Algunos de ustedes están recibiendo del Tribunal Federal unos documentos que hacen referencia a una objeción por deficiencia en la reclamación / Deficient Claim Objection y tienen dudas a qué se refiere y qué tienen que hacer.
 
I. Trasfondo
 
Luego de radicarse el Tíitulo III de PROMESA para el Gobierno de Puerto Rico, se estableció una fecha límite para que los acreedores presentaran una prueba de su reclamación al deudor o Proof of Claim. El Comité Oficial de Retirados negoció con la Junta de Supervisión Fiscal (Junta) para que los retirados del Gobierno no tuviesen que radicar el Proof of Claim sobre sus beneficios de retiro.
 
Sin embargo, los retirados podían tener otras reclamaciones no relacionadas con los beneficios de retiro, tales como: reintegros de contribuciones, ser acreedores de bonos, ser acreedores por haber brindado bienes o servicios al gobierno, demandas por daños, entre otras causas. En esos casos el Comité les informó  que era necesario que la persona radicara la reclamación al deudar por la obligación (no relacionada a la pensión) dentro del término establecido.
 
Aunque no era necesario que un retirado radicara un Proof of Claim sobre la acreencia de su pensión, decenas de miles lo hicieron y ahora están recibiendo comunicaciones de la Junta sobre dicha reclamación. .
 
II. ¿Qué va a ocurrir?
 
El Comité Oficial de Retirados ha estado monitoreando el asunto y se ha mantenido en comunicación con la Junta. La explicación de los asesores legales de la Junta sobre este proceso es la siguiente:
 
Primero: La Junta no está objetando el derecho de un retirado del Gobierno a recibir una pensión. Eso no está en controversia.
 
Segundo: La razón de la objeción de la Junta es que muchas de las reclamaciones que se recibieron solo mencionaban “pensión” o “beneficios de retiro”, pero no proveyeron una descripción de la acreencia o una alegación de que su pensión se había calculado erróneamente. Tampoco, brindaron información suficiente para entender el remedio que se estaba solicitando por el pensionado.
 
Tercero: En la medida que las personas respondan a la objeción de la Junta, los casos se estarán refiriendo a los sistemas de retiro, como parte del proceso alterno de resolver disputas. Si el sistema de retiro calculó incorrectamente sus pensiones, entonces se verificará el cómputo. Si simplemente presentaron un reclamo para proteger sus pensiones y no tienen problemas con el cálculo, el retirado seguirá recibiendo su pensión. 
 
Cuarto: Si la persona no hace más nada o responde a la objeción, la Junta buscará que se rechacé o se desestime el Proof of Claim por ser deficiente. Pero esto no tendrá un impacto en su pensión, porque el Gobierno seguirá pagando la misma.
 
Quinto: Independiente que haya radicado o no el Proof of Claim o que el caso se evalué administrativamente en un sistema de retiro, usted seguirá recibiendo su pensión sujeta al tratamiento final del Plan de Ajuste.
 
Advertencia: Esta explicación solamente  aplica a reclamaciones realizadas por retirados del Gobierno de Puerto Rico exclusivamente sobre su derecho de pensión. Cualquier otra reclamación que usted tenga en contra del Gobierno de Puerto Rico u otra instrumentalidad bajo el Título III de PROMESA, puede verse afectada y debe buscar asesoría legal.  
 

El 30 de enero de 2020, el Primer Circuito de Apelaciones Federal invalidó las reclamaciones de los bonistas del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico (SRE) sobre las aportaciones efectuadas por el gobierno y los empleados del gobierno tras la radicación de la quiebra del gobierno bajo el Título III de PROMESA el 17 de mayo del 2017.

El Comité Oficial de Retirados (COR), a través de sus abogados, intervino en este pleito y argumentó ante el Tribunal en representación de los 167,000 pensionados de los sistemas de retiro Central, Maestros y Judicatura. El efecto práctico de la decisión del Tribunal de Apelaciones es la liberación de los aproximadamente $190 millones en aportaciones post quiebra que los bonistas de SRE estaban reclamando.
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Los bonistas de SRE también han argumentado que sus garantías sobre las aportaciones post quiebra se extienden a los pagos actuales de PAYGO efectuados por los patronos del gobierno. Esta decisión del Tribunal de Apelaciones debilita significativamente dicho argumento.

 El 7 de enero de 2020, la Jueza Laura Taylor Swain, a cargo de los casos de Título III del Gobierno de Puerto Rico bajo la ley PROMESA, rechazó la petición de los bonistas del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico (SRE), solicitando que les nombrara síndicos en el caso de quiebra del SRE.
 
