El 19 de noviembre, un grupo de bonistas del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico (SRE) presentó una moción solicitándole al Tribunal que los nombrara como síndicos en el caso de Título III de PROMESA del SRE. Esto con el propósito de llevar ciertas acciones y reclamaciones a nombre de dicho deudor, es decir SRE. Además, solicitaron que, de no ser nombrados síndicos, el Tribunal nombre a un tercero para que asuma dicha función. En su moción solicitan que el SRE sufrague los costos de los honorarios y gastos de dicho síndico y su equipo de consultores.

El 26 de noviembre de 2019, el Comité Oficial de Retirados (COR) se opuso a la moción de los bonistas del SRE y rebatiendo cada uno de los argumentos presentados. Además, el COR indicó que, una vez mas, los bonistas de retiro solicitan ser nombrados síndicos para adelantar sus intereses. En la alternativa, los bonistas le solicitan al Tribunal que nombre a un síndico preseleccionado por ellos y, supuestamente, independiente para que presente dicha litigación por ellos. En su escrito ante el Tribunal, el COR indica que "la premisa de los bonistas, de que ellos son los únicos acreedores que importan en el caso del SRE, es ventajista e incorrecta. El Tribunal no debe nombrarlos a ellos o a un tercero como síndico, que van a actuar en beneficio de los bonistas, sin considerar los atrasos en la litigación y gastos al SRE que esto conllevaría".

La argumentación oral de las partes sobre este asunto está señalada para el 11 de diciembre de 2019 ante la Juez Swain.

Para leer la moción, descarga el siguiente documento:

Mito #1 - El COR es un comité creado por la Junta para proteger los intereses de los bonistas.
 
Realidad: El Comité surge por petición del liderato del Movimiento Pro Pensionados (MPP), quien actuó diligentemente en favor de los pensionados del Gobierno de Puerto Rico. El Comité, que fue nombrado en junio de 2017 por el Síndico Federal, representa los intereses colectivos de los 167,000 retirados que componen los sistemas de Retiro Central, Maestros y Judicatura, sin incluir los de la Universidad de Puerto Rico, ni la Autoridad de Energía Eléctrica. El COR no le responde a la Junta de Supervisión Fiscal, ni al Gobierno de Puerto Rico, ni a los bonistas. Su función y acciones son por el bienestar de los retirados y nadie más.
 
Mito #2 - El COR no es participativo ni democrático.
 
Realidad: El Comité está compuesto por ocho pensionados que fueron seleccionados mediante un proceso de convocatoria pública y entrevistas personales a las sobre 70 personas que mostraron interés en ser parte del COR. El proceso fue participativo, debido a que todos los pensionados interesados tuvieron la oportunidad de enviar sus credenciales para pertenecer al COR. Los integrantes del COR provienen de diferentes agencias y pertenecen a los tres sistemas de retiro bajo el Título III de PROMESA.
 
Mito #3 - El acuerdo no responde a los mejores intereses de los jubilados.
 
Realidad:  El Comité tiene un deber de fiducia  hacia los pensionados. Esto significa que tiene que representarlos de forma diligente, tiene un deber de lealtad y tiene que velar por sus mejores intereses.  Luego de un proceso público de invitación y abierto a los pensionados, el Comité fue seleccionado por el Síndico de los Estados Unidos para representar los intereses colectivos de todos los retirados de los sistemas de Retiro del Gobierno Central, Maestros y Jueces.
 
El acuerdo logrado por el COR es producto de dos años de arduo trabajo y análisis profundo con el mejor interés de los jubilados en mente. Para llevar a cabo la labor, el COR cuenta con un equipo multidisciplinario que incluye abogados especialistas en quiebras y sistemas de retiro, actuarios, y analistas financieros. El único objetivo del Comité es y será defender, de forma profesional y responsable, los beneficios de pensión de los retirados del Gobierno de Puerto Rico. Invitamos a la comunidad de pensionados representados por el COR, sus familiares y cuidadores a conocer los beneficios del acuerdo y a compartir sus dudas y preguntas directamente con el COR para recibir información correcta que aclare sus interrogantes de manera adecuada. 
 
