Nota editada: El sábado, 24 de julio de 2021, el Tribunal federal aprobó una moción presentada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para cambiar el calendario de la semana. Las nuevas fechas son: 

27 de julio - Fecha límite para que la JSF entregue la sexta Declaración de Información (DI) enmendada
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28 de julio - Fecha límite para que las partes entreguen objeciones a la DI

29 de julio - Vista de aprobación de la DI

25 de agosto (o 28 días después de aprobarse la DI) - Comienza el periodo de votaciones, con el envío por correo de los materiales para votar

Las fechas en el calendario están sujetas a cambios según el progreso del caso en el Tribunal federal.​

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en su función de síndico del gobierno de Puerto Rico en la quiebra bajo el Título III de la Ley federal PROMESA, tiene hasta el domingo, 25 de julio a las 9:00 a.m. para presentar el sexto Plan de Ajuste enmendando y su Declaración de Información (DI). Se anticipa que ese Plan y DI incluirán los términos de los acuerdos en principio que la JSF anunció con las aseguradoras de bonos Ambac Assurance y FGIC; y que atenderán las recomendaciones que hizo la Jueza Laura Taylor Swain, quien está a cargo de la quiebra.

Tras dos días de vistas (el 13 y 14 de julio), la Jueza le indicó a la JSF que tiene que explicar lo que significa para los acreedores que el gobierno de Puerto Rico no respalde el Plan y no apruebe legislación para habilitar las nuevas emisiones de bonos para ajustar la deuda.

La vista reanudará el martes, 27 de julio para discutir la DI relacionada con el Plan de Ajuste enmendado. Si la Jueza aprueba esa DI y ordena continuar con el proceso de votación sobre el Plan de Ajuste, entonces los acreedores –incluyendo los retirados de los sistemas de Retiro Central, Maestros y Judicatura con pensiones mensuales de $1501.00 o más– votarán sobre el Plan.

Hasta ahora, el periodo de votaciones comenzaría el 10 de agosto (con el envío por correo de los materiales para votar) y terminaría el 4 de octubre (que es la fecha límite para recibir las boletas de votación). Además, esta semana, el Tribunal radicó una orden donde indica que las vistas de confirmación del Plan de Ajuste comenzarían el 8 de noviembre.

El Comité Oficial de Retirados (COR) exhorta a que todos los retirados con pensión y beneficios de $1,501.00 o más al mes que pertenezcan a los sistemas de Retiro Central, Maestros y Judicatura se aseguren de que su información de contacto esté al día en la Administración de los Sistemas de Retiro, para que puedan recibir por correo postal el material para votar. Para comunicarse con la Administración de los Sistemas de Retiro pueden llamar al 787.754.4545, o visitar la página web www.retiro.pr.gov.

La quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley federal PROMESA ha comenzado el principio de su final. Esto quiere decir que el proceso para reestructurar la deuda de Puerto Rico con bonistas y otros acreedores –como los retirados– y salir de la quiebra ya entró en su última etapa. Una vez terminada la quiebra, comenzará el conteo regresivo para la salida de la Junta de Supervisión Fiscal, y para que Puerto Rico recupere el control sobre sus ingresos y gastos.
 
La Junta de Supervisión Fiscal, que fue creada bajo PROMESA en el 2016 y actúa como el síndico del gobierno, radicó quiebra en nombre del gobierno de Puerto Rico y algunas de sus instrumentalidades en el 2017. Bajo el proceso de la quiebra, el deudor –que es el gobierno– está reestructurando lo que les debe a los acreedores mediante acuerdos que reducirían la carga de la deuda pública. Mientras dure la quiebra, hay una paralización automática, que es un remedio judicial que detiene los casos por cobro de dinero, y el pago de la deuda. Esto quiere decir que la mayoría de los acreedores –con excepción de los pensionados, cuyas pensiones se continúan pagando del Fondo General– no está cobrando, ni pueden llevar un caso por cobro de dinero en contra del gobierno en el Tribunal.
 
