Antes de que termine enero, el Tribunal federal –que preside la Jueza Laura Taylor Swain– pudiese confirmar el Plan de Ajuste que le permitirá al gobierno de Puerto Rico reestructurar sus obligaciones y salir de la quiebra.

Bajo ese Plan, los beneficios de pensión mensual acumulados por los retirados del sector público quedarían intactos, y se establecería un Fideicomiso para crear un Fondo de Reserva de Pensiones que ayudaría a pagar las pensiones cuando no haya dinero suficiente en el Fondo General. Ese Fideicomiso se nutriría de aportaciones del gobierno de Puerto Rico de por lo menos $175 millones al año por 10 años, y sería administrado por una Junta compuesta mayormente por pensionados electos, quienes contratarán a profesionales con experiencia administrando sistemas de retiro.

​La Junta de Supervisión Fiscal tenía hasta el viernes, 14 de enero de 2022 para entregar un Plan de Ajuste revisado con los cambios que ordenó la Jueza Laura Taylor Swain para poder confirmarlo.

¿Qué está pasando en el caso de quiebra de Puerto Rico?

El 20 de diciembre de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) demandó al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y ciertas agencias gubernamentales en el Tribunal Federal para detener la implementación de la Resolución Conjunta 33 de 2021 que pondría en vigor las disposiciones de las Leyes 80, 81 y 82 de 2020 para ampliar los beneficios de retiro de ciertos grupos de empleados públicos (empleados activos del gobierno central, policías, bomberos y maestros). Asimismo, la demanda persigue la anulación de esas leyes, porque -según el organismo fiscal- añaden beneficios nuevos de retiro para empleados activos del gobierno, cuyo costo es “significativo e impagable”.

¿Qué impacto tiene esa demanda sobre los beneficios de pensión que reciben los retirados activos y los términos en el Plan de Ajuste para proteger las pensiones?

La demanda es parte de la respuesta de la JSF a los comentarios que el Tribunal de Título III bajo la Ley federal PROMESA emitió el 14 de diciembre de 2020 y donde le solicita a la Junta que aclare ciertos términos incluidos en el octavo Plan de Ajuste (PA) enmendado para Puerto Rico, cuya confirmación está bajo la consideración de la corte.  El Comité Oficial de Retirados no está envuelto en el pleito, porque no envuelve los beneficios que reciben los retirados activos. Tampoco impacta los términos para proteger los beneficios de pensión mensual acumulados de los retirados activos de los sistemas de retiro del Gobierno Central, Maestros y Judicatura, y  la creación de un Fondo de Reserva de Pensiones bajo el PA.

¿Cómo afecta la demanda el calendario para confirmar el Plan de Ajuste?

Conforme a los acuerdos entre la Junta y ciertos bonistas, se suponía que el Plan de Ajuste fuera confirmado en o antes del 15 de diciembre de 2021 para que sus términos entraran en vigor en o antes de esa fecha. Sin embargo, la confirmación del octavo Plan de Ajuste enmendado que está ante la consideración de la Jueza Laura Taylor Swain, ya había sido pospuesta hasta finales de enero cuando en noviembre el Tribunal decidió concederle cierto tiempo al Departamento de Justicia Federal para intervenir sobre asuntos constitucionales, si lo entendía necesario.   A raíz de la demanda, la JSF le informó al Tribunal que les solicitó a los bonistas extender la fecha límite para poner en vigor los términos para ajustar la deuda de Puerto Rico por tres meses – del 15 de diciembre de 2021 al 15 de marzo de 2022. Esto para que el Tribunal tenga el tiempo suficiente para resolver el litigio incoado para anular las Leyes 80, 81, y 82.

El lunes, 8 de noviembre de 2021 inició la vista de confirmación del octavo Plan de Ajuste enmendado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Durante el primer día de la vista, el equipo legal del Comité Oficial de Retirados (COR) se presentó ante la jueza Laura Taylor Swain para brindar su declaración de apertura, en representación de la clase de los pensionados. 
 