Mito #4 - El COR negoció unilateralmente con la Junta para que se recorten las pensiones.
 
Realidad: El deber del COR es representar los intereses colectivos de los pensionados y defender sus pensiones dentro del marco de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico. Por tal razón, el Comité llegó a un acuerdo que protege a todos los pensionados y mejora dramáticamente los términos de los recortes severos que impondría la Junta. El acuerdo les garantiza a 102,000 retirados el 100% de sus beneficios de pensión; crea un fondo de reserva para otorgar más seguridad a los pensionados actuales y futuros; no reduce la aportación al Plan Médico; no incluye el Seguro Social en la fórmula del ajuste; brinda una restauración de beneficios (si el desempeño del Gobierno excede las proyecciones); y establece una junta de pensiones que administrará los fondos de manera independiente.
 
Mito #5 - El COR no ha actuado para solicitar la auditoría de la deuda.
 
Realidad:  La deuda del Gobierno de Puerto Rico ya fue auditada por la firma de investigadores forenses, Kobre & Kim. El COR se ha involucrado en los litigios resultantes que buscan declarar nulos $6,500 millones en bonos de Obligación General (GOs), $700 millones de Edificios Públicos y $3,100 millones de Retiro Central. El COR ha respaldado y continuará respaldando todos aquellos procesos que puedan aportar transparencia y que contribuyan a que el Gobierno pueda salir cuanto antes de la quiebra, bajo un Plan de Ajuste que sea viable y equitativo para todas las partes involucradas.
 
Mito #6 - El COR no ha actuado para impugnar la emisión de bonos de Retiro.
 
Realidad: Aquellos que siguen de cerca el caso de quiebra ante el Tribunal Federal están al tanto de que el COR trabaja activamente para que se cancele la deuda de $3,100 millones, emitida ilegalmente por la Administración de los Sistemas de Retiro. El 23 de abril de 2019, el COR radicó una moción de objeción a los reclamos de los bonistas y para que se declare ilegal dicha emisión de bonos. Además, en otro caso del 19 de julio de 2019, el Tribunal Federal aprobó la moción del COR para intervenir en una demanda que impugna las garantías que tienen los bonistas del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico (ERS, por sus siglas en inglés) sobre ciertos fondos de ERS.
 
Mito #7 - El COR alega que bajar las pensiones es la norma en todas las jurisdicciones de los EE.UU. 
 
Realidad: El COR no alega que bajar las pensiones es la norma en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. La realidad es que en los EE.UU. se han llevado a cabo varias quiebras bajo el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras, y en algunas se han modificado los beneficios de pensión, mientras que en otras no. Todo depende de la capacidad financiera del deudor (Gobierno de Puerto Rico) y el estado de derecho aplicable sobre los beneficios de pensión.
 
Los sistemas de retiro en los que no hubo recortes o donde fueron módicos, tenían fondos de más de 50% de la valoración actuarial y continuaron pagando las pensiones con sus fondos de inversión sin la necesidad de gravar el presupuesto de las ciudades en quiebra. Desafortunadamente, en Puerto Rico, los sistemas de retiro no contaban con los activos necesarios para cumplir con sus obligaciones de pensión; es decir, estaban en quiebra. Actualmente, las pensiones se pagan del fondo general.
 
Por otro lado, en otros estados –como en el caso de California–  la realidad jurídica de las obligaciones de pensiones no eran iguales a la de los sistemas de Puerto Rico, por lo que no son comparables.
 
Mito #8 - El acuerdo reducirá las pensiones hasta llegar a $1,200.
 
Realidad:  Es incorrecto decir que todas las pensiones se van a reducir hasta llegar a $1,200. La cantidad de $1,200 es un umbral de protección. Las pensiones sobre el umbral van a recibir una modificación de acuerdo con la fórmula, pero ningún retirado sobre el umbral experimentará un recorte a sus beneficios de pensión mayor que el 8.5%, ni se podrán reducir a una cantidad menor que $1,200.
 
Mito #9 - El grueso de las personas jubiladas recibe entre $1,200 y $1,300 de pensión.

