Tal y como se anticipaba, el 8 de marzo de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó un Plan de Ajuste (PDA), que incluye un cambio favorable para proteger a más retirados de recortes a las pensiones dentro del proceso de bancarrota del Gobierno de Puerto Rico.
 
Como resultado de las negociaciones entre el Comité Oficial de Retirados (COR) y la JSF, el recién presentado PDA aumentó el tope de protección de recortes de $1,200 a $1,500. Es decir, que las pensiones y beneficios de $1,500 o menos al mes quedan completamente protegidos de ajuste alguno.
 
Con este cambio, de los 167,000 pensionados que el COR representa, el 74% no experimentará recorte a su pensión. Solo las pensiones y beneficios mensuales de $1,501 en adelante experimentarían un descuento de un máximo de 8.5%. Las pensiones ajustadas estarían recibiendo una recuperación combinada de 96.10 centavos de cada dólar.
 
Desde el 2017, los integrantes del COR –que provienen de los tres sistemas de retiro que el Comité representa– han reiterado una y otra vez que no quisieran recortes a las pensiones. Sin embargo, ante la realidad de la quiebra de Puerto Rico y la Ley PROMESA, la negociación fue necesaria para reducir los recortes severos (de hasta 25%) y aumentar la cantidad de retirados protegidos de 25% a 74% bajo el umbral de $1,500.  
 
Para conocer si una pensión experimentará o no un posible ajuste, accede a la herramienta de la calculadora en porturetiro.com/calculadora. 

Cuando el gobierno de Puerto Rico radicó quiebra bajo el Título III de la Ley federal PROMESA en mayo de 2017, los sistemas de retiro no tenían dinero para continuar pagando las pensiones y el gobierno no podía continuar operando y brindando servicios a la ciudadanía, si pagaba la deuda.

​Ante esta realidad, los pensionados del gobierno de Puerto Rico estábamos expuestos a recortes severos de 50% o más.  El primer Plan Fiscal certificado por la JSF en marzo 13, 2017, proponía recortar las pensiones, que representan un gasto anual de $2,500 millones, en un 10% para el año fiscal 2020.  Para ello, en el Plan Fiscal Certificado en abril 19, 2018, la Junta detalló su propuesta, que planteaba un recorte de 25% a todas las pensiones sobre $600 mensuales (si el pensionado tenía Seguro Social).  El 75% de los pensionados de los sistemas de retiro del Gobierno Central, Maestros y Judicatura estaba expuesto a recortes, y el 60% de los retirados experimentaría un recorte promedio de 10%.
 
El COR fue nombrado en junio de 2017, precisamente para representar a 167,000 maestros, jueces y servidores públicos retirados del gobierno en los casos de la quiebra de Puerto Rico que se habían radicado en el Tribunal federal. Los deberes y responsabilidades del Comité fueron establecidos por la Corte y su objetivo es proteger los intereses colectivos de los pensionados de Puerto Rico. El COR actúa proactivamente para proteger el bienestar de nuestros constituyentes. Nuestras gestiones han rendido resultados que tienen un impacto positivo en los pensionados, quienes constituimos la clase de acreedores más numerosa y con la deuda más cuantiosa dentro de la quiebra de Puerto Rico.
 
Para hablar con datos concretos, el acuerdo entre el COR y la JSF aumentó el número de retirados sin recortes de 25% (41,750 personas) a 74% (123,580 personas). Todos los retirados con beneficios totales de pensión de $1,500 o menos quedarán fuera de los recortes bajo el Plan de Ajuste que la JSF presentó el 8 de marzo. Asimismo, el COR protegió a los retirados que reciben pensiones mayores, al reducir significativamente el recorte máximo de 25% a 8.5%, negociar un mecanismo de restitución de pensiones que beneficiará a los retirados impactados y establecer un fondo de reserva para las pensiones.   
 
Bajo el Plan de Ajuste, que es el documento que el Tribunal confirmará para que Puerto Rico salga de la quiebra, la recuperación combinada de los retirados es de 96.10 centavos por dólar y por encima de la de los bonistas de Obligaciones Generales, Autoridad de Edificios Públicos y COFINA. Un punto muy importante del acuerdo del COR es que, finalmente, lo retirados tendremos certeza de con cuanto contamos para vivir, porque sus términos serán parte de la sentencia del Tribunal federal, y no de promesas que dependen de factores que están fuera de nuestro control.

Esta columna publicó el 9 de marzo de 2021 en el periódico El Nuevo Día.

La participación del Comité Oficial de Empleados Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) en la evaluación sobre proyectos de ley ante la legislatura está limitada, por su naturaleza como comité oficial dentro de un proceso judicial.

El Comité, que fue nombrado en el 2017 por la Oficina del Síndico de los Estados Unidos, tiene la encomienda de representar a los retirados del gobierno dentro del proceso del ajuste de la deuda de Puerto Rico y el Título III de quiebra bajo la Ley federal PROMESA.

