El 18 de mayo de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal notificó a los acreedores en el caso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico que el 13 de julio presentará ante el Tribunal federal una Declaración de Divulgación para el tercer Plan de Ajuste enmendado. La Declaración de Divulgación o de Información es el documento que acompaña el Plan de Ajuste y que describe en detalle los acuerdos con los distintos acreedores.

Los retirados de los sistemas de retiro Central, Maestros y Judicatura –que están recibiendo la notificación como acreedores del gobierno de Puerto Rico–  no tienen que tomar acción sobre dicho documento, salvo que tengan una reclamación en contra del gobierno por una deuda aparte de su pensión.

El Comité Oficial de Retirados (COR), que fue nombrado por la Oficina del Síndico de los Estados Unidos en junio de 2017 para representar de manera colectiva la reclamación de los retirados como clase de acreedores dentro de la quiebra del gobierno bajo el Título III de la Ley federal PROMESA, comparecerá ante el Tribunal para representar y proteger los intereses de los retirados y sus beneficios de pensión.

Para más información sobre el tercer Plan de Ajuste enmendado, la Declaración de Divulgación, el proceso de la quiebra bajo el Título III de PROMESA y las acciones del COR para proteger a los retirados y sus beneficios de pensión, visita www.porturetiro.com, registra tu información de contacto en el Directorio Informativo del COR, síguenos en Facebook en Comité Oficial de Retirados, y escucha el programa de radio informativo “El Comité Oficial de Retirados Informa” que se transmite todos los jueves de 9:00 p.m. a 10:00 p.m. por NotiUno 630 AM.

Solo el 26% del total de pensionados vería afectada su pensión


Christian G. Ramos Segarra, EL VOCERO


El acuerdo que alcanzó el Comité Oficial de Retirados (COR) con la Junta de Control Fiscal les permitirá a los pensionados gubernamentales la recuperación de 96.1% de cada dólar —la más alta entre los grupos de acreedores en la reestructuración de la deuda gubernamental— y evitará recortes al 74% de los retirados activos.

Francisco del Castillo, abogado del COR, explicó a EL VOCERO que a diferencia de los demás acuerdos necesarios para la radicación de un plan de ajuste a la deuda de $35,000 millones del gobierno central —que se vieron afectados por la crisis del coronavirus— el pacto con los retirados no estuvo sujeto a revisión y, por el contrario, se mejoró.

En 2018, el organismo fiscal vislumbraba recortes de hasta 25% a las pensiones de $600 o más, lo que representaba que el 75% de los pensionados se vería afectado. En 2019, acordaron recortes de 8.5% a las pensiones que superaban los $1,200; el 38% de los pensionados. En 2020, lograron elevar el umbral a pensiones mayores de $1,500, por lo que solo el 26% del total de pensionados verá afectada su pensión.
“Había que llegar a un acuerdo porque era eso o recortes de hasta un 25% al 75% de los pensionados. Ahora, el 74% de los retirados no tendrán recortes, por lo que recibirán una recuperación del 100%. En total, el grupo de acreedores recibe 96 centavos por cada dólar que les debe el gobierno. Son la clase con la acreencia más grande”, señaló el abogado.

Para contextualizar, Castillo detalló que los retirados recibirán una recuperación de 96.1%, mientras que los acreedores de Obligaciones Generales (OG) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) recibirán 74.8%, y los del Sistema de Retiro el 16%.
El abogado aseguró, además, que continúan trabajando para que se eleve el umbral nuevamente —a $2,000— lo que daría paso a una recuperación mayor.

Los recortes son necesarios
Por su parte, Héctor Mayol, también abogado del COR, expresó que aunque aspiran a que los recortes sean menores con el potencial aumento en el umbral, para que se sostenga el acuerdo en el tribunal los recortes son necesarios.
“Dentro de lo usual es que todos pongan una gota de sangre para lograr la aprobación. Debe aparecer en papel algún recorte a las pensiones por más pequeño que sea para que no se pueda objetar que se le está dando un trato preferencial a los retirados”, puntualizó.

En comparación con otras quiebras en Estados Unidos —como es el caso de Detroit— el abogado explicó que aunque no se redujeron las pensiones —porque contaban con el dinero— se eliminaron todos los demás beneficios. “Esto significa que sí hubo recortes, aun cuando la pensión no se tocó”, agregó.

Castillo indicó, además, que aunque el debate público es cero recortes a las pensiones, la realidad del tribunal es otra. “El retirado está pensando en cero recortes sin saber que el riesgo real está en el tribunal. Si nos hubiésemos ido a cero recortes con unos sistemas de retiro sin activos, los recortes serían mayores”, insistió.

Garantías a largo plazo
Castillo enfatizó que el acuerdo provee una serie de garantías para asegurar que si el gobierno central identifica en su presupuesto anual los $70 millones para el pago de las pensiones, se puedan restaurar los beneficios. También procura el pago de las pensiones aun si el gobierno cae en déficit.