Realidad: De los 167,000 pensionados de los sistemas de Retiro Central, Maestros y Judicatura, el 61% recibe pensiones y beneficios de pensión de $1,200 o menos al mes; es decir que sus pensiones no sufren modificaciones bajo el acuerdo. Solamente un tercio de los retirados recibe beneficios de pensión de más de $1,200 mensuales y, bajo el acuerdo del COR, a esos se les garantiza el 91.5% o más de sus beneficios de pensión.
​
Mito #10 - El acuerdo del COR favorece a las pensiones más altas.
 
Realidad:  El acuerdo protege a todos los pensionados que el COR representa. El acuerdo tiene un impacto variado sobre los pensionados cuyos beneficios de pensión son mayores de $1,200 al mes. Estos pensionados experimentarán un ajuste máximo de 8.5%, significativamente menor que el 25% que pretendía imponer la Junta de Supervisión Fiscal.

Por Miguel J. Fabre, Presidente del COR

El mes pasado, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para el Gobierno de Puerto Rico, documento que provee un mecanismo para que Puerto Rico salga de la quiebra. Es importante destacar que el Plan incorpora los términos del acuerdo que el Comité Oficial de Retirados (COR) negoció con la JSF para proteger las pensiones.  

Bajo el acuerdo, los pensionados reciben un trato sustancialmente mejor que los términos propuestos por la JSF, contenidos en el Plan Fiscal Certificado el 9 mayo de 2019. El acuerdo entre el COR y la JSF protege a todos los retirados de los severos recortes que la Junta propuso inicialmente, reduce significativamente el número de retirados que serán afectados por los recortes y provee mayor seguridad financiera para que los retirados puedan continuar cumpliendo con sus obligaciones.

Sin embargo, desde el anuncio, ha circulado información incorrecta sobre el trato que recibirán los beneficios de pensión bajo el acuerdo del COR, que merece ser aclarada por el bien de los 167,000 retirados representados por el COR que pertenecen a los sistemas de Retiro del Gobierno Central, Retiro de Maestros y Retiro de la Judicatura.

El acuerdo del COR:

• Defiende a todos los pensionados de los severos recortes propuestos por la JSF en el Plan Fiscal Certificado el 9 de mayo de 2019.
• Garantiza que 102,000 individuos, o el 61% de la población de retirados, mantenga todos sus beneficios actuales.
• Duplica el umbral de pensión mínima de $600 a $1,200 mensuales.
• Mantiene la aportación mensual al seguro médico, para aquellos que la reciben.
• Excluye el Seguro Social de la fórmula para calcular los ajustes.
• Incluye varios mecanismos para proteger el presente y el futuro de las pensiones, incluyendo una reserva sustancial de pensiones bajo la supervisión de una junta independiente de pensionados y un consejo de inversiones. Ninguno de estos mecanismos era parte de la propuesta de la JSF en el Plan Fiscal Certificado.
• Establece una estructura para la restauración de beneficios, si el gobierno excede las proyecciones del Plan Fiscal Certificado.
• Limita el recorte máximo a 8.5%, lo que representa una mejoría sustancial del recorte máximo propuesto por la JSF en su Plan Fiscal que en algunos casos llegaba a 25%. De esta manera, los pensionados cuyos beneficios sobrepasan $1,200 mensuales recibirán el 91.5% o más de sus beneficios de pensión.

Es importante recalcar que bajo el acuerdo del COR ningún pensionado cubierto por el mismo experimentará recortes mayores a 8.5% (vs. 25% bajo el Plan Fiscal), o que lleven sus beneficios de pensión a menos de $1,200 al mes (vs. $600 bajo el Plan Fiscal). Si quieres conocer el impacto real del acuerdo del COR en tu pensión entra a nuestra calculadora en https://www.porturetiro.com/calculadora.html.

El acuerdo logrado por el COR es el resultado de dos años de arduo trabajo e intensas negociaciones por el Comité para proteger a la mayor cantidad de retirados posible y minimizar el impacto en los retirados que experimentarán ajustes en sus beneficios. El acuerdo es un paso importantísimo en defensa de los pensionados, familiares y dependientes que brindará certeza y continuidad a las pensiones ahora y en años venideros. Oponerse al acuerdo del COR sería arriesgar nuestras pensiones y nuestro futuro. 

