a finales de mayo el COR presentó ante el Tribunal de Federal la Prueba de Reclamación o “Proof of Claim” en nombre de los 167,000 pensionados, su retiro y beneficios de pensión.

​Asimismo, a través de todo el año hemos radicado un sinnúmero de documentos legales en representación de la comunidad de retirados con pensión que es una de nuestras responsabilidades como comité oficial. La mayoría de estos estos escritos está disponible a través de www.porturetiro.com presionando Información y luego Documentos Legales Radicados, o directamente en https://cases.primeclerk.com/puertorico/

El 29 de mayo de 2018, el Comité Oficial de Retirados (COR) del Gobierno de Puerto Rico radicó el documento de Evidencia de Reclamación (“Proof of Claim”) en nombre de los retirados del gobierno pertenecientes al Sistema de Retiro de Empleados del ELA, Sistema de Retiro de la Judicatura y Sistema de Retiro de Maestros, afirmando una reclamación por más de $58,000 millones por sus pensiones y otros beneficios de retiro en los casos de Título III del Gobierno de Puerto Rico, Sistema de Retiro de Empleados del ELA, y la Autoridad de Carreteras.

Como indicamos anteriormente en el escrito que encuentras aquí, los empleados retirados del Gobierno de Puerto Rico no tienen que radicar Evidencia de Reclamación individual, porque la Orden del Tribunal Federal que establece la fecha límite no aplica a las pensiones u otros beneficios de pensión.

​Aquellos retirados que tengan reclamaciones no relacionadas a su retiro u otros beneficios de retiro tienen hasta el 29 de junio del 2018 para radicar la evidencia por reclamación, según la Orden para extender la fecha límite que radicó el Tribunal Federal el pasado 25 de mayo de 2018.  

Puedes encontrar los documentos con la Evidencia de Reclamación aquí:
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Durante los últimos meses hemos escuchado a diferentes sectores del país hablar sobre el grupo de pensionados de Puerto Rico. Analicemos la realidad de este sector, que se compone de 167,000 funcionarios públicos ya retirados.

Los pensionados del gobierno de Puerto Rico levantaron la economía de nuestro pueblo.  Dieron sus años productivos confiando que al momento de su jubilación contarían con un ingreso justo, basado en parte en sus aportaciones económicas al Sistema de Retiro. Este diseño o fórmula representaba estabilidad y seguridad. Muchos decidieron servirle al pueblo de Puerto Rico con salarios menores a otros sectores de la economía, debido a la seguridad de ingresos que representaban las pensiones.

La realidad es que durante la compleja situación fiscal por la que atraviesa Puerto Rico hace más de una década, las pensiones y beneficios han sufrido reducciones drásticas. Los pensionados que se retiraron en o antes del 30 de junio de 2013 vieron sus beneficios reducidos en $500 y los que se retiraron posterior al 1 de julio de 2013 vieron una reducción de $1,200.00 al año más la eliminación del bono de Navidad ($600.00), el bono de verano ($100.00) y el bono de medicamentos ($100.00). Además, desde el 2007 los pensionados no reciben el ajuste por costo de vida trienal de 3%, lo que representa una reducción adicional en beneficios y menor rendimiento del ingreso de las pensiones a medida que los costos aumentan. 

Asimismo, todos los empleados del gobierno central que se retiren en el futuro recibirán pensiones sustancialmente menores a las existentes como consecuencia de las reformas.  

El perfil y rol del pensionado puertorriqueño es único.  A menudo son el principal ingreso del componente familiar.  Con sus ingresos mantienen a sus familias, pagan los cuidos y estudios de sus nietos, cuidan a sus padres ya envejecientes, y aportan al ingreso de sus hijos mayores quienes han sido impactados por el desempleo o bajos salarios. 

La Junta de Supervisión Fiscal en su más reciente plan fiscal ha señalado la necesidad de recortar las pensiones en un promedio de un 10%, lo que podría significar reducciones de hasta un 25%. El impacto de dicha medida en nuestra ya maltrecha economía sería severo, ya que es dinero que se elimina de la corriente económica afectando así las contribuciones al fisco y los ingresos por actividad comercial a través de todos los renglones económicos. Los recortes propuestos también acentuarían la vulnerabilidad de los pensionados haciéndolos dependientes de múltiples servicios y programas que ofrece el gobierno de Puerto Rico, sobre los cuales se desconoce el impacto económico que tendrían al erario público, frustrando así los supuestos ahorros en la nómina de pensión.