Con esta decisión se resuelve la moción que habían presentado los bonistas del SRE el 19 de noviembre de 2019, en la cual le solicitaban al Tribunal que les designara síndicos en el caso de Título III del SRE. Esto con el propósito de llevar ciertas acciones y reclamaciones a nombre del deudor, es decir el SRE.

En su moción, los bonistas también solicitaban que, de no ser nombrados síndicos, el Tribunal designara a un tercero para que asumiera dicha función. Asimismo, solicitaban que el SRE sufragara los costos de los honorarios y gastos de dicho síndico y su equipo de consultores.
 
El 26 de noviembre de 2019, el Comité Oficial de Retirados (COR) –en representación de los 167,000 retirados que constituyen los sistemas de retiro de empleados del gobierno central, maestros y judicatura– radicó una moción ante el Tribunal en oposición a la petición de los bonistas de SRE. En dicha moción, el COR rebatió cada uno de los argumentos que ellos habían presentado para justificar su petición. Además, el COR indicó que, una vez más, los bonistas del Sistema de Retiro solicitaban ser nombrados síndicos para adelantar sus intereses.

​Más adelante, el 11 de diciembre de 2019, el Tribunal llevó a cabo una vista oral ante la Jueza Swain en donde los abogados del COR y otras partes presentaron sus argumentos.


Descarga la moción para leerla en detalle:

Reconociendo el importante rol que la comunidad de pensionados tendría en el caso quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA, en mayo de 2017 el Síndico de los Estados Unidos aprobó la creación del Comité Oficial de Empleados Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR), y comenzó el proceso para nombrar a sus integrantes.

Dicho proceso constó de convocatoria pública (en periódicos de circulación general y plataformas digitales), para que todos los retirados interesados en participar sometieran un formulario. Luego se llevaron a cabo entrevistas entre los retirados que mostraron interés y el Síndico de los Estados Unidos.

En efecto, el documento que radicó el Síndico en el Tribunal Federal sobre la formación de los comités oficiales en el caso de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico dice que “La información y los formularios que se utilicen para formar los comités estarán disponibles en inglés y español y estarán disponibles al público a través de la página Web del Síndico de los Estados Unidos https://www.justice.gov/ust-regions-r21. Además, el Síndico de los Estados Unidos les solicitará a las partes pertinentes que compartan los enlaces de los formularios de los comités para asegurar que el proceso sea amplio y eficiente”.

En el caso de los pensionados del Gobierno de Puerto Rico, fue un Comité Ad Hoc –compuesto por 17 asociaciones de pensionados y AARP, como miembro exoficio– quien radicó en el Tribunal Federal la moción para el nombramiento de un comité el 5 de mayo de 2017.

En un caso de quiebra, como el Título III de PROMESA, la ley federal provee para el nombramiento de comités de acreedores con intereses colectivos similares. Esto para asegurar la representación adecuada de los intereses colectivos de esos acreedores.  En el caso de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico, bajo el Título III de PROMESA, hay dos comités: (1) el Comité de Acreedores No Asegurados; (2) el Comité Oficial de Empleados Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR).  

El 15 de junio de 2017, el Síndico Federal radicó una “Notificación de Nombramiento” en el Tribunal de Distrito, en la cual se identificaron los nueve integrantes que formarían parte del COR. Dichos integrantes fueron seleccionados mediante un proceso de convocatoria pública y entrevistas personales a las personas que mostraron interés en ser parte del COR.

​El proceso fue participativo y abierto, debido a que todos los pensionados interesados tuvieron la oportunidad de enviar sus credenciales para pertenecer al COR.

Los integrantes del COR provienen de diferentes agencias de gobierno y pertenecen a los tres sistemas de retiro bajo el Título III de PROMESA. El COR no le responde a la Junta de Supervisión Fiscal, ni al Gobierno de Puerto Rico, ni a los bonistas. Su función y acciones son por el bienestar de los retirados y nadie más.​

Para conocer el perfil de cada uno de los integrantes del COR, oprime aquí para acceder a la sección Quiénes Somos de esta página web. 

El 19 de noviembre, un grupo de bonistas del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico (SRE) presentó una moción solicitándole al Tribunal que los nombrara como síndicos en el caso de Título III de PROMESA del SRE. Esto con el propósito de llevar ciertas acciones y reclamaciones a nombre de dicho deudor, es decir SRE. Además, solicitaron que, de no ser nombrados síndicos, el Tribunal nombre a un tercero para que asuma dicha función. En su moción solicitan que el SRE sufrague los costos de los honorarios y gastos de dicho síndico y su equipo de consultores.