El Comité Oficial de Retirados (COR) ha participado activamente en procedimientos judiciales en contra de los tenedores de bonos (bonistas).

​Adjunto encuentras una tabla (en español e inglés) que desglosa la participación del COR en dichos procesos legales y otros asuntos relevantes a la defensa de las pensiones en los casos de Título III. 

Descárgala para conocer los detalles:

​Puerto Rico atraviesa por uno de sus momentos más difíciles a nivel político y socioeconómico. Nos enfrentamos a una quiebra sin precedentes, con acreedores exigiendo sus pagos, un ente fiscal creado por la Ley Promesa para manejar la reestructuración de la deuda y un pueblo que busca apoderamiento y que sus líderes rindan cuentas.

Dentro de esta vorágine de situaciones nos encontramos los empleados pensionados del gobierno de Puerto Rico, el grupo de acreedores más numeroso y con la acreencia más grande dentro de la quiebra del gobierno.

Precisamente, para representar a los 167,000 empleados pensionados del gobierno de Puerto Rico en el caso de quiebra bajo Título III, el Tribunal federal creó el Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR).

Como defensores de las pensiones y el bienestar de los empleados retirados del gobierno de Puerto Rico, el COR se opone a cualquier recorte a las pensiones. Sin embargo, entendemos que dentro de un caso de quiebra esta postura no necesariamente brindaría el mejor resultado para los retirados y podría abonar a la incertidumbre que amenaza a nuestras pensiones.

Ante esta realidad, el COR ha enfocado sus esfuerzos en lograr las mejores condiciones posibles para los pensionados. Bajo el acuerdo, anunciado en junio, entre el COR y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el COR logró importantes mejoras a los recortes que la JSF proponía en su más reciente Plan Fiscal certificado de mayo de 2019.

El COR logró: aumentar el umbral para iniciar los recortes a las pensiones de $1,200 al mes y así proteger al 61.2% de recorte alguno, comparado con 25% bajo la propuesta de la JSF; reducir el ajuste máximo de hasta aproximadamente un 25% a 8.5%; eximir el Seguro Social de la fórmula para calcular los recortes; preservar la contribución al plan médico; establecer un mecanismo para restituir las pensiones en aquellos años que el gobierno exceda significativamente las expectativas de ingreso; crear un fondo de reserva para asistir en el pago de futuras pensiones; y crear una Junta de Pensionados con los recursos y los poderes para velar que se cumplan los términos del acuerdo.

Llegó el momento de unirnos como pensionados para apoyar el acuerdo y así luchar para vencer a nuestro verdadero enemigo y amenaza de nuestras pensiones, que es la quiebra de Puerto Rico.

El acuerdo entre el COR y la JSF evita los severos recortes que la Junta insiste en imponernos y establece una ruta para que Puerto Rico salga de la quiebra. Como integrante del COR y pensionada del servicio público, hago un llamado enérgico a todos mis compañeros a que conozcan los valiosos beneficios que nos ofrece el acuerdo logrado por el COR y a unir esfuerzos para defenderlo de aquellos que puedan criticarlo sin haber hecho un análisis legal o financiero, o meramente por razones políticas.

​Llegó el momento de que hagamos un análisis profundo y tomemos acción para salvar nuestros beneficios de retiro. El acuerdo que el COR logró con la JSF provee una solución racional y asegura que los beneficios de pensión que con nuestro trabajo hemos acumulado no vuelvan a estar en riesgo. Rendirnos no es una opción.

Por Miladys Soto, Metro

El grupo que representa a 167,000 pensionados del Gobierno defendió el acuerdo que logró con la Junta de Control Fiscal, y aseguró que los grupos que deseen pueden presentar una mejor propuesta y tratar de convencer al Tribunal.