Es patentemente injusto que, a los pensionados y empleados públicos, quienes recibieron severos recortes en sus beneficios mientras a los bonistas y otros acreedores del gobierno se les pagaba el 100% de las obligaciones, se les impongan reducciones adicionales.  Estamos en espera que la Junta de Supervisión Fiscal explique las razones para insistir en las reducciones propuestas. La posición de la Junta no se justifica, los pensionados y empleados públicos ya aportaron sustancialmente para la recuperación fiscal de Puerto Rico.

El autor es el Presidente del Comité Oficial de Retirados ante el Tribunal Federal, Miguel J. Fabre Ramírez, nombrado por el síndico para representar a más de 167,000 retirados del gobierno de Puerto Rico en el caso ante la jueza Laura Taylor Swain. Fabre Ramírez se desempeñó como juez superior y presidió la Asociación de Jubilados de la Judicatura de Puerto Rico.

Haz clic aquí para leer más escritos del COR.

El Comité Oficial de Empleados Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) dijo hoy que le da la bienvenida a discusiones de buena fe sobre las circunstancias que rodean la condición financiera de Puerto Rico y su plan fiscal propuesto; y manifestó que los recientes intentos del presidente de la Junta de Supervisión Fiscal José Carrión para justificar recortes a las pensiones utilizando lo sucedido con las pensiones en el caso de la quiebra de Detroit están basados en datos incorrectos. Contrario a las recientes declaraciones de Carrión, Detroit no recortó las pensiones de sus jubilados en un 22%.  

De acuerdo con los datos obtenidos por el COR, Detroit no hizo ninguna rebaja a las pensiones de policías y bomberos retirados y sólo recortó en un 4.5% las pensiones de los demás retirados. 
   
El juez retirado Miguel Fabre, presidente del COR, declaró que “compararnos con otros casos de quiebra, como el de Detroit, en un aparente intento por justificar la insistencia de la Junta en reducir las pensiones es contraproducente a las metas de PROMESA. Damos la bienvenida a una discusión honesta sobre el plan fiscal propuesto, pero esa discusión debe estar basada en información correcta".

El récord público demuestra que los retirados de los sistemas de retiro de los policías y bomberos de la ciudad de Detroit no experimentaron recortes en sus beneficios de pensión; el único cambio en los beneficios que estos jubilados experimentaron fue una reducción al ajuste anual por costo de vida (COLA) de 2.25% a 1%. En cambio, la última vez que los jubilados en Puerto Rico recibieron un ajuste por COLA en sus pensiones fue hace más de diez años. En Detroit los jubilados del Sistema de Retiro General experimentaron una reducción en sus pensiones de solo 4.5% y la eliminación futura del ajuste por COLA.  Fabre señaló que “lo cierto es que Detroit no redujo significativamente los beneficios de las pensiones de sus niveles previos a la bancarrota; y aunque redujo, y en algunos casos eliminó, aumentos futuros de los beneficios de pensión, insistir en que la reducción fue de 22% es un error”. 

También es incorrecto sugerir que la situación económica de los pensionados en Puerto Rico es comparable a la de los pensionados de Detroit. Los datos del COR demuestran que, aunque las pensiones en Detroit son relativamente modestas -según los estándares de Estados Unidos- en promedio son significativamente más altas que las pensiones en Puerto Rico, donde la pensión media está por debajo del nivel federal de pobreza.  El beneficio de pensión promedio para los retirados del gobierno en Puerto Rico ronda los $12,000 por año, muy por debajo del beneficio promedio para los retirados de la ciudad de Detroit, quienes recibían una pensión promedio de $20,000 que tras el ajuste vio una reducción de $900. Para el COR esto demuestra que las circunstancias de los retirados de Puerto Rico no son similares a la de los retirados de Detroit; y que cualquier la comparación sugiere que la reducción propuesta por la Junta a las pensiones no es justificada.    

El COR enfatizó en que cualquier discusión sobre cómo Puerto Rico debe salir de sus dificultades financieras actuales debe de estar basada en hechos, no en datos manipulados. Fabre recalcó que antes de que Puerto Rico recurriera al Título III de PROMESA, sus pensionados ya habían sufrido reducciones significativas en sus beneficios de retiro, los cuáles han sido ignorados por la Junta en su insistencia por imponer mayores reducciones. “Cualquier recorte adicional será devastador, no solo para los retirados y sus familias; sino, como aseguran los economistas, para los esfuerzos de reactivar la economía de Puerto Rico”.