El Tribunal ha separado 10 días en noviembre para la vista. Similar a un juicio, durante el proceso de confirmación testificarán las diferentes partes en el caso de la quiebra, incluyendo la JSF, en representación del deudor (que es Puerto Rico); así como, acreedores (bonistas, y personas independiente, entre otros) a favor y en contra del Plan de Ajuste; y 25 residentes de Puerto Rico (provenientes de diversos sectores, incluyendo empleados actuales y exempleados del gobierno, líderes de organizaciones, retirados y ciudadanos), que solicitaron comparecer ante el Tribunal y fueron escogidos al azar.
 
Durante el proceso, las partes comparecientes presentarán prueba pericial para apoyar sus argumentos a favor o en contra del Plan de Ajuste. Al finalizar la vista, la Jueza Swain, quien está presidiendo la vista presencialmente en el Tribunal de Distrito federal en San Juan, evaluará el Plan de Ajuste y emitirá su sentencia.

Declaración de apertura del COR

 
I. Buenos días, Su Señoría. Soy Catherine Steege del bufete Jenner & Block en representación del Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico.
 
II. Introducción. Hace casi 4 años y medio, los 8 miembros del Comité de Retirados se ofrecieron como voluntarios para hacer un trabajo por el cual no reciben pago alguno, y en todo el sentido de la palabra representaba una tarea ingrata. Por un lado, la Junta mantenía su postura original de que el tratamiento a las pensiones era generoso bajo las circunstancias, aunque para algunos retirados significaría un recorte de hasta 25%. Por otro lado, sus compañeros retirados y muchos políticos exigían que no se recortaran las pensiones.
 

1. Pero, los 8 miembros del Comité de Retirados son personas valientes que defendieron lo que a su entender era lo correcto para los 167,000 retirados a quienes representaban. Para ponerlo en perspectiva, los retirados – como grupo – constituyen casi el 5% de la población total de Puerto Rico; y casi el 26% de la población mayor de 65 años. Los retirados también representan la reclamación más grande en contra del gobierno de Puerto Rico con un valor de ~$50,000 millones. A diferencia de muchos otros acreedores en este tipo de caso, los retirados residen en Puerto Rico y a diario experimentan las consecuencias de la crisis económica, los desastres naturales y la crisis de salud que desafortunadamente han ocurrido en Puerto Rico.
   
   
2. Hace 27 meses, el Comité de Retirados alcanzó el primer acuerdo de apoyo al plan con la Junta de Supervisión. Para los miembros de Comité fue difícil aceptar cualquier tipo de recorte. Pero, aunque sabían que por ello no ganarían un concurso de popularidad entre sus compañeros retirados y que serían atacados públicamente, lo hicieron porque entendieron que a medida que se acercaban al Acuerdo, este mejoraría significativamente la situación para la gran mayoría de los retirados. Bajo el Acuerdo de Apoyo al Plan del Comité de Retirados, el 72% de los pensionados no experimentaría recorte alguno, vs. 36%, bajo la propuesta original de la Junta. El por ciento del recorte se redujo para que ningún retirado experimentase un recorte sobre 8.5%, y el acuerdo, no solamente protegía la pensión mensual, si no también las aportaciones al plan médico, y los llamados bonos que son una parte importante del ingreso anual de cada retirado. También, disponía la creación de un Fondo de Reserva de Pensiones para proteger las pensiones en futuras contracciones económicas.
   
   
3. Asimismo, el Comité de Retirados entendió que, por ser el acreedor más grande y el primero en llegar a un acuerdo con la Junta de Supervisión, ello ayudaría a la Junta de Supervisión a lograr acuerdos con otros acreedores, que pudiesen estar preocupados de que la Junta les impusiera un Plan. En ese sentido, el Comité de Retirados entendió que Puerto Rico, en general, se beneficiaría.
   
   
4. Pero, aún después de que el Comité de Retirados llegó a un acuerdo con la Junta de Supervisión, el Comité de Retirados continuó reuniéndose con el gobierno y la Junta de Supervisión para sugerir maneras en las que el plan pudiese mejorar para los retirados.
   
   
5. El Comité de Retirados está agradecido de que el gobierno y la Junta resolvieran sus diferencias y lograran ponerse de acuerdo para aprobar una ley que eliminara todos los recortes a los beneficios de pensión acumulados y permitiera que el proceso de confirmación del Plan continue. El octavo Plan de Ajuste enmendado también protege los beneficios mensuales de los retirados, y las aportaciones que reciben para el plan médico, los bonos de Verano, Navidad y medicinas y el Fondo de Reserva de Pensiones.
   