“Es bien fácil, atractivo, decir ‘nos oponemos a los recortes, no queremos recortes’. ¿Y cómo hacemos los pagos? ¿De dónde el Gobierno saca para el pago? Esa es la pregunta. Yo me he reunido en ocasiones y he visto los grupos que dicen: ‘cero recortes’, y a uno de los grupos yo le dije: ‘¿dónde está el plan de ustedes? Preséntenlo al Tribunal’. A lo mejor convencen al Tribunal, a lo mejor el plan de ellos es mejor que el de nosotros”, dijo Miguel J. Fabre, presidente del COR

Por su parte, el abogado Francisco Castillo, asesor del COR, opinó que “el Comité Oficial de Retirados no monopoliza el proceso; aquí cualquier grupo puede comparecer al Tribunal. Cualquier pensionado en su carácter personal puede contratar un abogado”.

Las expresiones de los miembros del COR a Metro se dan de cara a la posible presentación del plan de ajuste de deuda este mes, lo que conllevaría la votación por el acuerdo de los retirados. La semana pasada, el abogado de la JCF, Martin Bienestock, informó a la jueza Laura Taylor Swain durante su más reciente vista que el plan de ajuste se someterá en o antes del 30 de septiembre.

Dicho plan de ajuste debe contener el acuerdo del COR, así como otros acuerdos que se han anunciado, como el de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR) y el acuerdo con bonistas de Obligaciones Generales.

Proceso de votación

El licenciado recordó que el tribunal estará encargado del proceso de votación entre los diversos grupos, así como del envío de las papeletas correspondientes. Además, se detalló que solamente los acreedores con Reclamaciones Perjudicadas (aquellas que son impactadas) pueden votar a favor o en contra del Plan. En el caso de los retirados esto incluirá a quiénes tengan beneficios de pensión de $1,200 en adelante.

​Destacaron que el abogado principal del caso es Robert Gordon, quien fue el representante legal del sistema de retiro de la ciudad de Detroit durante su proceso de quiebra.

El 19 de julio de 2019, el Tribunal Federal aprobó la moción del COR para intervenir en una demanda que impugna las garantías que tienen los Bonistas del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico (ERS, por sus siglas en inglés) sobre ciertos fondos de ERS.

Al denegar las objeciones de los Bonistas del Sistema de Retiro para dicha intervención, el Tribunal indicó que “reconoce los intereses significativos que tiene el COR en varios de los litigios por los activos de ERS”. Asimismo, la Corte señaló que el COR está reclamando que dichos activos se utilicen para pagar las pensiones y que dicho interés significativo justifica que el COR tenga derecho a participar del pleito para proteger los intereses de los pensionados del gobierno.

​Esta demanda en contra de los Bonistas del Sistema de Retiro plantea la interrogante sobre si dichos tenedores de bonos deben de vincular sus alegadas garantías a los fondos que quedan en manos de ERS y demostrar que los fondos en las arcas de ERS constituyen aportaciones patronales, y no aportaciones de los empleados, repago de los préstamos ni otros fondos que no están sujetos a los gravámenes de los Bonistas de ERS.

Descarga la moción:
​

​La juez federal, Laura Taylor Swain, emitió una decisión bien favorable para los retirados. El asunto sobre el cual la juez Swain decidió, trata sobre qué derechos tienen los bonistas del Sistema de Retiro Central (Retiro) sobre los dineros que surgieron tras la radicación de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico.

Los bonistas de Retiro entienden que ellos tienen un gravamen sobre todos los fondos que los municipios y el Gobierno de Puerto Rico utilizan para pagar las pensiones –también conocidos como los pagos de Pay-Go.

Los bonistas de Retiro argumentaron que, debido a que los fondos que se utilizan para financiar el sistema de Pay-Go son similares a las contribuciones patronales que antes le pagaban al Sistema de Retiro, ellos tienen un gravamen sobre las contribuciones patronales y, por ende, sobre los pagos de Pay-Go.
 
Si el argumento de los bonistas de Retiro fuera correcto, significaría que los fondos disponibles para pagar las pensiones tendrían que aumentar $3,800 millones, para así poder pagar dichos bonos. Esto sería negativo para el Gobierno de Puerto Rico y para los retirados.
 
En representación de los retirados, el COR argumentó en contra de los bonistas de Retiro.

La juez Swain determinó a favor de uno de nuestros argumentos y concluyó que los bonistas de Retiro perdieron sus gravámenes sobre todas las contribuciones patronales que surgieron en o después del 17 de mayo de 2017 (fecha en la que el Sistema de Retiro radicó su petición de quiebra bajo el Título III).

Aunque la juez Swain no atendió el argumento de los bonistas de Retiro sobre su gravamen sobre los pagos de Pay-Go, si los bonistas de Retiro no tienen un gravamen sobre las contribuciones patronales (que claramente están cubiertas por los documentos de su préstamo), es más probable que la corte decida que no tienen un gravamen sobre los pagos de Pay-Go. Entonces, esto significa que:
 
1. No habría reclamaciones que compitan en contra de los pagos de Pay-Go por parte de los bonistas de Retiro.
 
2. Para cobrar, los bonistas de Retiro solamente podrán recurrir al fondo de $300 millones que existe en el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno.
 
3. El Gobierno de Puerto Rico tiene una reclamación para recuperar aproximadamente $100 millones en contribuciones patronales pagadas al Sistema de Retiro, luego del 17 de mayo del 2017.

Anticipamos que los bonistas de Retiro apelarán esta decisión, por lo que la misma no será final por algún tiempo. Sin embargo, la decisión de hoy es muy positiva para los retirados y el Gobierno de Puerto Rico.
 
El abogado principal del Comité de Oficial de Retirados (COR), Robert Gordon, socio del Bufete Jenner & Block, catalogó esta decisión del tribunal como una “muy importante y apropiada”. Añadió que  “con esta decisión, el acuerdo tentativo entre el COR y la Junta de Supervisión Fiscal y acuerdos entre el organismo fiscal con otros acreedores, parece que se está desarrollando el impulso necesario para un Plan de Ajuste para Puerto Rico”. 

El COR aclara las preguntas más comunes que los pensionados tienen con relación al acuerdo tentativo negociado entre el comité y la Junta de Supervisión Fiscal. 

​¿Quiénes no recibirían recortes?

Bajo el acuerdo tentativo negociado por el COR, aquellos pensionados con beneficios de pensión (sin incluir la aportación al Plan Médico) de $1,200 o menos, no recibirán recortes. Por ende, este acuerdo protege al 61% de los pensionados de los Sistemas de Retiro Central, Sistema de Retiro para Maestros y Sistema de Retiro de la Judicatura.


¿El recorte se aplica hasta llegar al umbral?

Sí. Una vez se eliminen los bonos y se aplique el 8.5%, la reducción nunca puede bajar la compensación mensual de un retirado a menos de $1,200 al mes.
​

¿Todas las pensiones se reducirían hasta llegar al umbral de $1,200?
 
No es correcto que todas las pensiones se van a reducir hasta llegar a $1,200. La cantidad de $1,200 es un umbral de protección. Las pensiones sobre el umbral van a recibir una modificación de acuerdo con la fórmula, pero ninguna pensión va a recibir un recorte mayor que el 8.5% incluyendo los bonos (si los recibe). Tampoco se pueden reducir a una cantidad menor a $1,200.

 
¿El recorte propuesto es al exceso del umbral de $1,200? 

No. Si la pensión y bonos prorrateados a 12 meses ($25 mensual para jubilados – excepto jueces) no exceden $1,200 al mes, el pensionado no recibe recortes. Si la compensación excede $1,200, se eliminan los bonos primero para ver si la persona llega a $1,200. Si la persona todavía excede los $1,200, se aplica una reducción de 8.5% de la pensión total.


¿Por qué el recorte sería fijo y no escalonado?

En términos legales y prácticos, el COR entiende que un recorte escalonado no es viable. Como consecuencia de esto, bajo el acuerdo tentativo negociado por el COR se logró limitar el recorte máximo a un 8.5%, que es significativamente más bajo que el recorte máximo del 25% propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal propone en el Plan Fiscal certificado en mayo de 2019.

Los pensionados que reciben un total de beneficios de pensión de entre $1,200 y $1,300 al mes, aproximadamente, experimentarían recortes menores que el 8.5%. Esto con el fin de asegurar que las pensiones no bajen del umbral de $1,200 luego de los recortes, y para ser consistentes con el enfoque del COR de reducir el impacto en la población más vulnerable de pensionados.