“El acuerdo vislumbra una reserva de pensiones con una aportación mínima de $175 millones anuales para los años en que se proyectan superávits. Establece, también, un mecanismo de restitución de pensiones… Si el gobierno se comporta mejor, se pueden restituir en parte o totalmente los recortes de ese año fiscal”, agregó.

El abogado indicó que el COR también logró que la junta mantuviera la aportación de $100 mensuales al plan médico de 139,000 pensionados, elimina de la fórmula de recortes el pago del seguro social, elimina la aportación individual de la fórmula y protege al 93.8% de los empleados activos del gobierno de futuros recortes.

“Cuando el caso empezó, la junta quería ahorrarse 10% o $250 millones del pago a las pensiones que ascienden a $2,500 millones. Ahora, con el acuerdo, el ahorro bajó a $70 millones al año. En un presupuesto de $10,100 millones, $70 millones se pueden encontrar. La junta no tiene una obsesión de afectar a los pensionados”, sostuvo Castillo.

Ante el nuevo plan fiscal certificado por la junta —con el que se proyecta un superávit total de $15,200 millones entre 2022 y 2035— Mayol hizo hincapié en que existe la posibilidad de que se restituyan los beneficios y que por varios años no se vean los recortes.

“Está en el documento un recorte de 8.5%, pero si la economía se comporta positivamente, no se verá inmediatamente”, indicó.

Aunque la proyección es que el plan de ajuste del gobierno se apruebe en o antes del próximo 15 de diciembre, Castillo señaló que el COR acordó con el ente fiscal que los recortes sean efectivos en julio.

“No se van a implementar inmediatamente. Habrá un periodo mínimo de ajuste de seis meses que se puede extender hasta un año”, acotó.


​Fuente: El VOCERO

Tal y como se anticipaba, el 8 de marzo de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó un Plan de Ajuste (PDA), que incluye un cambio favorable para proteger a más retirados de recortes a las pensiones dentro del proceso de bancarrota del Gobierno de Puerto Rico.
 
Como resultado de las negociaciones entre el Comité Oficial de Retirados (COR) y la JSF, el recién presentado PDA aumentó el tope de protección de recortes de $1,200 a $1,500. Es decir, que las pensiones y beneficios de $1,500 o menos al mes quedan completamente protegidos de ajuste alguno.
 
Con este cambio, de los 167,000 pensionados que el COR representa, el 74% no experimentará recorte a su pensión. Solo las pensiones y beneficios mensuales de $1,501 en adelante experimentarían un descuento de un máximo de 8.5%. Las pensiones ajustadas estarían recibiendo una recuperación combinada de 96.10 centavos de cada dólar.
 
Desde el 2017, los integrantes del COR –que provienen de los tres sistemas de retiro que el Comité representa– han reiterado una y otra vez que no quisieran recortes a las pensiones. Sin embargo, ante la realidad de la quiebra de Puerto Rico y la Ley PROMESA, la negociación fue necesaria para reducir los recortes severos (de hasta 25%) y aumentar la cantidad de retirados protegidos de 25% a 74% bajo el umbral de $1,500.  
 
Para conocer si una pensión experimentará o no un posible ajuste, accede a la herramienta de la calculadora en porturetiro.com/calculadora. 

Cuando el gobierno de Puerto Rico radicó quiebra bajo el Título III de la Ley federal PROMESA en mayo de 2017, los sistemas de retiro no tenían dinero para continuar pagando las pensiones y el gobierno no podía continuar operando y brindando servicios a la ciudadanía, si pagaba la deuda.

​Ante esta realidad, los pensionados del gobierno de Puerto Rico estábamos expuestos a recortes severos de 50% o más.  El primer Plan Fiscal certificado por la JSF en marzo 13, 2017, proponía recortar las pensiones, que representan un gasto anual de $2,500 millones, en un 10% para el año fiscal 2020.  Para ello, en el Plan Fiscal Certificado en abril 19, 2018, la Junta detalló su propuesta, que planteaba un recorte de 25% a todas las pensiones sobre $600 mensuales (si el pensionado tenía Seguro Social).  El 75% de los pensionados de los sistemas de retiro del Gobierno Central, Maestros y Judicatura estaba expuesto a recortes, y el 60% de los retirados experimentaría un recorte promedio de 10%.
 
El COR fue nombrado en junio de 2017, precisamente para representar a 167,000 maestros, jueces y servidores públicos retirados del gobierno en los casos de la quiebra de Puerto Rico que se habían radicado en el Tribunal federal. Los deberes y responsabilidades del Comité fueron establecidos por la Corte y su objetivo es proteger los intereses colectivos de los pensionados de Puerto Rico. El COR actúa proactivamente para proteger el bienestar de nuestros constituyentes. Nuestras gestiones han rendido resultados que tienen un impacto positivo en los pensionados, quienes constituimos la clase de acreedores más numerosa y con la deuda más cuantiosa dentro de la quiebra de Puerto Rico.
 
