El 26 de marzo de 2019, el Tribunal Apelativo del Primer Circuito de Boston afirmó la orden del Tribunal de Distrito Federal del 30 de enero de 2018 que desestimó la demanda radicada por algunos bonistas de Obligaciones Generales (GOs) en el caso adversativo ACP Master, Ltd. 

En su demanda los bonistas de GOs alegaron que tenían prioridad y derecho de propiedad sobre ciertos “ingresos restringidos” y solicitaron, entre otros remedios, una sentencia declaratoria que ordenara que dichos ingresos solamente podían ser utilizados para pagarles a los bonistas de GOs.

El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico intervino para afirmar argumentos a favor de los pensionados.

El COR argumentó, tanto por escrito como en presentaciones orales ante el Tribunal de Distrito federal y el Tribunal de Apelaciones en Boston, que la demanda de los bonistas de GOs debería de ser desestimada porque era prematura, un intento inapropiado para acelerar el proceso de desarrollar un plan de ajuste bajo la ley PROMESA, y una interferencia impropia con el ejercicio de sus poderes del gobierno de Puerto Rico.

La opinión del Primer Circuito incorporó muchos de los argumentos del COR.

El COR, que representa a 167,000 pensionados del Gobierno de Puerto Rico en la quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la ley PROMESA, continuará abogando por los retirados.

El COR invita a todos los pensionados del gobierno de Puerto Rico a mantenerse informados, a través de su página web www.porturetiro.com o su página de Facebook sobre el impacto potencial de los procedimientos de Título III sobre sus pensiones y beneficios de pensión; y la eventual presentación de un Plan de Ajuste.
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Para más detalles sobre la demanda y la opinión del Tribunal de Distrito Federal oprime aquí o descarga el documento adjunto. 

Por Carmen Haydeé Núnez, integrante del COR
​Publicada en El Nuevo Día




Después de años de sacrificio y dedicación al servicio público, los pensionados del Gobierno de Puerto Rico estamos actualmente enfrentando grandes incertidumbres sobre nuestro futuro económico ante el posible recorte de nuestras pensiones.

Es importante que todos los pensionados sepamos que no estamos solos en esta lucha para defender nuestras pensiones.

Hace 20 meses contamos con el apoyo del Comité Oficial de Retirados (COR), del cual soy parte con otros siete compañeros pensionados. Dicho comité fue creado por designación del Síndico Federal de quiebras y ratificado por el Tribunal Federal para representar y defender nuestros beneficios de pensión bajo el Título III de PROMESA.

El Tribunal Federal reconoció la importancia y la necesidad de que los 167,000 retirados del gobierno de Puerto Rico tuviéramos una voz. Una voz fuerte que defendiera los derechos que adquirimos a través de nuestra trayectoria laboral, durante la cual dimos nuestros mejores años y esfuerzos al servicio del pueblo.

El COR es un organismo oficial nombrado por el Tribunal Federal con la intención de agotar todas las herramientas legales disponibles en su lucha por las pensiones. Hablamos en nombre de la comunidad de pensionados del Gobierno de Puerto Rico en las vistas judiciales y otros procedimientos legales en protección de nuestros intereses y bienestar colectivos.

La decisión reciente del Tribunal de Apelaciones Federal del Primer Distrito de Boston, en la cual declara inconstitucional el nombramiento de los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), no impacta de ninguna manera las funciones del COR, ni el estatus de nuestras pensiones.

Desde nuestra designación, el COR ha estado trabajando, dando la batalla intensamente de manera estratégica, con astucia y con firmeza. Nuestra estrategia no se trata de hacer ruido, sino de dar pasos afirmativos que provoquen resultados a favor de la comunidad de pensionados.

El COR no busca protagonismo mediático, sino soluciones concretas y a largo plazo. Por nuestra naturaleza como organismo del Tribunal Federal, tenemos que cumplir con estrictas reglas que muchas veces limitan nuestra comunicación pública.

Actualmente, el COR está enfocando sus energías y recursos en los procesos dentro de los tribunales, donde nos toca dar una batalla firme para que nuestros reclamos prevalezcan. Trabajamos diligentemente para construir estrategias y argumentos de defensa sólidos para lograr que se respeten nuestros derechos y pensiones.

Recuerden que ninguno de nosotros está solo en esta batalla. El COR fue creado para defender nuestros intereses. La quiebra de Puerto Rico y el ajuste de la deuda son parte de un caso complejo, largo y muy técnico, por lo que no podemos anticipar su tiempo de duración, ni su desenlace.