De llevarse a cabo un recorte, se calculará solo una vez. Asimismo, luego del ajuste, los beneficios de pensión serían protegidos de cualquier menoscabo futuro.


¿Es cierto que el acuerdo tentativo beneficia solo a quienes tienen pensiones más altas?

El acuerdo tentativo negociado por el COR tiene un impacto variado sobre los distintos pensionados, dependiendo de los beneficios que reciben como retirados. Sin embargo, no es correcto decir que este favorece a las personas con pensiones más altas. El acuerdo tentativo propone aumentar –de 45,000 a 102,000– la cantidad de pensionados protegidos en su totalidad de los recortes, que son los que tienen los beneficios de pensión más bajos.  


¿Por qué los pensionados que recibieron ajustes anteriores por reformas de retiro y otras leyes obtendrían un recorte adicional?

Durante el proceso de negociación con la Junta de Supervisión Fiscal, el COR enfatizó de manera enérgica y consistente que los pensionados ya habían experimentado una reducción de beneficios significativa como consecuencia de leyes de reformas anteriores. Entendemos que este planteamiento contribuyó de manera significativa a que se pudieran obtener resultados favorables para proteger de todo recorte a 102,000 pensionados y se redujera el impacto de recortes propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal, que alcanzarían hasta el 25%.


¿Por qué a los maestros y policías retirados –que no reciben Seguro Social– no se les brinda un trato especial?

Uno de los objetivos principales de este acuerdo es proteger de cualquier recorte a la gran mayoría posible de pensionados. Por ende, se aumentó el umbral de recorte a $1,200 en lugar de $600, como propone el Plan Fiscal. Esto protegerá a 60,000 pensionados más, que no recibirían ajustes en sus pensiones y que son en su mayoría maestros, policías y empleados de gobierno retirados.
 
Por un asunto legal bajo la ley PROMESA –y como uno práctico, también–, entendemos que sería difícil proponer tratos diferentes o “especiales” para grupos diversos de pensionados a base del ingreso que reciben que no esté relacionado con las pensiones.

Además, negociamos para excluir el Seguro Social de la fórmula de recorte, porque escuchamos a la comunidad de pensionados, quien expuso de manera consistente no incluirlo, puesto que es un beneficio separado que fue pagado por los pensionados durante su carrera activa. Del mismo modo, sería complejo determinar cuál es el ingreso de Seguro Social que cada individuo recibe o estará recibiendo, y entendemos que existe un argumento sólido acerca de que el Seguro Social es teóricamente igual a otras formas de ingreso adicional, difícil para evaluar en cada caso individual.

¿Cómo este acuerdo afecta a los empleados activos del Gobierno de Puerto Rico?

El acuerdo solo afecta a los empleados activos que al 3 de mayo de 2017 tenían acumulado un beneficio de pensión definida como participantes del Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno, para Maestros y de la Judicatura, y que estos beneficios excedan la cantidad de $1,200 al mes. Por lo tanto, aproximadamente, el 88% de los empleados activos de los sistemas de retiro Central, Maestros y Judicatura estará protegido en su totalidad de cualquier ajuste a los beneficios de pensión definida.

 
¿Por qué negociaron si el Gobernador está en desacuerdo con el recorte a las pensiones? 

El COR tiene un deber de fiducia de representar los mejores intereses de los retirados, y hemos negociado el mejor acuerdo posible que: disminuye considerablemente los recortes de la Junta de Supervisión Fiscal; protege al 61% de los retirados de recibir recortes; y crea una reserva de pensiones y restauración de beneficios, entre otros. Hemos evaluado no negociar y llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, pero hay un riesgo de litigación, y los pensionados pueden terminar recibiendo los recortes mayores establecidos en el Plan Fiscal.