Estamos trabajando dentro de la estructura legal existente para proteger las pensiones y el bienestar de los pensionados en el Tribunal federal. Asimismo, estamos en los casos que están activos en el Tribunal federal para anular los bonos del Sistema de Retiro, y limitar las garantías de esos bonistas. El COR le daría la bienvenida a alternativas viables y sostenibles, tanto en términos legales como económicos, para proteger nuestras pensiones y beneficios ahora y a largo plazo.
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El acuerdo firmado por el COR con la Junta de Supervisión Fiscal, el cual será parte del Plan de Ajuste de Puerto Rico, mantendrá sin recortes a casi tres cuartas partes de los pensionados del gobierno; establecerá una reserva independiente para asegurar el pago de las pensiones a largo plazo; y creará un mecanismo para eliminar los recortes en años cuando el gobierno identifique los fondos necesarios en el presupuesto del Fondo General.

En su reunión pública del 20 de noviembre de 2020, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó una resolución para reiniciar negociaciones con los acreedores del Gobierno de Puerto Rico. Servirá como base de estas negociaciones una propuesta de nuevos términos para un Plan de Ajuste enmendado, que incluye el posible aumento del umbral para recortar las pensiones de $1,200 mensuales (bajo el acuerdo actual del Comité Oficial de Retirados) a $1,500 mensuales. Es decir que, de ser aprobada esta propuesta, los retirados y beneficiarios de retiro con pensiones y beneficios de hasta $1,500 al mes no experimentarían recortes.
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El Comité Oficial de Retirados (COR) estima que bajo el umbral de $1,500 al mes el 74% de los retirados en Puerto Rico, o 123,793 individuos, quedaría protegido de recorte alguno. Esto representaría un aumento sustancial de los 102,000 retirados (61.2%) que están protegidos bajo el Plan de Ajuste actual (presentado el 28 de febrero de 2020). El acuerdo entre la Junta y el COR ya limitaría los recortes hasta un máximo de 8.5%, crearía una reserva de pensiones, y establecería un mecanismo de restitución de pensiones conforme al desempeño del gobierno de Puerto Rico.

El COR apoya y defiende la propuesta de aumentar el umbral y estará atento a cualquier oportunidad que surja para mejorar aún más los términos del ajuste a las pensiones. Conforme a directrices de la Juez Laura Taylor Swain, a cargo de la quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la ley federal PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal debería presentar modificaciones al Plan de Ajuste existente, o por lo menos una hoja de términos, el 10 de febrero de 2021.

Las pensiones no pueden experimentar recortes, como resultado de un ajuste de deuda bajo la quiebra, hasta que el Tribunal confirme un Plan de Ajuste. La afectividad de los recortes depende de la fecha en la que se confirme el Plan de Ajuste. Por lo tanto, al momento, el COR no anticipa que los recortes entren en vigor hasta enero de 2022, como temprano.

El 16 de noviembre de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó una petición de los bonistas del Sistema de Retiro para un recurso de “certiorari” sobre si las aportaciones patronales al “PayGo” eran parte de su garantía. Los 167,000 pensionados del gobierno de Puerto Rico fueron representados únicamente por el Comité Oficial de Retirados (COR), organismo que compareció por escrito ante el Supremo en oposición a la petición de los bonistas.

Esto representa una victoria importante para los retirados del gobierno de Puerto Rico, porque protege las aportaciones patronales al “PayGo”. Es decir, los bonistas no podrán cobrar su deuda de $3,000 millones del dinero que el patrono aporta para pagar las pensiones luego de que el gobierno de Puerto Rico radicara quiebra bajo el Título III de la Ley Promesa.

El COR defendió con empeño los intereses de los retirados desde el inicio de la controversia. Los bonistas del Sistema de Retiro argumentaron ante la Juez Swain que tenían derecho sobre los activos de retiro post quiebra, a lo que el Comité Oficial de Retirados se opuso. En junio de 2019, la Juez Swain resolvió que, tras la quiebra, los bonistas habían perdido su gravamen sobre las aportaciones patronales. Esta decisión fue afirmada por el panel de jueces del Primer Circuito en enero de 2020, donde el COR también compareció en defensa de los retirados. 

En su más reciente reporte de estatus del 9 de septiembre de 2020, la Junta de Supervisión Fiscal indicó ante el Tribunal federal que:

• En junio de 2020 certificó su presupuesto para el Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2020-2021 de $22,200 millones. Esto incluye las partidas del fondo general ($10,040 millones), ingresos especiales y fondos federales.

 

• Reinició conversaciones con AAFAF sobre los términos del plan de ajuste y las modificaciones o enmiendas que se tendrían que proponer para el Plan de Ajuste y la Declaración de Divulgación que fueron presentados el 28 de febrero de 2020 para reestructurar $35,000 millones en deuda y cuya discusión quedó en suspenso debido al COVID-19.

 

• Reinició conversaciones formales con los acreedores que son parte del Plan de Ajuste bajo la dirección del equipo de mediación para atender la nueva realidad a raíz de la pandemia del COVID-19.

 

• Junto a sus consultores, está participando de conversaciones con acreedores individuales (que son parte del Plan de Ajuste y otros) y sus asesores.

 
Asimismo, la Junta de Supervisión Fiscal le indicó, al Tribunal que entiende, que es prematuro proponer un calendario para discutir un Plan de Ajuste y Declaración de Divulgación para el deudor (Gobierno de Puerto Rico) debido a que las conversaciones con los acreedores están en su etapa inicial, el estatus de los litigios pendientes en el Tribunal cuyo desenlace podría afectar dichas conversaciones, y las elecciones de noviembre.
 
La Junta estaría presentando un nuevo reporte de estatus en octubre.

El 27 de mayo de 2020, la Junta de Supervisión Fiscal (Junta) presentó y aprobó un Plan Fiscal revisado para Puerto Rico. El documento de 271 páginas presenta nuevas proyecciones económicas a raíz de los huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19, y atempera sus propuestas al nuevo escenario económico. 

Las proyecciones económicas ahora son menos positivas que lo proyectado en el Plan Fiscal de mayo de 2019. El excedente del gobierno se reduce en un 65% entre el 2020 y el 2032. Esto significa que el gobierno tendrá menos dinero para pagar sus obligaciones con los acreedores, entre estos los pensionados, por lo que tendrá que regresar a la mesa de negociación con ciertos grupos de bonistas con los cuales había llegado a acuerdos para revisar su porciento de recuperación.

En el caso de los retirados del Gobierno de Puerto Rico, el Plan Fiscal de la Junta reitera los términos del acuerdo entre el Comité Oficial de Retirados y el ente fiscal de junio de 2019. Bajo dicho acuerdo, se detiene el recorte propuesto por el ente fiscal de hasta un 25% para 75% de los retirados y se reemplaza por un ajuste máximo de 8.5%. Asimismo, se protege al 61% de los pensionados de recorte alguno, el seguro social y la contribución mensual de $100 para el plan médico (para aquellos retirados que aun reciben este beneficio). 

Asimismo, el Plan Fiscal revisado retrasa cualquier modificación a las pensiones hasta enero de 2022. Es importante saber que, para que ocurra un ajuste a las pensiones, primero la Junta de Supervisión Fiscal tiene que presentar un Plan de Ajuste y Declaración de Divulgación. Luego, habrá vistas públicas para discutir la información contenida en la Declaración de Divulgación, que es el documento que detallará la reestructuración de las obligaciones. Finalmente, los acreedores, incluyendo los retirados, tendrán la oportunidad de votar a favor o en contra del Plan de Ajuste.

El Departamento de Hacienda de Puerto Rico fue autorizado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para distribuir el cheque federal de $1,200 aprobado bajo la Ley CARES.

Hacienda dividió la distribución de dichos fondos en tres etapas que incluyen:

1) Personas que radicaron la planilla de contribución sobre ingresos 2019
2) Personas que radicaron la planilla de contribución sobre ingresos 2018
3) Pensionados, beneficiarios del seguro social y toda persona que no esté obligada a rendir planilla y que no esté reclamado como dependiente.

Los pensionados del Gobierno de Puerto Rico que rindieron planilla 2019 o 2018 ya deberían de haber recibido el cheque federal de $1,200 bajo la Ley Federal CARES. Aquellos que radicaron planilla y aún no lo han recibido, tienen que visitar la página pagodeimpactoeconomico.com para someter la información de su cuenta bancaria para que el Departamento de Hacienda pueda tramitar el pago.

Si no radicaste planilla 2019 o 2018, entonces eres parte de la tercera etapa de distribución. El Departamento de Hacienda, le informó al Comité Oficial de Retirados (COR) que está haciendo las gestiones para facilitar el proceso del pago a los pensionados elegibles, sin la necesidad de trámites adicionales. Hacienda informó que esta tercera etapa comenzaría el 29 de mayo.

Compañeros pensionados de los sistemas de retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico, Maestros y Judicatura:

El 13 de mayo de 2020, la Junta de Supervisión Fiscal publicó un anuncio de Prórroga de la Fecha Límite para radicar el Formulario de Información en el caso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA (ver El Nuevo Día 13 de mayo de 2020, página 34).

El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) está evaluando dicha notificación para determinar quiénes tienen que completar y radicar el formulario conforme a las instrucciones publicadas. Si los pensionados del gobierno de Puerto Rico tuviéramos que tomar acción individual, durante los próximos días el COR les informará a través de sus plataformas digitales (www.porturetiro.com y en facebook.com/corpuertorico) y su programa de radio El Comité Oficial de Retirados Informa, que se transmite todos los jueves de 9:00 a 10:00 de la noche por Noti-Uno 630 AM.

El COR fue nombrado por el Síndico de los Estados Unidos para representar los intereses colectivos de los 167,000 pensionados de los sistemas de retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico, Maestros y Judicatura en el caso de la quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley federal PROMESA.