Para hablar con datos concretos, el acuerdo entre el COR y la JSF aumentó el número de retirados sin recortes de 25% (41,750 personas) a 74% (123,580 personas). Todos los retirados con beneficios totales de pensión de $1,500 o menos quedarán fuera de los recortes bajo el Plan de Ajuste que la JSF presentó el 8 de marzo. Asimismo, el COR protegió a los retirados que reciben pensiones mayores, al reducir significativamente el recorte máximo de 25% a 8.5%, negociar un mecanismo de restitución de pensiones que beneficiará a los retirados impactados y establecer un fondo de reserva para las pensiones.   
 
Bajo el Plan de Ajuste, que es el documento que el Tribunal confirmará para que Puerto Rico salga de la quiebra, la recuperación combinada de los retirados es de 96.10 centavos por dólar y por encima de la de los bonistas de Obligaciones Generales, Autoridad de Edificios Públicos y COFINA. Un punto muy importante del acuerdo del COR es que, finalmente, lo retirados tendremos certeza de con cuanto contamos para vivir, porque sus términos serán parte de la sentencia del Tribunal federal, y no de promesas que dependen de factores que están fuera de nuestro control.

Esta columna publicó el 9 de marzo de 2021 en el periódico El Nuevo Día.

La participación del Comité Oficial de Empleados Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) en la evaluación sobre proyectos de ley ante la legislatura está limitada, por su naturaleza como comité oficial dentro de un proceso judicial.

El Comité, que fue nombrado en el 2017 por la Oficina del Síndico de los Estados Unidos, tiene la encomienda de representar a los retirados del gobierno dentro del proceso del ajuste de la deuda de Puerto Rico y el Título III de quiebra bajo la Ley federal PROMESA.

Estamos trabajando dentro de la estructura legal existente para proteger las pensiones y el bienestar de los pensionados en el Tribunal federal. Asimismo, estamos en los casos que están activos en el Tribunal federal para anular los bonos del Sistema de Retiro, y limitar las garantías de esos bonistas. El COR le daría la bienvenida a alternativas viables y sostenibles, tanto en términos legales como económicos, para proteger nuestras pensiones y beneficios ahora y a largo plazo.
​
El acuerdo firmado por el COR con la Junta de Supervisión Fiscal, el cual será parte del Plan de Ajuste de Puerto Rico, mantendrá sin recortes a casi tres cuartas partes de los pensionados del gobierno; establecerá una reserva independiente para asegurar el pago de las pensiones a largo plazo; y creará un mecanismo para eliminar los recortes en años cuando el gobierno identifique los fondos necesarios en el presupuesto del Fondo General.

En su reunión pública del 20 de noviembre de 2020, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó una resolución para reiniciar negociaciones con los acreedores del Gobierno de Puerto Rico. Servirá como base de estas negociaciones una propuesta de nuevos términos para un Plan de Ajuste enmendado, que incluye el posible aumento del umbral para recortar las pensiones de $1,200 mensuales (bajo el acuerdo actual del Comité Oficial de Retirados) a $1,500 mensuales. Es decir que, de ser aprobada esta propuesta, los retirados y beneficiarios de retiro con pensiones y beneficios de hasta $1,500 al mes no experimentarían recortes.
​
El Comité Oficial de Retirados (COR) estima que bajo el umbral de $1,500 al mes el 74% de los retirados en Puerto Rico, o 123,793 individuos, quedaría protegido de recorte alguno. Esto representaría un aumento sustancial de los 102,000 retirados (61.2%) que están protegidos bajo el Plan de Ajuste actual (presentado el 28 de febrero de 2020). El acuerdo entre la Junta y el COR ya limitaría los recortes hasta un máximo de 8.5%, crearía una reserva de pensiones, y establecería un mecanismo de restitución de pensiones conforme al desempeño del gobierno de Puerto Rico.

El COR apoya y defiende la propuesta de aumentar el umbral y estará atento a cualquier oportunidad que surja para mejorar aún más los términos del ajuste a las pensiones. Conforme a directrices de la Juez Laura Taylor Swain, a cargo de la quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la ley federal PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal debería presentar modificaciones al Plan de Ajuste existente, o por lo menos una hoja de términos, el 10 de febrero de 2021.

Las pensiones no pueden experimentar recortes, como resultado de un ajuste de deuda bajo la quiebra, hasta que el Tribunal confirme un Plan de Ajuste. La afectividad de los recortes depende de la fecha en la que se confirme el Plan de Ajuste. Por lo tanto, al momento, el COR no anticipa que los recortes entren en vigor hasta enero de 2022, como temprano.

El 16 de noviembre de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó una petición de los bonistas del Sistema de Retiro para un recurso de “certiorari” sobre si las aportaciones patronales al “PayGo” eran parte de su garantía. Los 167,000 pensionados del gobierno de Puerto Rico fueron representados únicamente por el Comité Oficial de Retirados (COR), organismo que compareció por escrito ante el Supremo en oposición a la petición de los bonistas.

Esto representa una victoria importante para los retirados del gobierno de Puerto Rico, porque protege las aportaciones patronales al “PayGo”. Es decir, los bonistas no podrán cobrar su deuda de $3,000 millones del dinero que el patrono aporta para pagar las pensiones luego de que el gobierno de Puerto Rico radicara quiebra bajo el Título III de la Ley Promesa.

El COR defendió con empeño los intereses de los retirados desde el inicio de la controversia. Los bonistas del Sistema de Retiro argumentaron ante la Juez Swain que tenían derecho sobre los activos de retiro post quiebra, a lo que el Comité Oficial de Retirados se opuso. En junio de 2019, la Juez Swain resolvió que, tras la quiebra, los bonistas habían perdido su gravamen sobre las aportaciones patronales. Esta decisión fue afirmada por el panel de jueces del Primer Circuito en enero de 2020, donde el COR también compareció en defensa de los retirados. 

En su más reciente reporte de estatus del 9 de septiembre de 2020, la Junta de Supervisión Fiscal indicó ante el Tribunal federal que:

• En junio de 2020 certificó su presupuesto para el Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2020-2021 de $22,200 millones. Esto incluye las partidas del fondo general ($10,040 millones), ingresos especiales y fondos federales.

 

• Reinició conversaciones con AAFAF sobre los términos del plan de ajuste y las modificaciones o enmiendas que se tendrían que proponer para el Plan de Ajuste y la Declaración de Divulgación que fueron presentados el 28 de febrero de 2020 para reestructurar $35,000 millones en deuda y cuya discusión quedó en suspenso debido al COVID-19.

 

• Reinició conversaciones formales con los acreedores que son parte del Plan de Ajuste bajo la dirección del equipo de mediación para atender la nueva realidad a raíz de la pandemia del COVID-19.

 

• Junto a sus consultores, está participando de conversaciones con acreedores individuales (que son parte del Plan de Ajuste y otros) y sus asesores.

 
Asimismo, la Junta de Supervisión Fiscal le indicó, al Tribunal que entiende, que es prematuro proponer un calendario para discutir un Plan de Ajuste y Declaración de Divulgación para el deudor (Gobierno de Puerto Rico) debido a que las conversaciones con los acreedores están en su etapa inicial, el estatus de los litigios pendientes en el Tribunal cuyo desenlace podría afectar dichas conversaciones, y las elecciones de noviembre.
 
La Junta estaría presentando un nuevo reporte de estatus en octubre.

El 27 de mayo de 2020, la Junta de Supervisión Fiscal (Junta) presentó y aprobó un Plan Fiscal revisado para Puerto Rico. El documento de 271 páginas presenta nuevas proyecciones económicas a raíz de los huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19, y atempera sus propuestas al nuevo escenario económico. 

Las proyecciones económicas ahora son menos positivas que lo proyectado en el Plan Fiscal de mayo de 2019. El excedente del gobierno se reduce en un 65% entre el 2020 y el 2032. Esto significa que el gobierno tendrá menos dinero para pagar sus obligaciones con los acreedores, entre estos los pensionados, por lo que tendrá que regresar a la mesa de negociación con ciertos grupos de bonistas con los cuales había llegado a acuerdos para revisar su porciento de recuperación.

En el caso de los retirados del Gobierno de Puerto Rico, el Plan Fiscal de la Junta reitera los términos del acuerdo entre el Comité Oficial de Retirados y el ente fiscal de junio de 2019. Bajo dicho acuerdo, se detiene el recorte propuesto por el ente fiscal de hasta un 25% para 75% de los retirados y se reemplaza por un ajuste máximo de 8.5%. Asimismo, se protege al 61% de los pensionados de recorte alguno, el seguro social y la contribución mensual de $100 para el plan médico (para aquellos retirados que aun reciben este beneficio). 

Asimismo, el Plan Fiscal revisado retrasa cualquier modificación a las pensiones hasta enero de 2022. Es importante saber que, para que ocurra un ajuste a las pensiones, primero la Junta de Supervisión Fiscal tiene que presentar un Plan de Ajuste y Declaración de Divulgación. Luego, habrá vistas públicas para discutir la información contenida en la Declaración de Divulgación, que es el documento que detallará la reestructuración de las obligaciones. Finalmente, los acreedores, incluyendo los retirados, tendrán la oportunidad de votar a favor o en contra del Plan de Ajuste.