Bajo la Ley PROMESA, es la Junta de Supervisión Fiscal, no el Gobernador, el que presenta el Plan de Ajuste. En el Plan de Ajuste se dispone cómo se les pagará a los acreedores, y el Tribunal determinará si aprueba el mismo. Aunque no dudamos de la buena fe del Gobernador, por la forma en que está articulada PROMESA y por la naturaleza del proceso de quiebra, no tenemos garantías de que pueda cumplir con su prometido de cero recortes a los pensionados, si nos levantamos de la mesa de negociación. 

Cabe destacar que, si el Gobernador logra negociar mejores términos para los pensionados con la Junta de Supervisión Fiscal, el COR los aceptaría.
​

¿Qué tiene que ocurrir para que este acuerdo entre en vigor y cuándo comenzaría?

​Primero, la Junta de Supervisión Fiscal tiene que presentar un Plan de Ajuste que contenga la propuesta de modificación de beneficios conforme al acuerdo negociado por el COR. Luego, los acreedores afectados, entre estos los pensionados cuyos beneficios de pensión sobrepasan el umbral de $1,200 al mes, tendrán la oportunidad de votar por el Plan de Ajuste.

​Solo el Tribunal Federal es quien puede aprobar dicho documento.

En cuanto a la fecha, el recorte a las pensiones no comenzaría hasta por lo menos el 1 de julio de 2020, como temprano. 

Por Joanisabel González, El Nuevo Día

A pesar de que el gobierno se opone a cualquier recorte a las pensiones, la jueza de distrito federal que atiende los casos de Título III, Laura Taylor Swain, catalogó el acuerdo que alcanzó el Comité Oficial de Retirados (COR) con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), al igual que los pactos con la Asociación de Maestros de Puerto Rico y el Sindicato de Servidores Públicos Unidos, como un paso significativo en el proceso de reestructurar la deuda de Puerto Rico.

Swain reconoció que podrá haber opositores a tales acuerdos, pero sostuvo que las propuestas demuestran que ha habido “enfoque” de las partes hacia encontrar una solución en torno a las múltiples y complejas acreencias de la isla.
 
En el caso del acuerdo con el COR, el pacto atendería la obligación más grande que encara el gobierno central.

Aquí un vistazo de los aspectos más importantes que afectarán a los retirados, si en efecto, el pacto se integra al plan de ajuste de deudas del gobierno central.

1. ¿Cuándo entrarán en vigor los recortes que se pactaron entre el COR y la JSF?
Los recortes entrarían en vigor el 1 de julio de 2020 o el 1 de julio después de la fecha en que la jueza Swain confirme el plan de ajuste del gobierno central bajo el Título III de Promesa.

2. ¿Qué significa beneficio de pensión?
La JSF considera que el beneficio de un pensionado va más allá de la paga quincenal que recibe el jubilado. El ente federal determina el beneficio de la pensión sumando a la paga al jubilado, los bonos de navidad, medicamentos o de verano. Al hacer esa sumatoria, la JSF divide por 12 meses, el monto de cada bono que recibe el jubilado y de esa forma, establece la pensión mínima exenta de recortes en $1,200 al mes. La aportación que hace al gobierno para el plan médico no se incluye en la sumatoria.

3. ¿Quién estará sujeto a los recortes?
Todo pensionado, que sumando la pensión y los bonos de navidad, medicamentos y verano, devengue más de $1,200 al mes o $14,400 al año. Ello implicaría que del total de 167,000 jubilados, unos 65,000 verían un ajuste en sus pensiones.

4. ¿Cómo se aplicará el recorte?
En lugar de la propuesta de la JSF que apostaba a un recorte inicial de 25%, la fórmula establece que el recorte máximo será de 8.5% y se aplicará primero en el bono de navidad. Si con el ajuste de ese bono se alcanza el 8.5% de ajuste, el resto de los bonos o pensión no se modifican. Si por el contrario, se requiere cumplir con el tope de 8.5%, se ajustarán los demás bonos y por último, la paga quincenal, de ser necesario.
​
5. ¿Qué pensionados se afectan con este acuerdo?
El pacto entre el COR y la JSF incide únicamente en los jubilados de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), tanto del gobierno como de la Judicatura y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM). El acuerdo no afecta a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y tampoco sobre aquellos de la Universidad de Puerto Rico (UPR).