 
III. Reporte del profesor Johnson. Como refleja el octavo Plan de Ajuste enmendado, el acuerdo es bueno para los retirados, y muy bueno para Puerto Rico, su futuro económico, y los demás acreedores que no pertenecen a la clase de los retirados.  El Comité de Retirados presentará evidencia para refutar cualquier argumento de que el tratamiento a los retirados es injusto para otros acreedores y que no se justifica ante la realidad económica de Puerto Rico.

1. El Comité de Retirados ofrece el testimonio del profesor Simon Johnson en apoyo al Plan de Ajuste y la determinación de que Puerto Rico y los demás acreedores salen mejor con un plan que no reduzca las pensiones.
   
   
2. La declaración del Profesor Johnson está en el Dkt. 19014 y su informe pericial está identificado como RTC Exhibit 1.
   
   
3. Ninguna parte ha objetado el reporte del Profesor Johnson o su testimonio.
   
   
4. El profesor Johnson está altamente cualificado para testificar. Tiene un doctorado en economía y es profesor de la universidad de MIT. Previamente, fue el principal economista de Fondo Monetario Internacional. Él es parte del Peterson Institute for International Economics. Fue consultor del equipo de transición de la administración Biden-Harris, testificó ante el Congreso sobre la Ley PROMESA y ha fungido como consultor sobre temas económicos y tiene un currículo impresionante, anexo al RTC EX. 1 como el Apéndice1.
   
   
5. El profesor Johnson opina que, debido a que los retirados representan un componente tan significado del consumo local, cualquier recorte a las pensiones de los retirados del gobierno tendría un impacto negativo en la economía de Puerto Rico. Es su opinión, la cual no ha sido retada por nadie, recortar las pensiones podría desestabilizar las proyecciones económicas de Puerto Rico, aumentar la emigración, y hacer más difícil que Puerto Rico pueda obtener crédito en el futuro. Además, es su opinión que, el ahorro que generaría el recorte a las pensiones no justifica el daño que dicho recorte le haría a la economía. 
   
   
6. Como expone en su testimonio, el impacto de recortar las pensiones tiene que evaluarse dentro del marco de las condiciones económicas generales en Puerto Rico. Aproximadamente, el 45% de la población de Puerto Rico está pode debajo el nivel de pobreza federal, dos veces más que Misisipi y Luisiana que son los dos estados con las tasas de pobreza más altas. De la población, el 33.2% sufre de inseguridad alimentaria y el 9% padece de inseguridad alimentaria alta, cifras que duplican la de los estados más pobres de los Estados Unidos. Además, el sistema de salud en Puerto Rico es frágil, al igual que la red de protección para los pobres. Debido a la pobreza generalizada, la depresión económica, y los problemas que enfrenta el sistema de salud, la población de Puerto Rico baja anualmente, tal y como como el señor Bienenstock indicó esta mañana.    
   
   
7. Aproximadamente, la mitad de los retirados tienen pensiones que la coloca por debajo del nivel de pobreza federal de $11,800 al año por persona por unidad familiar. Antes de la Ley PROMESA, los retirados ya habían experimentado reducciones significativas a sus pensiones y  - excepto los jueces - los empleados del gobierno no han recibido un ajuste por costo de vida desde el 2008. Además, muchos retirados, como policías y maestros, no reciben Seguro Social.  
   
   
8. Ante esta realidad, el profesor Johnson testifica que el ingreso bruto de los aproximadamente 167,000 retirados representa el 6.4% del consumo total por unidad familiar en la isla y 5.8% del ingreso nacional bruto. 
   