Es preciso aclarar que las pensiones no pueden sufrir modificaciones hasta que el Tribunal Federal radique una orden confirmando un Plan de Ajuste Fiscal para el gobierno. Será a través del COR que sabrás cómo y cuándo votar sobre dicho Plan de Ajuste.

Ahora más que nunca, exhorto a toda la comunidad de pensionados a que registre su información con el COR para recibir información sobre la JSF, la ley PROMESA y temas relevantes a las pensiones y nuestros beneficios de pensión. Recuerden que rendirnos no es una opción. ¡Seguimos en batalla!

Para registrar tu información, haz clic aquí. También puedes seguirnos en Facebook en Comité Oficial de Retirados.

El 15 de febrero de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston emitió un fallo donde establece que el nombramiento de los integrantes de la Junta Fiscal para Puerto Rico (JSF), creada bajo PROMESA, es inconstitucional porque no fueron nominados por el Presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado federal.
 
Es importante indicar que esta decisión no desestima el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la ley PROMESA.
 
La decisión del Tribunal de Apelaciones tampoco invalida las acciones de la JSF hasta el momento, y expresamente reitera que el fallo no impacta de manera alguna la validez de las acciones anteriores de la JSF. La decisión del Primer Circuito entrará en vigor en 90 días, término durante el cual la actual JSF puede continuar en sus funciones.
 
Existe la posibilidad de que ambas partes en este caso –la JSF, y los bonistas, quienes perseguían la desestimación de los casos de Título III– acudan al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que revise esta decisión. Esto, porque ninguna de las partes obtuvo todo lo que pretendía en el Tribunal de Primer Circuito.
 
Las partes tienen 90 días para pedirle al Tribunal Supremo una revisión del caso, a menos que se solicite una extensión. Si el Supremo aceptara la petición para ver el caso, no escucharía los argumentos, ni emitiría una decisión hasta la próxima sesión, la cual comienza en octubre del 2019, aunque existe la probabilidad que el Tribunal pueda acelerar el proceso. Si el Tribunal Supremo accede a ver el caso, podría mantener el aplazamiento que les permite a los integrantes de la JSF seguir actuando.
 
El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) continuará evaluando el impacto de esta decisión en la comunidad de retirados y su significado para el futuro financiero de Puerto Rico. El COR es la voz de los 167,000 retirados del Gobierno de Puerto Rico y representante de sus importantes intereses particulares como el colectivo de acreedores más numeroso en los casos de Título III.
 
Ahora más que nunca, es importante que te registres gratis y de manera confidencial en el Directorio Informativo del COR haciendo clic aquí para mantenerte al tanto del futuro de la JSF y la ley PROMESA, en lo que concierne a tu pensión y otros asuntos relacionados con las mismas.

El Comité Oficial de Empleados Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) expresó su inconformidad por la decisión del Tribunal del Primer Circuito de Apelaciones, que dispuso que los bonistas del Sistema de Retiro cuentan con un gravamen perfeccionado, a la fecha de radicación de su quiebra bajo el Título III de PROMESA (21 de mayo de 2017).

En cuanto a esta última decisión, los abogados del COR estarán analizando diferentes alternativas conforme a la ley.

Miguel J. Fabre Ramírez, presidente del COR, explicó que “quedan muchos otros asuntos presentados por el COR y el Sistema de Retiro ante el Tribunal de Distrito que tienen que ser resueltos por la Juez Laura Taylor Swain”.

Asimismo, Fabre indicó que “si se resuelven favorablemente los otros asuntos presentados se puede evitar que los bonistas ejerzan sus gravámenes sobre los activos del Sistema de Retiro o el sistema Pay Go”.

El Comité Oficial de Retirados continuará presentando todos los argumentos legales apropiados sobre esos asuntos ante el Tribunal de Distrito y los tribunales de apelaciones, para proteger los intereses de los retirados y beneficiarios del Sistema de Retiro.

Sobre el COR
El COR, que fue nombrado por el Síndico de los Estados Unidos en junio de 2017, representa a los retirados del gobierno de Puerto Rico en los casos de Título III bajo la ley federal PROMESA. El Comité representa exclusivamente los intereses colectivos de los pensionados del Sistema de Retiro Central, el Sistema de Retiro de los Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura.

El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico radicó ante el Tribunal una objeción al acuerdo de COFINA, a nombre de los 167,000 retirados del Gobierno.