Conforme al proceso de una quiebra, esta terminará cuando el Tribunal federal confirme un Plan de Ajuste. El Plan de Ajuste es el documento que dice cuánto y cómo se le pagará a cada grupo de acreedores y que incorpora los diferentes acuerdos de apoyo al plan que la Junta, en nombre del gobierno de Puerto Rico, ha firmado con diferentes grupos de acreedores, incluyendo el Comité Oficial de Retirados (COR). El Comité es un organismo oficial creado por el Síndico de los Estados Unidos dentro de la quiebra, para representar a 167,000 jubilados de los Sistemas de Retiro Central, Maestros y Judicatura.
 
La ruta hacia la confirmación de un Plan de Ajuste
 
El Plan de Ajuste se radica junto a una Declaración de Información o Divulgación. Este es un documento complejo y extenso donde se incluyen todos los detalles de cada uno de los acuerdos con los acreedores, y el tratamiento que se les dará a los acreedores que no tienen un acuerdo.
 
El 11 de mayo, la Junta presentó el Tercer Plan de Ajuste Enmendado y la Declaración de Información. Este es el tercero porque la Junta puede radicar todos los planes de ajuste que sean necesarios para incorporar acuerdos adicionales con grupos de acreedores. El calendario de la quiebra indica que el 13 de julio comenzaría la vista para discutir la Declaración de Información y que la Jueza Laura Taylor Swain, quien preside el caso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico, le dé el visto bueno y la confirme. La vista puede durar varios días, dependiendo de cuánta objeción enfrente la Declaración de Información por parte de los acreedores. Los retirados están recibiendo una Notificación del Tribunal por correo postal, donde se les comunica sobre la presentación de la Declaración de Información y la fecha de la vista.
 
Cuando el Tribunal apruebe la Declaración de Información, entonces, los grupos afectados dentro de la quiebra votarán sobre el Plan de Ajuste. El proceso de votación lo manejará Prime Clerk, que es la empresa que la Junta contrató para enviar por correo los sobres con los materiales de votación (incluyendo información sobre el Plan de Ajuste y la Declaración de Información, instrucciones de cómo votar, papeleta de votación, y sobre pre dirigido con sello para devolver la papeleta por correo) y contar los votos. El COR está activo en el proceso de definir los materiales que los retirados recibirán para asegurarse que la información esté clara, y que el proceso de votación sea fácil y accesible para todos los retirados.
 
Aprobación y vigencia del Plan de Ajuste
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Para que el Plan de Ajuste sea aprobado por los acreedores y pueda llegar al escritorio de la Jueza Taylor Swain para su consideración, se requiere que por lo menos un grupo de acreedores vote a favor. Los votos se contarán por grupos de acreedores, porque cada grupo tiene un acuerdo específico. Para que un voto a favor o en contra del Plan cuente, más de la mitad de los votos emitidos tiene que ser por la misma opción, y representar 2/3 partes de la deuda de dicho grupo.
 
La Jueza Taylor Swain será la responsable de evaluar el Plan de Ajuste conforme a los criterios de si es viable, justo y de buena fe. Por ello, el Plan de Ajuste no puede discriminar o favorecer a un grupo en específico. Si algún acreedor entendiera que el Plan es muy generoso con algún grupo, entonces puede impugnarlo en el Tribunal.
 
Aunque la Junta ha dicho que quisiera que el Plan de Ajuste entre en función el 15 de diciembre, el proceso pudiese enfrentar oposición por parte de algunos acreedores que no tienen acuerdo con la Junta, lo que causaría retrasos en el calendario. Por lo tanto, no se puede decir con certeza cuándo comenzará su vigencia.
 
El Comité Oficial de Retirados exhorta a todos los retirados de los sistemas de retiro Central, Maestros y Judicatura a mantenerse informados sobre el proceso y las acciones del COR a través de la página web porturetiro.com y Facebook: Comité Oficial de Retirados. También les invitamos a registrarse en el Directorio Informativo del COR para recibir boletines de noticias sobre el caso, y a usar la calculadora de las pensiones en la página web para conocer si su pensión está protegida bajo el acuerdo del COR (las pensiones de $1,500 al mes o menos no experimentarán recortes).

Este artículo fue escrito por el COR y publicado en la edición de junio-julio del periódico Plenitud Dorada.