El 26 de noviembre de 2019, el Comité Oficial de Retirados (COR) se opuso a la moción de los bonistas del SRE y rebatiendo cada uno de los argumentos presentados. Además, el COR indicó que, una vez mas, los bonistas de retiro solicitan ser nombrados síndicos para adelantar sus intereses. En la alternativa, los bonistas le solicitan al Tribunal que nombre a un síndico preseleccionado por ellos y, supuestamente, independiente para que presente dicha litigación por ellos. En su escrito ante el Tribunal, el COR indica que "la premisa de los bonistas, de que ellos son los únicos acreedores que importan en el caso del SRE, es ventajista e incorrecta. El Tribunal no debe nombrarlos a ellos o a un tercero como síndico, que van a actuar en beneficio de los bonistas, sin considerar los atrasos en la litigación y gastos al SRE que esto conllevaría".

La argumentación oral de las partes sobre este asunto está señalada para el 11 de diciembre de 2019 ante la Juez Swain.

Para leer la moción, descarga el siguiente documento:

Mito #1 - El COR es un comité creado por la Junta para proteger los intereses de los bonistas.
 
Realidad: El Comité surge por petición del liderato del Movimiento Pro Pensionados (MPP), quien actuó diligentemente en favor de los pensionados del Gobierno de Puerto Rico. El Comité, que fue nombrado en junio de 2017 por el Síndico Federal, representa los intereses colectivos de los 167,000 retirados que componen los sistemas de Retiro Central, Maestros y Judicatura, sin incluir los de la Universidad de Puerto Rico, ni la Autoridad de Energía Eléctrica. El COR no le responde a la Junta de Supervisión Fiscal, ni al Gobierno de Puerto Rico, ni a los bonistas. Su función y acciones son por el bienestar de los retirados y nadie más.
 
Mito #2 - El COR no es participativo ni democrático.
 
Realidad: El Comité está compuesto por ocho pensionados que fueron seleccionados mediante un proceso de convocatoria pública y entrevistas personales a las sobre 70 personas que mostraron interés en ser parte del COR. El proceso fue participativo, debido a que todos los pensionados interesados tuvieron la oportunidad de enviar sus credenciales para pertenecer al COR. Los integrantes del COR provienen de diferentes agencias y pertenecen a los tres sistemas de retiro bajo el Título III de PROMESA.
 
Mito #3 - El acuerdo no responde a los mejores intereses de los jubilados.
 
Realidad:  El Comité tiene un deber de fiducia  hacia los pensionados. Esto significa que tiene que representarlos de forma diligente, tiene un deber de lealtad y tiene que velar por sus mejores intereses.  Luego de un proceso público de invitación y abierto a los pensionados, el Comité fue seleccionado por el Síndico de los Estados Unidos para representar los intereses colectivos de todos los retirados de los sistemas de Retiro del Gobierno Central, Maestros y Jueces.
 
El acuerdo logrado por el COR es producto de dos años de arduo trabajo y análisis profundo con el mejor interés de los jubilados en mente. Para llevar a cabo la labor, el COR cuenta con un equipo multidisciplinario que incluye abogados especialistas en quiebras y sistemas de retiro, actuarios, y analistas financieros. El único objetivo del Comité es y será defender, de forma profesional y responsable, los beneficios de pensión de los retirados del Gobierno de Puerto Rico. Invitamos a la comunidad de pensionados representados por el COR, sus familiares y cuidadores a conocer los beneficios del acuerdo y a compartir sus dudas y preguntas directamente con el COR para recibir información correcta que aclare sus interrogantes de manera adecuada. 
 
Mito #4 - El COR negoció unilateralmente con la Junta para que se recorten las pensiones.
 
Realidad: El deber del COR es representar los intereses colectivos de los pensionados y defender sus pensiones dentro del marco de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico. Por tal razón, el Comité llegó a un acuerdo que protege a todos los pensionados y mejora dramáticamente los términos de los recortes severos que impondría la Junta. El acuerdo les garantiza a 102,000 retirados el 100% de sus beneficios de pensión; crea un fondo de reserva para otorgar más seguridad a los pensionados actuales y futuros; no reduce la aportación al Plan Médico; no incluye el Seguro Social en la fórmula del ajuste; brinda una restauración de beneficios (si el desempeño del Gobierno excede las proyecciones); y establece una junta de pensiones que administrará los fondos de manera independiente.
 