Dicha objeción está basada en que el acuerdo carece de una restricción sobre una nueva emisión de COFINA, que tiene que estar sujeta al límite de deuda constitucional de Puerto Rico. Sin esta salvaguarda, el Comité Oficial de Retirados no puede respaldar el Acuerdo, ya que podría dar paso que se repita la historia, y una vez más el Gobierno de Puerto Rico evada el límite de la deuda constitucional y se ponga en riesgo nuevamente el pago de las pensiones.
 
Por otro lado, el Comité solicitó al Tribunal que no aprobará el acuerdo de COFINA hasta tanto el Comité pueda realizar descubrimiento de evidencia, para evaluar los méritos del acuerdo de COFINA.

Esta petición es necesaria por la incertidumbre que crean los continuos cambios por parte de la Junta de Supervisión Fiscal de los planes fiscales, lo que hace imprescindible investigar si el acuerdo de COFINA deja suficientes fondos al Gobierno de Puerto Rico para cumplir con sus obligaciones.

El Comité Oficial de Retirados (COR), compuesto por retirados del Gobierno de Puerto Rico, continua su lucha activa en todos los foros pertinentes en defensa de los intereses colectivos de los 167,000 pensionados del gobierno, nuestras pensiones y beneficios de pensión.

Con este propósito y para asegurar que el gobierno tenga más fondos disponibles en el fondo general para pagar las pensiones, estamos litigando en contra de los bonistas del Sistema de Retiro de Empleados (SRE). El COR defiende que se sostenga una decisión reciente del Tribunal.

Este caso es importante porque, de mantenerse la decisión de la Juez Swain, los gravámenes de los bonistas sobre los activos del SRE podrían ser descalificados por la Junta de Supervisión Fiscal, y estos recursos estarían disponibles para que el gobierno de Puerto Rico pueda cumplir con nosotros, los pensionados del servicio público.
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En agosto de 2018, el Tribunal de Distrito emitió una opinión y orden estableciendo que los gravámenes de los bonistas del Sistema de Retiro de Empleados (SRE), sobre los activos de dicho sistema (que los bonistas del SRE indicaron aseguraban más de $3,000 millones de deuda), no se perfeccionaron y pueden ser evitados (descalificados) por la Junta de Supervisión Fiscal. Los bonistas del SRE apelaron la determinación del Tribunal de Distrito al Tribunal del Primer Circuito.

El 19 de octubre de 2018, el Comité Oficial de Empleados Retirados presentó un memorando de derecho en el caso, argumentando que se sostenga la decisión del Tribunal, porque los gravámenes de los bonistas del SRE no fueron perfeccionados y porque PROMESA y la Ley aplicable de Puerto Rico, le otorga a la Junta de Supervisión Fiscal la habilidad de evitar los gravámenes. Se espera que el Tribunal del Primer Circuito celebre una vista oral sobre la apelación.

El Comité Oficial de Empleados Retirados continuará informando a la comunidad de retirados sobre esta importante apelación.

Una copia del escrito del Comité se incluye aquí para descargar:

San Juan, Puerto Rico – [23 de octubre de 2018] La Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico (JSF) certificó un nuevo Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico. El más reciente Plan Fiscal contiene las mismas medidas de ajuste a las pensiones presentadas en los planes anteriores que dictan una reducción promedio a las pensiones de 10% y, en algunos casos, de mucho más.

Miguel Fabre, presidente del Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR), dijo que “el Comité está decepcionado porque la JSF continua proponiendo planes fiscales que no proveen los recursos necesarios para pagar las pensiones, y así cumplir con el requisito de PROMESA”.

​Al explicar el impacto del Plan Fiscal, Fabre indicó que “es importante que los retirados entendamos que el Plan Fiscal no cambia las pensiones. Cualquier reducción, si alguna, solo puede entrar en vigor mediante un Plan de Ajuste confirmado por la Corte de Distrito federal, y el COR continuará abogando por los derechos de los 167,000 servidores públicos retirados en los casos de Título III ante el Tribunal de Distrito”.

 
Sobre el COR
El COR, que fue nombrado por el Síndico de los Estados Unidos en junio de 2017, representa a los retirados del gobierno de Puerto Rico en los casos de Título III bajo la ley federal PROMESA. El Comité representa exclusivamente los intereses colectivos de los pensionados del Sistema de Retiro Central, el Sistema de Retiro de los Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura.

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La ley federal PROMESA incluye ciertas secciones del Código de Quiebras que proveen para el nombramiento de comités de acreedores con intereses colectivos similares. Esto para asegurar la representación adecuada de los intereses colectivos de esos acreedores.