San Juan, PR- El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR),  creado por la Síndico Federal en junio de 2017, está enfocando sus esfuerzos para proteger los intereses colectivos de los pensionados del Gobierno de Puerto Rico y garantizar sus beneficios de pensión en los casos de Título III de la ley federal PROMESA relacionados al Gobierno de Puerto Rico que se ventilan en el Tribunal Federal de Quiebras.

“Apoyamos completamente la posición del Gobierno de Puerto Rico que excluyó ajustes a las pensiones de los retirados públicos de su Plan Fiscal revisado. Nos oponemos al recorte propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y continuamos en pie de lucha para lograr que desista de su exigencia de recortar las pensiones como parte del Plan de Ajuste”, señaló el sargento retirado de la Policía de Puerto Rico, José Marín, presidente del COR.

“Les garantizo que el COR está haciendo todo lo posible y que agotará todas las herramientas legales disponibles para defender nuestras pensiones, que ya sufrieron recortes y actualmente el 75% de nuestros pensionados recibe un ingreso por pensión de menos de $1,500 al mes”, aseguró Marín.

Aunque la Junta de Supervisión Fiscal certifique un Plan Fiscal con recortes de pensión, estos no se pueden implementar hasta tanto el Tribunal apruebe un Plan de Ajuste que también incluya esos recortes. El COR continuará abogando en contra de ajustes a las pensiones, ya sea dentro del Plan Fiscal o el Plan de Ajuste.

Referente a la carta sobre las reclamaciones por deuda enviada por el Tribunal a todos los acreedores del Gobierno de Puerto Rico, el COR reiteró que los retirados pensionados del gobierno no tienen que radicar el documento sobre sus pensiones y beneficios de retiro. En este asunto el COR tiene la representación de la comunidad de retirados pensionados.

Entre las acciones concretas que el COR está llevando a cabo para defender las pensiones y los beneficios de pensión de la comunidad de 160,000 pensionados del Gobierno de Puerto Rico, están:

1. Programa de Orientación: El Comité ha creado una página web y otra en Facebook para mantener a los retirados informados. Ante la confusión sobre la aplicabilidad de la Orden del Tribunal para establecer la fecha límite para radicar la “Reclamación por deuda” sobre la comunidad de retirados, el COR publicó un artículo en su página web y un anuncio en el periódico para enfatizar el lenguaje en la Orden del Tribunal que exime a los retirados del gobierno de tener que radicar la “Reclamación por deuda” por sus pensiones y otros beneficios de retiro.   
2. Intervención en Casos Adversariales: El COR ha intervenido en varios casos adversariales relacionados al Título III. Ha intervenido para proteger y adelantar los intereses de los retirados. Por ejemplo, el COR ha intervenido en la demanda de los bonistas de Obligaciones Generales, grupo que alega tener derecho a recibir pago antes que cualquier otro acreedor u obligaciones (como el pago de las pensiones). En este caso enfatizamos en que PROMESA ordena mantener reservas de fondos adecuadas para el pago de pensiones y argumentamos, entre otras cosas, que bajo PROMESA los bonistas de Obligaciones Generales no tienen prioridad. Además, el Comité intervino en la controversia entre COFINA y el Gobierno Central para apoyar que se declare inválida la estructura de COFINA. Esto con el propósito de que hayan más fondos disponibles para pagar las pensiones. El Comité también ha intervenido en los pleitos presentados por los bonistas del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno para proteger y preservar la continuidad de los pagos de pensión bajo la Ley 106. Para ver los escritos radicados por el equipo legal del COR oprima el siguiente enlace https://www.porturetiro.com/documentos-legales-radicados.html
3. Proceso de Mediación: El COR mantiene presencia activa en las sesiones confidenciales de mediación que se llevan de manera paralela a los procesos de litigio de Título III. 
4. Gestiones ante el Gobierno: El COR mantiene comunicación con líderes del gobierno a nivel federal y de Puerto Rico para promover los intereses de los retirados y abogar en contra de los recortes de pensión. El pasado 30 de noviembre de 2017, el presidente del Comité, el sargento retirado Marín, presentó su testimonio ante la JSF en favor de los retirados y sus pensiones.