Mito #5 - El COR no ha actuado para solicitar la auditoría de la deuda.
 
Realidad:  La deuda del Gobierno de Puerto Rico ya fue auditada por la firma de investigadores forenses, Kobre & Kim. El COR se ha involucrado en los litigios resultantes que buscan declarar nulos $6,500 millones en bonos de Obligación General (GOs), $700 millones de Edificios Públicos y $3,100 millones de Retiro Central. El COR ha respaldado y continuará respaldando todos aquellos procesos que puedan aportar transparencia y que contribuyan a que el Gobierno pueda salir cuanto antes de la quiebra, bajo un Plan de Ajuste que sea viable y equitativo para todas las partes involucradas.
 
Mito #6 - El COR no ha actuado para impugnar la emisión de bonos de Retiro.
 
Realidad: Aquellos que siguen de cerca el caso de quiebra ante el Tribunal Federal están al tanto de que el COR trabaja activamente para que se cancele la deuda de $3,100 millones, emitida ilegalmente por la Administración de los Sistemas de Retiro. El 23 de abril de 2019, el COR radicó una moción de objeción a los reclamos de los bonistas y para que se declare ilegal dicha emisión de bonos. Además, en otro caso del 19 de julio de 2019, el Tribunal Federal aprobó la moción del COR para intervenir en una demanda que impugna las garantías que tienen los bonistas del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico (ERS, por sus siglas en inglés) sobre ciertos fondos de ERS.
 
Mito #7 - El COR alega que bajar las pensiones es la norma en todas las jurisdicciones de los EE.UU. 
 
Realidad: El COR no alega que bajar las pensiones es la norma en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. La realidad es que en los EE.UU. se han llevado a cabo varias quiebras bajo el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras, y en algunas se han modificado los beneficios de pensión, mientras que en otras no. Todo depende de la capacidad financiera del deudor (Gobierno de Puerto Rico) y el estado de derecho aplicable sobre los beneficios de pensión.
 
Los sistemas de retiro en los que no hubo recortes o donde fueron módicos, tenían fondos de más de 50% de la valoración actuarial y continuaron pagando las pensiones con sus fondos de inversión sin la necesidad de gravar el presupuesto de las ciudades en quiebra. Desafortunadamente, en Puerto Rico, los sistemas de retiro no contaban con los activos necesarios para cumplir con sus obligaciones de pensión; es decir, estaban en quiebra. Actualmente, las pensiones se pagan del fondo general.
 
Por otro lado, en otros estados –como en el caso de California–  la realidad jurídica de las obligaciones de pensiones no eran iguales a la de los sistemas de Puerto Rico, por lo que no son comparables.
 
Mito #8 - El acuerdo reducirá las pensiones hasta llegar a $1,200.
 
Realidad:  Es incorrecto decir que todas las pensiones se van a reducir hasta llegar a $1,200. La cantidad de $1,200 es un umbral de protección. Las pensiones sobre el umbral van a recibir una modificación de acuerdo con la fórmula, pero ningún retirado sobre el umbral experimentará un recorte a sus beneficios de pensión mayor que el 8.5%, ni se podrán reducir a una cantidad menor que $1,200.
 
Mito #9 - El grueso de las personas jubiladas recibe entre $1,200 y $1,300 de pensión.

Realidad: De los 167,000 pensionados de los sistemas de Retiro Central, Maestros y Judicatura, el 61% recibe pensiones y beneficios de pensión de $1,200 o menos al mes; es decir que sus pensiones no sufren modificaciones bajo el acuerdo. Solamente un tercio de los retirados recibe beneficios de pensión de más de $1,200 mensuales y, bajo el acuerdo del COR, a esos se les garantiza el 91.5% o más de sus beneficios de pensión.
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Mito #10 - El acuerdo del COR favorece a las pensiones más altas.
 
Realidad:  El acuerdo protege a todos los pensionados que el COR representa. El acuerdo tiene un impacto variado sobre los pensionados cuyos beneficios de pensión son mayores de $1,200 al mes. Estos pensionados experimentarán un ajuste máximo de 8.5%, significativamente menor que el 25% que pretendía imponer la Junta de Supervisión Fiscal.

Por Miguel J. Fabre, Presidente del COR

El mes pasado, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) para el Gobierno de Puerto Rico, documento que provee un mecanismo para que Puerto Rico salga de la quiebra. Es importante destacar que el Plan incorpora los términos del acuerdo que el Comité Oficial de Retirados (COR) negoció con la JSF para proteger las pensiones.  

Bajo el acuerdo, los pensionados reciben un trato sustancialmente mejor que los términos propuestos por la JSF, contenidos en el Plan Fiscal Certificado el 9 mayo de 2019. El acuerdo entre el COR y la JSF protege a todos los retirados de los severos recortes que la Junta propuso inicialmente, reduce significativamente el número de retirados que serán afectados por los recortes y provee mayor seguridad financiera para que los retirados puedan continuar cumpliendo con sus obligaciones.

Sin embargo, desde el anuncio, ha circulado información incorrecta sobre el trato que recibirán los beneficios de pensión bajo el acuerdo del COR, que merece ser aclarada por el bien de los 167,000 retirados representados por el COR que pertenecen a los sistemas de Retiro del Gobierno Central, Retiro de Maestros y Retiro de la Judicatura.

El acuerdo del COR:

• Defiende a todos los pensionados de los severos recortes propuestos por la JSF en el Plan Fiscal Certificado el 9 de mayo de 2019.
• Garantiza que 102,000 individuos, o el 61% de la población de retirados, mantenga todos sus beneficios actuales.
• Duplica el umbral de pensión mínima de $600 a $1,200 mensuales.
• Mantiene la aportación mensual al seguro médico, para aquellos que la reciben.
• Excluye el Seguro Social de la fórmula para calcular los ajustes.
• Incluye varios mecanismos para proteger el presente y el futuro de las pensiones, incluyendo una reserva sustancial de pensiones bajo la supervisión de una junta independiente de pensionados y un consejo de inversiones. Ninguno de estos mecanismos era parte de la propuesta de la JSF en el Plan Fiscal Certificado.
• Establece una estructura para la restauración de beneficios, si el gobierno excede las proyecciones del Plan Fiscal Certificado.
• Limita el recorte máximo a 8.5%, lo que representa una mejoría sustancial del recorte máximo propuesto por la JSF en su Plan Fiscal que en algunos casos llegaba a 25%. De esta manera, los pensionados cuyos beneficios sobrepasan $1,200 mensuales recibirán el 91.5% o más de sus beneficios de pensión.

Es importante recalcar que bajo el acuerdo del COR ningún pensionado cubierto por el mismo experimentará recortes mayores a 8.5% (vs. 25% bajo el Plan Fiscal), o que lleven sus beneficios de pensión a menos de $1,200 al mes (vs. $600 bajo el Plan Fiscal). Si quieres conocer el impacto real del acuerdo del COR en tu pensión entra a nuestra calculadora en https://www.porturetiro.com/calculadora.html.

El acuerdo logrado por el COR es el resultado de dos años de arduo trabajo e intensas negociaciones por el Comité para proteger a la mayor cantidad de retirados posible y minimizar el impacto en los retirados que experimentarán ajustes en sus beneficios. El acuerdo es un paso importantísimo en defensa de los pensionados, familiares y dependientes que brindará certeza y continuidad a las pensiones ahora y en años venideros. Oponerse al acuerdo del COR sería arriesgar nuestras pensiones y nuestro futuro. 

El Comité Oficial de Retirados (COR) ha participado activamente en procedimientos judiciales en contra de los tenedores de bonos (bonistas).

​Adjunto encuentras una tabla (en español e inglés) que desglosa la participación del COR en dichos procesos legales y otros asuntos relevantes a la defensa de las pensiones en los casos de Título III. 

Descárgala para conocer los detalles:

​Puerto Rico atraviesa por uno de sus momentos más difíciles a nivel político y socioeconómico. Nos enfrentamos a una quiebra sin precedentes, con acreedores exigiendo sus pagos, un ente fiscal creado por la Ley Promesa para manejar la reestructuración de la deuda y un pueblo que busca apoderamiento y que sus líderes rindan cuentas.

Dentro de esta vorágine de situaciones nos encontramos los empleados pensionados del gobierno de Puerto Rico, el grupo de acreedores más numeroso y con la acreencia más grande dentro de la quiebra del gobierno.

Precisamente, para representar a los 167,000 empleados pensionados del gobierno de Puerto Rico en el caso de quiebra bajo Título III, el Tribunal federal creó el Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR).