   
9. El profesor Johnson testifica que el impacto macroeconómico de reducir las pensiones de los retirados en la economía en general es significativo. Esto por el efecto multiplicador que tendría en la economía en general cada dólar que se deje de gastar. La Junta de Supervisión, por sí misma, asume que por cada $1.00 que se descuente de las pensiones, el consumo se reduce en $1.34. El profesor Johnson opina que dicho efecto multiplicador es demasiado pequeño y que está basado en datos generales de los Estados Unidos en tiempos de relativa estabilidad económica. Pero, esa no es la situación actual en Puerto Rico, donde la economía está deprimida y el desempleo es alto. El profesor Johnson testifica que un multiplicador de 3 o más es más consistente con la experiencia de aquellos estados de los Estados Unidos con una tasa de desempleo alta, similar a la de Puerto Rico. Por ende, asumir un multiplicador de 3 reduciría el consumo total por $3.00, lo que resultaría en menos ingresos para el gobierno por concepto de impuestos. Él testifica que aplicar un multiplicador de 2, más o menos similar al de la Junta, causaría en el futuro cercano la pérdida de 6,300 empleos y una contracción de 0.6% en el producto nacional bruto.
   
   
10. Asimismo, el profesor Johnson opina que debido a la alta tasa de emigración que tiene Puerto Rico, incluyendo un aumento en retirados desde el 2016, habría más retirados forzados a mudarse de la isla para vivir con familiares, porque ya no podrían mantener sus gastos en Puerto Rico. Si la emigración aumenta, el impacto en la economía será aún más grave, porque los retirados gastarán sus ingresos fuera de Puerto Rico.
    
    
11. Basado en el testimonio del profesor Johnson y la extensa cantidad de datos que nos este nos presenta, el Comité de Retirados declara que para la economía y demás acreedores de Puerto Rico es mejor el octavo Plan de Ajuste enmendado – que elimina los recortes a las pensiones y demás beneficios, y que establece la creación de un Fondo de Reserva de Pensiones. Asimismo, la evidencia justifica el tratamiento que los retirados están recibiendo bajo el Plan. Cuando termine del presentar la prueba, el Comité de Retirados le solicitará al Tribunal que confirme este Plan sin recortes a las pensiones y otros beneficios y con la creación de un Fondo de Reserva de Pensiones.
    

 
Al igual que otras partes, en esta mañana el Comité de Retirados quiere agradecer a este Tribunal, a la Junta de Supervisión, a AAFAF, a los mediadores y demás partes que nos han traído a este punto.

A menos, que este Tribunal tenga alguna pregunta, aquí concluyen nuestras declaraciones. Gracias.
 

El 3 de noviembre de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó el octavo Plan de Ajuste enmendado, que elimina el recorte a los beneficios de pensión mensual acumulados de los retirados, y crea un Fondo de Reserva de Pensiones y una Junta que lo supervise, sujeto a que la jueza Laura Taylor Swain lo confirme.

El Plan de Ajuste enmendado no solo elimina los recortes de las pensiones acumuladas, sino que también mejora la fórmula del Fondo de Reserva, puesto que si el superávit del Gobierno proyectado en el Plan Fiscal supera el mínimo de $1.750 billones, la contribución al fondo se duplicará de un 25% a un 50% del sobrante. Además, la aportación mínima anual de $175 millones para la reserva debe darse durante nueve años fiscales, en lugar de siete.

El Fondo de Reserva de Pensiones es uno de los términos del acuerdo negociado por el Comité Oficial de Retirados (COR). Este les proveerá seguridad a los retirados actuales y empleados activos (futuros pensionados) de que los fondos estarán disponibles en un futuro para pagar exclusivamente sus beneficios de pensión, hasta en años cuando las proyecciones indican que el Gobierno de Puerto Rico pudiera experimentar déficits. Asimismo, operará como un fideicomiso independiente del Gobierno de Puerto Rico, que será administrado por una junta compuesta en su mayoría por pensionados.

Además de presentar el Plan enmendado, la Junta también mostró los resultados de la votación por el Plan de Ajuste, que indican que la mayoría de los retirados del sistema de Retiro Central y de la Judicatura sobre el umbral de los $1,500 votó a favor, así como los retirados de la Judicatura por debajo del umbral. Sin embargo, cabe destacar que el grupo de los retirados de la Judicatura sobre el umbral fue el único que cumplió con los dos requisitos para aceptar el Plan, incluyendo el de la mayoría de los votos, y que ese voto representase 2/3 partes de la reclamación total. Dicho esto, como el Plan ya no incluye recortes a los beneficios de pensión acumulados de ningún retirado, el Tribunal entiende que la clase de los pensionados está de acuerdo con este porque no sería impactada. Ahora bien, los pensionados de la Judicatura (por debajo y por encima del umbral) serían los únicos impactados si se elimina el ajuste por costo de vida.

Como el Plan fue aceptado (más de 40 clases de acreedores votaron a favor), tal y como requiere el Código de Quiebras, el proceso de evaluación y confirmación del Plan de Ajuste dará inicio el lunes, 8 de noviembre. La Jueza Swain evaluará el Plan conforme a los siguientes criterios: si es viable, justo, de buena fe y en el mejor interés de los acreedores.

El Comité Oficial de Retirados (COR) recibe como un paso positivo la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal de aceptar los términos de la Ley 53 de 2021 “Para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico”, y así continuar con el proceso de confirmación de un Plan de Ajuste. La vista de confirmación comenzará el lunes, 8 de noviembre.
 
“Reconocemos el esfuerzo que han puesto todas las partes para llegar a un acuerdo y hacer posible que Puerto Rico entre en la última etapa del proceso para salir de la quiebra sin más dilaciones”, dijo Miguel J. Fabre Ramírez, juez retirado y presidente del COR.
 
El Comité lleva 4 años y medio representando ante el Tribunal a los retirados de los Sistemas de Retiro Central, Maestros y de la Judicatura, y protegiendo las pensiones dentro del proceso de la quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley federal PROMESA.

​En esta última etapa, el COR está preparado para defender un Plan de Ajuste que no requiera recortar el beneficio mensual de pensión acumulado de los retirados del gobierno, tal y como dispone la Ley 53.

En la tarde del viernes, 22 de octubre la jueza Laura Taylor Swain, quien preside la quiebra de Puerto Rico, convocó a una conferencia urgente por teléfono para atender el impase que ha evitado que se apruebe el P. de la C. 1003, lo que podría retrasar o arriesgar el proceso de confirmación del Plan de Ajuste de Puerto Rico.
 
En la conferencia, la Jueza Swain requirió la participación de:
 

• La Junta de Supervisión Fiscal (JSF)
• El liderato de las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno de Puerto Rico
• Los comités oficiales: el Comité Oficial de Retirados (COR) y el Comité de Acreedores No AseguradoS (UCC)

 
La jueza Swain decidió:
 

• Mantener el comienzo de la vista de confirmación sobre el Plan de Ajuste para el 8 de noviembre
• Ordenar a la JSF, y a las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno de Puerto Rico a entrar en un proceso de mediación que será liderado por la jueza Barbara Houser
• Ordenar a la JSF a no retirar el séptimo Plan de Ajuste enmendado hasta que la Jueza Houser rinda un informe sobre si es posible o no continuar con el proceso confirmación tal y como está pautado actualmente

 
Eso significa que:
 

• Por el momento, no hay cambios, por ende, los términos que están ante el Tribunal sobre las pensiones de los retirados de los Sistemas de Retiro Central, Maestros y Judicatura son los negociados bajo el acuerdo del COR

 
Fechas importantes:
 

• Próximos días: Podría darse un acuerdo que permita la aprobación del P de la C 1003, y eliminar el recortes a las pensiones para todos los retirados.
• Martes, 2 de noviembre: Fecha límite para que la jueza Houser entregue su informe de estatus sobre el proceso de mediación y la confirmación del Plan de Ajuste
• Miércoles, 3 de noviembre: Fecha para que la JSF, en nombre del gobierno de Puerto Rico, le presente al Tribunal los resultados de las votaciones requeridas por el Código de Quiebras sobre el Plan de Ajuste
  
• Jueves, 4 de noviembre: Fecha para que la JSF, presente su posición sobre varios asuntos, incluyendo entre otros (i) si la vista de confirmación puede comenzar el 8 de noviembre; (ii) si el Plan puede ser confirmado sin la legislación contemplada; (iii) medidas alternas para confirmar el Plan sin la legislación contemplada; y (iv) si el proceso de confirmación puede terminar dentro de los términos propuestos en los acuerdos con los acreedores.

El COR continúa atento al desarrollo de los eventos y protegiendo las pensiones de los retirados. Les mantendremos al tanto. ¡Seguimos juntos en esto!

La disposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a enmendar el Plan de Ajuste (PDA) para excluir el recorte en las pensiones no es un hecho consumado, tampoco significa que ese sector no verá otros recortes y mucho menos, significa que a futuro, Puerto Rico tendrá capacidad suficiente para pagar las pensiones, la deuda pública y cubrir los servicios a la población, según entrevistados.

De igual forma, según el exjuez de Quiebras, Gerardo Carlo Altieri y el economista Daniel Santamaría Ots, la nueva concesión de la JSF, así como el énfasis de la Asamblea Legislativa y el gobernador Pedro Pierluisi en la defensa de los pensionados solo ha servido para que otros sectores como los maestros, los bonistas locales y los suplidores del gobierno resulten entre los más perjudicados con el PDA.

Mientras, han pasado a segundo plano, otros asuntos medulares como la supremacía de las leyes de Nueva York a las leyes de Puerto Rico, cuando se trate de bonos y deuda pública.

La jueza (Laura Taylor) Swain puede tener la mejor intención de darle el 100% de sus acreencias a los pensionados, pero aquí tenemos un Tribunal Apelativo que va a revisar ese plan y es posible que este caso, llegue al Tribunal Supremo y allí no se come cuento. Eso fue lo que pasó en el caso de Argentina en el Distrito Sur de Nueva York, donde se encuentra la jueza”, dijo Carlo Altieri haciendo referencia a la larga disputa judicial en la que ese país terminó pagando toda su deuda, una vez el 4% de sus bonistas se opuso a la modificación que se había negociado.

"Si no hay una incorporación de esos potenciales reclamos de la Legislatura en un nuevo plan fiscal certificado antes de que se discuta el (PDA), no hay garantías o motivos para concluir que son cónsonos, por lo cual, el proyecto (de la Cámara) 1003 tampoco sería aceptable. Ese es uno de los primeros peligros a que nos enfrentamos en el proceso de confirmación”, indicó por su parte Santamaría Ots.

El pasado jueves, en un esfuerzo por salvar sobre dos años de negociaciones, lo que ha requerido unos $939 millones de los contribuyentes puertorriqueños para el pago de asesores y abogados, el presidente de la JSF, David Skeel, comunicó al gobernador Pierluisi y a los líderes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, una última e “inamovible” –según fuentes de este diario– lista de concesiones.

En síntesis, la JSF estableció que si el Proyecto Cameral 1003 se enmienda y facilita la reestructuración de la deuda sin condiciones, enmendará el PDA exclusivamente para eliminar el recorte de hasta 8.5% en las pensiones públicas.

El efecto de tal decisión es que en lugar de que el PDA proteja a unos 130,000 jubilados de recorte alguno, como establecía el acuerdo con el Comité de Acreedores no Asegurados (COR), y se compense por la vía presupuestaria a los que sí verían recortes, ahora quedará a discreción de la jueza Swain la suerte de todos los jubilados y con ellos, si la modificación de deudas en la mesa es factible o no.

Aunque el recorte en el beneficio actual de pensión quedaría fuera, en la práctica, la JSF indicó que mantendrá otros ajustes que serán más devastadores como la prohibición de aumentos por inflación o la ampliación de los requisitos para la jubilación. Ese es el caso de los maestros, que ante la anulación de la Ley de Retiro Digno, al rechazar la propuesta alterna, tendrán que trabajar hasta los 63 años y verán un ajuste en la fórmula para calcular su pensión.

Según Santamaría Ots, economista para la organización Espacios Abiertos, la reforma a las pensiones de la JSF buscaba ahorrar al gobierno unos $4,800 millones. El 80% de ese ahorro vendría de la congelación de beneficios de pensión.

A manera de ejemplo, según Santamaría Ots, si en el 2019, un jubilado recibía una pensión de $1,215 al mes, con el PDA en la mesa, para el 2037, esa pensión equivaldrá a unos $915 a medida que el costo de vida aumente.

Esa realidad, se suma a otra según el economista: las propias proyecciones de la JSF apuntan a que el plan no será sostenible habida cuenta los déficits presupuestarios que se avecinan para el 2037.

Con tal de conseguir la aprobación del proyecto 1003, la JSF accedió a otros pedidos de la Legislatura, pero no son parte del PDA.