Moción: Respuesta limitada a la Moción sobre los Procedimientos del Plan de Ajuste, radicada por la Junta de Supervisión Fiscal

En síntesis, en esta moción, el COR le solicita al Tribunal federal que clarifique, en cualquier orden aprobando la Moción sobre los Procedimientos del Plan, que cualquier limitación impuesta en dicha orden a la participación de los acreedores no le aplique al COR, y que indique que la definición de “Acreedor Elegible” incluye a cualquier comité oficial, haya o no radicado una objeción inicial al Plan de Ajuste. Esto con el fin de asegurarse de que el COR pueda participar completamente en representación de los retirados en cualquier ataque al Plan de Ajuste y a los términos del acuerdo con los retirados; y en el proceso para confirmar el Plan de Ajuste.


Moción: Respuesta limitada a la Moción para Solicitar el Voto sobre el Plan de Ajuste, radicada por la Junta de Supervisión Fiscal

El COR propone cambios a la Moción para Solicitar el Voto sobre el Plan de Ajuste con el objetivo de que los retirados puedan tomar una decisión informada al votar por el Plan de Ajuste, y facilitar que los retirados puedan emitir su voto a tiempo. Estos cambios son: 

• Dividir la clase de retirados (48 A) en seis: (1) retirados del Sistema de Retiro Central sobre el tope de protección de $1,500; (2) retirados del Sistema de Retiro Central por debajo del tope de protección; (3) maestros retirados sobre el tope de protección; (4) maestros retirados por debajo del tope de protección; (5) jueces retirados sobre el tope de protección; y (6) jueces retirados por debajo del tope de protección.
• Proveer una notificación sencilla a los retirados no afectados (por debajo del tope de protección de $1,500) que pertenecen a los sistemas de retiro Central y de Maestros.
• Proveer ciertas guías que maximicen la eficiencia de la operación de un “centro de llamadas”.
• Añadir ubicaciones para depositar la boleta de votación en persona, para asegurar que estas sean accesibles para los retirados.
• Establecer una dirección postal en Puerto Rico para enviar el voto.

Asimismo, en dicha moción, el COR informa sobre los acuerdos a los que ha llegado con la Junta de Supervisión Fiscal sobre sus propuestas y las modificaciones que se harán:

• Dividir la clase de retirados (48 A) en por lo menos tres clases: (1) Sistema de Retiro Central, (2) Sistema de Retiro de Maestros y (3) Sistema de Retiro de la Judicatura.
• Ponderar el tamaño de la reclamación de cada retirado a la hora de calcular el voto en base al total de beneficios mensuales.
• Incluir una copia física de una carta explicando el acuerdo negociado entre el COR y la Junta de Supervisión Fiscal en los materiales de votación que se les entreguen a los retirados.
• Crear una boleta de votación sencilla para los retirados.
• Aumentar la frecuencia y el itinerario de los anuncios de la Junta de Supervisión Fiscal para mantener informada a la comunidad de pensionados sobre los procedimientos de votación. 

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El 18 de mayo de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal notificó a los acreedores en el caso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico que el 13 de julio presentará ante el Tribunal federal una Declaración de Divulgación para el tercer Plan de Ajuste enmendado. La Declaración de Divulgación o de Información es el documento que acompaña el Plan de Ajuste y que describe en detalle los acuerdos con los distintos acreedores.

Los retirados de los sistemas de retiro Central, Maestros y Judicatura –que están recibiendo la notificación como acreedores del gobierno de Puerto Rico–  no tienen que tomar acción sobre dicho documento, salvo que tengan una reclamación en contra del gobierno por una deuda aparte de su pensión.

El Comité Oficial de Retirados (COR), que fue nombrado por la Oficina del Síndico de los Estados Unidos en junio de 2017 para representar de manera colectiva la reclamación de los retirados como clase de acreedores dentro de la quiebra del gobierno bajo el Título III de la Ley federal PROMESA, comparecerá ante el Tribunal para representar y proteger los intereses de los retirados y sus beneficios de pensión.

Para más información sobre el tercer Plan de Ajuste enmendado, la Declaración de Divulgación, el proceso de la quiebra bajo el Título III de PROMESA y las acciones del COR para proteger a los retirados y sus beneficios de pensión, visita www.porturetiro.com, registra tu información de contacto en el Directorio Informativo del COR, síguenos en Facebook en Comité Oficial de Retirados, y escucha el programa de radio informativo “El Comité Oficial de Retirados Informa” que se transmite todos los jueves de 9:00 p.m. a 10:00 p.m. por NotiUno 630 AM.

Solo el 26% del total de pensionados vería afectada su pensión


Christian G. Ramos Segarra, EL VOCERO


El acuerdo que alcanzó el Comité Oficial de Retirados (COR) con la Junta de Control Fiscal les permitirá a los pensionados gubernamentales la recuperación de 96.1% de cada dólar —la más alta entre los grupos de acreedores en la reestructuración de la deuda gubernamental— y evitará recortes al 74% de los retirados activos.

Francisco del Castillo, abogado del COR, explicó a EL VOCERO que a diferencia de los demás acuerdos necesarios para la radicación de un plan de ajuste a la deuda de $35,000 millones del gobierno central —que se vieron afectados por la crisis del coronavirus— el pacto con los retirados no estuvo sujeto a revisión y, por el contrario, se mejoró.

En 2018, el organismo fiscal vislumbraba recortes de hasta 25% a las pensiones de $600 o más, lo que representaba que el 75% de los pensionados se vería afectado. En 2019, acordaron recortes de 8.5% a las pensiones que superaban los $1,200; el 38% de los pensionados. En 2020, lograron elevar el umbral a pensiones mayores de $1,500, por lo que solo el 26% del total de pensionados verá afectada su pensión.
“Había que llegar a un acuerdo porque era eso o recortes de hasta un 25% al 75% de los pensionados. Ahora, el 74% de los retirados no tendrán recortes, por lo que recibirán una recuperación del 100%. En total, el grupo de acreedores recibe 96 centavos por cada dólar que les debe el gobierno. Son la clase con la acreencia más grande”, señaló el abogado.

Para contextualizar, Castillo detalló que los retirados recibirán una recuperación de 96.1%, mientras que los acreedores de Obligaciones Generales (OG) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) recibirán 74.8%, y los del Sistema de Retiro el 16%.
El abogado aseguró, además, que continúan trabajando para que se eleve el umbral nuevamente —a $2,000— lo que daría paso a una recuperación mayor.

Los recortes son necesarios
Por su parte, Héctor Mayol, también abogado del COR, expresó que aunque aspiran a que los recortes sean menores con el potencial aumento en el umbral, para que se sostenga el acuerdo en el tribunal los recortes son necesarios.
“Dentro de lo usual es que todos pongan una gota de sangre para lograr la aprobación. Debe aparecer en papel algún recorte a las pensiones por más pequeño que sea para que no se pueda objetar que se le está dando un trato preferencial a los retirados”, puntualizó.

En comparación con otras quiebras en Estados Unidos —como es el caso de Detroit— el abogado explicó que aunque no se redujeron las pensiones —porque contaban con el dinero— se eliminaron todos los demás beneficios. “Esto significa que sí hubo recortes, aun cuando la pensión no se tocó”, agregó.

Castillo indicó, además, que aunque el debate público es cero recortes a las pensiones, la realidad del tribunal es otra. “El retirado está pensando en cero recortes sin saber que el riesgo real está en el tribunal. Si nos hubiésemos ido a cero recortes con unos sistemas de retiro sin activos, los recortes serían mayores”, insistió.

Garantías a largo plazo
Castillo enfatizó que el acuerdo provee una serie de garantías para asegurar que si el gobierno central identifica en su presupuesto anual los $70 millones para el pago de las pensiones, se puedan restaurar los beneficios. También procura el pago de las pensiones aun si el gobierno cae en déficit.

“El acuerdo vislumbra una reserva de pensiones con una aportación mínima de $175 millones anuales para los años en que se proyectan superávits. Establece, también, un mecanismo de restitución de pensiones… Si el gobierno se comporta mejor, se pueden restituir en parte o totalmente los recortes de ese año fiscal”, agregó.

El abogado indicó que el COR también logró que la junta mantuviera la aportación de $100 mensuales al plan médico de 139,000 pensionados, elimina de la fórmula de recortes el pago del seguro social, elimina la aportación individual de la fórmula y protege al 93.8% de los empleados activos del gobierno de futuros recortes.

“Cuando el caso empezó, la junta quería ahorrarse 10% o $250 millones del pago a las pensiones que ascienden a $2,500 millones. Ahora, con el acuerdo, el ahorro bajó a $70 millones al año. En un presupuesto de $10,100 millones, $70 millones se pueden encontrar. La junta no tiene una obsesión de afectar a los pensionados”, sostuvo Castillo.

Ante el nuevo plan fiscal certificado por la junta —con el que se proyecta un superávit total de $15,200 millones entre 2022 y 2035— Mayol hizo hincapié en que existe la posibilidad de que se restituyan los beneficios y que por varios años no se vean los recortes.

“Está en el documento un recorte de 8.5%, pero si la economía se comporta positivamente, no se verá inmediatamente”, indicó.

Aunque la proyección es que el plan de ajuste del gobierno se apruebe en o antes del próximo 15 de diciembre, Castillo señaló que el COR acordó con el ente fiscal que los recortes sean efectivos en julio.

“No se van a implementar inmediatamente. Habrá un periodo mínimo de ajuste de seis meses que se puede extender hasta un año”, acotó.


​Fuente: El VOCERO

Tal y como se anticipaba, el 8 de marzo de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó un Plan de Ajuste (PDA), que incluye un cambio favorable para proteger a más retirados de recortes a las pensiones dentro del proceso de bancarrota del Gobierno de Puerto Rico.
 
Como resultado de las negociaciones entre el Comité Oficial de Retirados (COR) y la JSF, el recién presentado PDA aumentó el tope de protección de recortes de $1,200 a $1,500. Es decir, que las pensiones y beneficios de $1,500 o menos al mes quedan completamente protegidos de ajuste alguno.
 
Con este cambio, de los 167,000 pensionados que el COR representa, el 74% no experimentará recorte a su pensión. Solo las pensiones y beneficios mensuales de $1,501 en adelante experimentarían un descuento de un máximo de 8.5%. Las pensiones ajustadas estarían recibiendo una recuperación combinada de 96.10 centavos de cada dólar.
 
Desde el 2017, los integrantes del COR –que provienen de los tres sistemas de retiro que el Comité representa– han reiterado una y otra vez que no quisieran recortes a las pensiones. Sin embargo, ante la realidad de la quiebra de Puerto Rico y la Ley PROMESA, la negociación fue necesaria para reducir los recortes severos (de hasta 25%) y aumentar la cantidad de retirados protegidos de 25% a 74% bajo el umbral de $1,500.  
 
Para conocer si una pensión experimentará o no un posible ajuste, accede a la herramienta de la calculadora en porturetiro.com/calculadora. 

Cuando el gobierno de Puerto Rico radicó quiebra bajo el Título III de la Ley federal PROMESA en mayo de 2017, los sistemas de retiro no tenían dinero para continuar pagando las pensiones y el gobierno no podía continuar operando y brindando servicios a la ciudadanía, si pagaba la deuda.

​Ante esta realidad, los pensionados del gobierno de Puerto Rico estábamos expuestos a recortes severos de 50% o más.  El primer Plan Fiscal certificado por la JSF en marzo 13, 2017, proponía recortar las pensiones, que representan un gasto anual de $2,500 millones, en un 10% para el año fiscal 2020.  Para ello, en el Plan Fiscal Certificado en abril 19, 2018, la Junta detalló su propuesta, que planteaba un recorte de 25% a todas las pensiones sobre $600 mensuales (si el pensionado tenía Seguro Social).  El 75% de los pensionados de los sistemas de retiro del Gobierno Central, Maestros y Judicatura estaba expuesto a recortes, y el 60% de los retirados experimentaría un recorte promedio de 10%.
 
El COR fue nombrado en junio de 2017, precisamente para representar a 167,000 maestros, jueces y servidores públicos retirados del gobierno en los casos de la quiebra de Puerto Rico que se habían radicado en el Tribunal federal. Los deberes y responsabilidades del Comité fueron establecidos por la Corte y su objetivo es proteger los intereses colectivos de los pensionados de Puerto Rico. El COR actúa proactivamente para proteger el bienestar de nuestros constituyentes. Nuestras gestiones han rendido resultados que tienen un impacto positivo en los pensionados, quienes constituimos la clase de acreedores más numerosa y con la deuda más cuantiosa dentro de la quiebra de Puerto Rico.
 
Para hablar con datos concretos, el acuerdo entre el COR y la JSF aumentó el número de retirados sin recortes de 25% (41,750 personas) a 74% (123,580 personas). Todos los retirados con beneficios totales de pensión de $1,500 o menos quedarán fuera de los recortes bajo el Plan de Ajuste que la JSF presentó el 8 de marzo. Asimismo, el COR protegió a los retirados que reciben pensiones mayores, al reducir significativamente el recorte máximo de 25% a 8.5%, negociar un mecanismo de restitución de pensiones que beneficiará a los retirados impactados y establecer un fondo de reserva para las pensiones.   
 
Bajo el Plan de Ajuste, que es el documento que el Tribunal confirmará para que Puerto Rico salga de la quiebra, la recuperación combinada de los retirados es de 96.10 centavos por dólar y por encima de la de los bonistas de Obligaciones Generales, Autoridad de Edificios Públicos y COFINA. Un punto muy importante del acuerdo del COR es que, finalmente, lo retirados tendremos certeza de con cuanto contamos para vivir, porque sus términos serán parte de la sentencia del Tribunal federal, y no de promesas que dependen de factores que están fuera de nuestro control.

Esta columna publicó el 9 de marzo de 2021 en el periódico El Nuevo Día.

La participación del Comité Oficial de Empleados Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) en la evaluación sobre proyectos de ley ante la legislatura está limitada, por su naturaleza como comité oficial dentro de un proceso judicial.

El Comité, que fue nombrado en el 2017 por la Oficina del Síndico de los Estados Unidos, tiene la encomienda de representar a los retirados del gobierno dentro del proceso del ajuste de la deuda de Puerto Rico y el Título III de quiebra bajo la Ley federal PROMESA.

Estamos trabajando dentro de la estructura legal existente para proteger las pensiones y el bienestar de los pensionados en el Tribunal federal. Asimismo, estamos en los casos que están activos en el Tribunal federal para anular los bonos del Sistema de Retiro, y limitar las garantías de esos bonistas. El COR le daría la bienvenida a alternativas viables y sostenibles, tanto en términos legales como económicos, para proteger nuestras pensiones y beneficios ahora y a largo plazo.
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El acuerdo firmado por el COR con la Junta de Supervisión Fiscal, el cual será parte del Plan de Ajuste de Puerto Rico, mantendrá sin recortes a casi tres cuartas partes de los pensionados del gobierno; establecerá una reserva independiente para asegurar el pago de las pensiones a largo plazo; y creará un mecanismo para eliminar los recortes en años cuando el gobierno identifique los fondos necesarios en el presupuesto del Fondo General.

En su reunión pública del 20 de noviembre de 2020, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó una resolución para reiniciar negociaciones con los acreedores del Gobierno de Puerto Rico. Servirá como base de estas negociaciones una propuesta de nuevos términos para un Plan de Ajuste enmendado, que incluye el posible aumento del umbral para recortar las pensiones de $1,200 mensuales (bajo el acuerdo actual del Comité Oficial de Retirados) a $1,500 mensuales. Es decir que, de ser aprobada esta propuesta, los retirados y beneficiarios de retiro con pensiones y beneficios de hasta $1,500 al mes no experimentarían recortes.
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El Comité Oficial de Retirados (COR) estima que bajo el umbral de $1,500 al mes el 74% de los retirados en Puerto Rico, o 123,793 individuos, quedaría protegido de recorte alguno. Esto representaría un aumento sustancial de los 102,000 retirados (61.2%) que están protegidos bajo el Plan de Ajuste actual (presentado el 28 de febrero de 2020). El acuerdo entre la Junta y el COR ya limitaría los recortes hasta un máximo de 8.5%, crearía una reserva de pensiones, y establecería un mecanismo de restitución de pensiones conforme al desempeño del gobierno de Puerto Rico.

El COR apoya y defiende la propuesta de aumentar el umbral y estará atento a cualquier oportunidad que surja para mejorar aún más los términos del ajuste a las pensiones. Conforme a directrices de la Juez Laura Taylor Swain, a cargo de la quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la ley federal PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal debería presentar modificaciones al Plan de Ajuste existente, o por lo menos una hoja de términos, el 10 de febrero de 2021.

Las pensiones no pueden experimentar recortes, como resultado de un ajuste de deuda bajo la quiebra, hasta que el Tribunal confirme un Plan de Ajuste. La afectividad de los recortes depende de la fecha en la que se confirme el Plan de Ajuste. Por lo tanto, al momento, el COR no anticipa que los recortes entren en vigor hasta enero de 2022, como temprano.