Como defensores de las pensiones y el bienestar de los empleados retirados del gobierno de Puerto Rico, el COR se opone a cualquier recorte a las pensiones. Sin embargo, entendemos que dentro de un caso de quiebra esta postura no necesariamente brindaría el mejor resultado para los retirados y podría abonar a la incertidumbre que amenaza a nuestras pensiones.

Ante esta realidad, el COR ha enfocado sus esfuerzos en lograr las mejores condiciones posibles para los pensionados. Bajo el acuerdo, anunciado en junio, entre el COR y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el COR logró importantes mejoras a los recortes que la JSF proponía en su más reciente Plan Fiscal certificado de mayo de 2019.

El COR logró: aumentar el umbral para iniciar los recortes a las pensiones de $1,200 al mes y así proteger al 61.2% de recorte alguno, comparado con 25% bajo la propuesta de la JSF; reducir el ajuste máximo de hasta aproximadamente un 25% a 8.5%; eximir el Seguro Social de la fórmula para calcular los recortes; preservar la contribución al plan médico; establecer un mecanismo para restituir las pensiones en aquellos años que el gobierno exceda significativamente las expectativas de ingreso; crear un fondo de reserva para asistir en el pago de futuras pensiones; y crear una Junta de Pensionados con los recursos y los poderes para velar que se cumplan los términos del acuerdo.

Llegó el momento de unirnos como pensionados para apoyar el acuerdo y así luchar para vencer a nuestro verdadero enemigo y amenaza de nuestras pensiones, que es la quiebra de Puerto Rico.

El acuerdo entre el COR y la JSF evita los severos recortes que la Junta insiste en imponernos y establece una ruta para que Puerto Rico salga de la quiebra. Como integrante del COR y pensionada del servicio público, hago un llamado enérgico a todos mis compañeros a que conozcan los valiosos beneficios que nos ofrece el acuerdo logrado por el COR y a unir esfuerzos para defenderlo de aquellos que puedan criticarlo sin haber hecho un análisis legal o financiero, o meramente por razones políticas.

​Llegó el momento de que hagamos un análisis profundo y tomemos acción para salvar nuestros beneficios de retiro. El acuerdo que el COR logró con la JSF provee una solución racional y asegura que los beneficios de pensión que con nuestro trabajo hemos acumulado no vuelvan a estar en riesgo. Rendirnos no es una opción.

Por Miladys Soto, Metro

El grupo que representa a 167,000 pensionados del Gobierno defendió el acuerdo que logró con la Junta de Control Fiscal, y aseguró que los grupos que deseen pueden presentar una mejor propuesta y tratar de convencer al Tribunal.

“Es bien fácil, atractivo, decir ‘nos oponemos a los recortes, no queremos recortes’. ¿Y cómo hacemos los pagos? ¿De dónde el Gobierno saca para el pago? Esa es la pregunta. Yo me he reunido en ocasiones y he visto los grupos que dicen: ‘cero recortes’, y a uno de los grupos yo le dije: ‘¿dónde está el plan de ustedes? Preséntenlo al Tribunal’. A lo mejor convencen al Tribunal, a lo mejor el plan de ellos es mejor que el de nosotros”, dijo Miguel J. Fabre, presidente del COR

Por su parte, el abogado Francisco Castillo, asesor del COR, opinó que “el Comité Oficial de Retirados no monopoliza el proceso; aquí cualquier grupo puede comparecer al Tribunal. Cualquier pensionado en su carácter personal puede contratar un abogado”.

Las expresiones de los miembros del COR a Metro se dan de cara a la posible presentación del plan de ajuste de deuda este mes, lo que conllevaría la votación por el acuerdo de los retirados. La semana pasada, el abogado de la JCF, Martin Bienestock, informó a la jueza Laura Taylor Swain durante su más reciente vista que el plan de ajuste se someterá en o antes del 30 de septiembre.

Dicho plan de ajuste debe contener el acuerdo del COR, así como otros acuerdos que se han anunciado, como el de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR) y el acuerdo con bonistas de Obligaciones Generales.

Proceso de votación

El licenciado recordó que el tribunal estará encargado del proceso de votación entre los diversos grupos, así como del envío de las papeletas correspondientes. Además, se detalló que solamente los acreedores con Reclamaciones Perjudicadas (aquellas que son impactadas) pueden votar a favor o en contra del Plan. En el caso de los retirados esto incluirá a quiénes tengan beneficios de pensión de $1,200 en adelante.

​Destacaron que el abogado principal del caso es Robert Gordon, quien fue el representante legal del sistema de retiro de la ciudad de Detroit durante su proceso de quiebra.