Entre estos, otorgar unos $500 millones a la Universidad de Puerto Rico por los próximos cinco años, ciertos fondos a los municipios y dinero para financiar un estudio acerca de un plan de salud universal para la isla. Estas concesiones, a su vez, dependen de que el gobierno federal otorgue fondos adicionales bajo Medicaid para financiar la reforma de salud, un asunto que se da por sentado, pero que hasta el cierre de esta edición no se ha materializado.

Las alternativas que tiene SwainDe acuerdo con el ex juez Carlo Altieri, los jueces de bancarrota no modifican los planes de ajuste, pero sus decisiones pueden “torcer brazos” y resultar en cambios para una o más clases de acreedores.

Una vez Swain escuche los planteamientos de las partes durante la audiencia de confirmación, podría confirmar el PDA.

El plan también podría confirmarse parcialmente y requerir al deudor -en este caso, la JSF- que llegue a nuevos entendidos o consiga los trámites necesarios para implementarlo. Un tercer escenario podría ser denegar el PDA, pero dejar el caso de Título III abierto para negociar nuevos acuerdos financieros.

Un cuarto escenario, el más drástico de todos, sería que Swain –considerando que el proceso de bancarrota de Puerto Rico ya marca cuatro años– desestime el caso de Título III y levante la suspensión automática de litigios que hasta ahora, ha librado al gobierno de pagar a los bonistas y defenderse de cientos de litigios.

Si este último escenario se diera, de inmediato, Puerto Rico podría verse forzado a pagar a los bonistas sobre $2,000 millones correspondientes al servicio a la deuda de este año fiscal y también serían exigibles aproximadamente $7,000 millones en bonos no pagados desde el 2016.

Más allá de las pensiones

En el caso de Puerto Rico, con el PDA en la mesa, la JSF consiguió lo que hace un año parecía improbable: el respaldo de las aseguradoras municipales, el apoyo mayoritario de los principales bonistas de la isla y de los principales dos grupos de negociación, el COR y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés).

“Aquí hay un riesgo real”, dijo Carlo Altieri al plantear que la clase política interesa, más que todo, construir “un mensaje” que le favorezca durante el ciclo electoral 2024.

Para el ex juez, la discusión pública se ha centrado en el recorte a las pensiones, los méritos y las injusticias y los riesgos de viabilidad del PDA no se discuten.

Por ejemplo, indicó que se ha pasado por desapercibido que el PDA reduce la deuda con los bonistas, pero también “limpia” el estado de situación de cientos de agencias de gobierno al eliminar las sentencias monetarias en su contra o poner fin a pagos de suplidores que no se hicieron por años.

“Los que aquí están siendo trasquilados son los suplidores y contratistas del gobierno porque los (acreedores) no asegurados van a cobrar desde tres hasta 20 centavos y de eso, los abogados que les representan se quedan con el 15%”, agregó Carlo Altieri.

“Aunque la jueza Swain tenga las mejores intenciones con los pensionados, entre los acreedores no asegurados también hay miles de jubilados que trabajaron en el sector privado y que sus ahorros estaban en los bonos ahora chatarra del gobierno, pero de eso ni se habla”, sostuvo el ex juez.

La JSF ha insistido en el recorte de las pensiones porque entiende que no hacerlo representaría un trato desigual.

Pero según Santamaría Ots, cuando el organismo fiscal creó el Instrumento de Valor Contingente (CVI), la JSF aceptó entregar a los bonistas los beneficios de una mejora en los recaudos, en lugar de preservar fondos para los años de vacas flacas. Además, el economista recordó que el plan todavía contiene recortes presupuestarios y provee para aumentar impuestos como el alza de 400% que se prevé en los peajes.

Para Santamaría Ots, hay otra ficha que la Legislatura debe jugar: exigir a la JSF que divulgue todos los reportes, análisis y hojas de cálculo que dieron luz al PDA. Esos trabajos, aparte de ser pagados con fondos públicos, ha quedado fuera del ojo público, pues hasta la fecha, ese grado de transparencia que permitiría entender o rebatir las posturas de la JSF “ha sido totalmente nulo”.

Esta nota fue publicada el 16 de octubre en El Nuevo Día