En el caso de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico, bajo el Título III de PROMESA, hay dos comités: (1) el Comité de Acreedores No Asegurados; (2) el Comité Oficial de Empleados Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR).  

Los integrantes del COR fueron seleccionados por el Síndico Federal. Para formar el COR, el Síndico Federal consideró solicitudes de retirados individuales y llevó a cabo entrevistas.

​El 15 de junio de 2017, el Síndico Federal radicó una “Notificación de Nombramiento” en el Tribunal de Distrito, en la cual se identificaron los integrantes nombrados al COR.  

​Soy pensionada del Gobierno de Puerto Rico. Soy hija, madre y abuela que con mi pensión aporto al sustento de mi familia. También soy parte del Comité Oficial de Retirados (COR), que fue nombrado por el Síndico Federal para defender las pensiones de los retirados del gobierno de Puerto Rico en los casos de Título III bajo Promesa para reestructurar la deuda del gobierno.

Al igual que todos los demás pensionados, me preocupa el futuro de las pensiones y el bienestar colectivo de nuestra comunidad de retirados. El caso de quiebra ante el Tribunal Federal es complicado, delicado y difícil. Con cientos de partes implicadas en la controversia principal, es un caso que no puede ser despachado de un día para otro, por lo que anticipamos tomará tiempo en llegar su fin. Esta realidad provoca incertidumbre, desesperanza y desánimo entre las partes involucradas, en especial nosotros, los pensionados.

Garantizo que el COR está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para defender los intereses colectivos de los retirados y sus pensiones. El COR está trabajando arduamente para convencer a todas las partes involucradas de que la reducción de las pensiones no es el camino correcto. Optar por la reducción de las pensiones, tal y como lo ha propuesto la Junta de Supervisión Fiscal, sería negativo para el desarrollo económico de Puerto Rico y causaría el empobrecimiento de uno de los sectores más importantes y vulnerables del país.

El COR cuenta con un equipo de trabajo de excelencia y altamente profesional que goza de mucha credibilidad y respeto. Más aún, es un equipo de profesionales comprometido y apasionado por la causa y fiel a sus esfuerzos en defensa de los pensionados. Nuestro equipo reconoce el valor de la aportación de los retirados al desarrollo de Puerto Rico y los sacrificios hechos para al final de la jornada gozar de una pensión segura.

Todos sabemos que Puerto Rico atraviesa por momentos de grandes tribulaciones y situaciones difíciles. Sin embargo, no nos podemos dejar caer. Nosotros, los adultos mayores, somos una parte esencial de una sociedad saludable.

Tenemos abundante capacidad para aportar elementos valiosos y somos un poderoso motor de actividad económica. Tirar la toalla no es una opción. Los retirados tenemos el deber de continuar luchando y de ser parte de la solución en el asunto de las pensiones.

​Hoy te pido que tengas paciencia. Los pensionados somos de naturaleza fajona dentro y fuera de la fuerza laboral. Veo este momento como uno histórico en el que nos tenemos que fajar una vez más para lograr el bienestar de nuestras pensiones y nuestra comunidad. Estamos obligados a seguir la batalla hasta el final, sin importar el tiempo que tome.

Si aún no te has registrado en el Directorio Informativo del COR, hazlo ahora haciendo clic aquí. 

El 15 de agosto de 2018 la Jueza Laura Taylor Swain emitió una Opinión y Orden que es muy importante para los retirados del Gobierno de Puerto Rico.

​Esta decisión se fundamenta en los reclamos de los Bonistas del Sistema de Retiro, quienes aseguraban tener un gravamen válido y perfeccionado sobre los activos del Sistema de Retiro y las contribuciones del “PayGo” de parte de los patrones.

La jueza Swain concurrió con los argumentos presentados por el Comité Oficial de Retirados (COR) en defensa de los 167,000 retirados del Gobierno de Puerto Rico, sus pensiones y beneficios.
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En síntesis, la determinación de la Jueza Swain estipula que:       

• Los Bonistas del Sistema de Retiro no tienen un interés perfeccionado sobre los activos del Sistema de Retiro. Es decir, que no tienen un gravamen válido sobre este dinero.
• La Junta de Supervisión Fiscal tiene la autoridad para descalificar los gravámenes de los Bonistas del Sistema de Retiro conforme al Código de Quiebras.

El COR continua su lucha en defensa de los retirados del Gobierno de Puerto Rico, sus pensiones y beneficios.

Si quieres leer la Opinión y Orden de la Jueza Swain, descárgala aquí: