El 18 de enero de 2022, la Jueza Laura Taylor Swain, quien preside el caso de reestructuración de la deuda bajo el Título III de la Ley federal PROMESA, aprobó el octavo Plan de Ajuste enmendado (el Plan) para el gobierno de Puerto Rico. Respecto a las pensiones de los retirados del Retiro Central, Maestros y Jueces dicho Plan establece que:
​

1. Los beneficios de pensión mensual acumulados, los bonos de verano, navidad y medicinas, y la aportación mensual para el plan médico que los retirados estén recibiendo cuando el Plan entre en vigor – posiblemente a mediados de marzo – NO serán modificados. Es decir, que ningún retirado experimentará cambios en el ingreso de pensión mensual y los bonos que recibe actualmente, no importa la cantidad. 
   
   
2. Se creará un Fideicomiso de Pensiones para desarrollar un fondo de reserva financiado por el Gobierno para asegurar el pago de las pensiones bajo el sistema de PayGo, aun cuando los ingresos del Gobierno bajen. Cuando el Plan entre en vigor, el gobierno tendrá que comenzar a cumplir con las siguientes aportaciones: pago inicial y único de $5 millones para sufragar los gastos administrativos del fondo, pagos de $175 millones al año, como mínimo, por un término de 10 años, y pagos anuales adicionales atados al desempeño de los ingresos que reciba el Gobierno en el año fiscal.
   
   
3. Se crearán dos organismos: un Consejo de Beneficios, mayormente compuesto por retirados electos, para velar que el gobierno cumpla con los términos del Fideicomiso para financiar y retirar los fondos de reserva; y una Junta de Pensiones separada del gobierno, que estará compuesta por cinco miembros, para administrar e invertir el dinero. Inicialmente, el Consejo de Beneficios nombrará a dos de los miembros de la Junta de Pensiones; mientras que, los otros tres serán nombrados por la Rama Ejecutiva (2) y la Junta de Supervisión Fiscal (1). Cuando la Junta de Supervisión Fiscal deje de existir, esa silla será nombrada por el Consejo de Beneficios, que en ese momento nombrará a tres de los cinco miembros.
   
   
4. Se formará un Consejo de Beneficios de Transición compuesto mayormente por retirados. Dicho consejo comenzará a funcionar el mismo día que el Plan confirmado entre en vigor y tendrá la función de nombrar los miembros de la Junta de Pensiones y llevar a cabo la votación para que los pensionados elijan a los retirados que serán parte del Consejo permanente.

 

La Jueza Laura Taylor Swain como parte de la confirmación del Plan de Ajuste de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley PROMESA, concluyó que:

1. El tratamiento de cero recortes que están recibiendo los retirados del gobierno de Puerto Rico es justo y equitativo, y no discrimina injustamente en contra de otras clases de acreedores que están recibiendo recortes. Esta conclusión está basada mayormente en los hallazgos del estudio realizado por el profesor de MIT, Dr. Simon Johnson, el cual fue comisionado y sometido como prueba pericial ante el Tribunal federal por el Comité Oficial de Retirados (COR) para apoyar y defender un Plan de Ajuste sin recortes. En su memorándum, la Juez Swain cita las siguientes partes del estudio del profesor Johnson y los memorandos de derecho presentados por el COR:

• Cualquier recorte a las pensiones de los empleados retirados del gobierno de Puerto Rico tendría un impacto negativo sobre la economía de Puerto Rico porque los retirados representan una parte significativa del consumo local.
• Los ahorros que generarían los recortes a las pensiones no justifican los daños que causarían en la economía, incluyendo: posible desestabilización de las proyecciones económicas de Puerto Rico, aumento en la emigración, y complicaciones para que Puerto Rico en el futuro.
• Casi la mitad de los retirados reciben pensiones que los ubica por debajo del nivel de pobreza federal de ingresos de $11,880 al año para un hogar de una sola persona. 
• Los retirados ya han experimentado reducciones sustanciales en sus pensiones y, excepto por los jueces, no han recibido un ajuste por el costo de vida desde el 2008. 
• Muchos retirados, tales como policías, maestros y jueces, no reciben Seguro Social.
• El ingreso bruto de los aproximadamente 167,00 empleados retirados del gobierno representa el 6.4% de los gastos por hogar en la isla y 5.8% del ingreso nacional bruto de Puerto Rico.
• Reducir las pensiones tendría un impacto macroeconómico significativo en la economía puertorriqueña en general.  
• Debido al efecto dominó que tiene en la economía cada dólar que un retirado deja de gastar, la reducción en el ingreso de un retirado de $1.00 tiene un impacto mayor en el gasto total, lo que se conoce como el multiplicador fiscal.  
• Cuando le aplicamos el multiplicador fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal, el recorte a las pensiones causaría - en el futuro cercano - la pérdida de 1,600 trabajos en la Isla y una reducción del PNB de 0.2%. Un multiplicador fiscal más alto indicaría un impacto económico negativo mayor con la perdida de 6,300 empleos en la isla y una reducción del PNB de 0.6%. 
• Considerando la alta tasa de emigración que hay en la Isla, incluyendo un aumento en la emigración de retirados desde el 2016, los recortes a las pensiones pudiesen forzar que más retirados se muden a uno de los estados para estar con familiares cuando ya no puedan mantener su vida en Puerto Rico. Si la emigración aumenta, el impacto negativo en la economía sería mayor porque los retirados gastarían su dinero fuera de Puerto Rico.

2. El Plan de Ajuste incluye la creación de un Fondo de Reserva para el pago de las pensiones. El mismo conlleva aportaciones anuales del gobierno de Puerto Rico al Fideicomiso del Fondo de Reserva de Pensiones (conforme al Plan de Ajuste, el Fondo de Reserva de Pensiones recibirá una aportación inicial de $5 millones en la fecha efectiva del plan, aportaciones anuales básicas de $175 millones por 10 años, y aportaciones adicionales sujetas a los ingresos del gobierno. Se estima que el Fondo de Reserva de Pensiones recibirá un total de $2,400 millones en pagos del gobierno por un término de 10 años, periodo durante el cual se espera que el gobierno recibirá ingresos superiores a los proyectados en el Plan Fiscal). El memorándum de la Jueza Swain subraya que el Fideicomiso del Fondo de Reserva de Pensiones será manejado por profesionales independientes de forma que se mantenga alejado y separado de influencias políticas o económicas.  

Antes de que termine enero, el Tribunal federal –que preside la Jueza Laura Taylor Swain– pudiese confirmar el Plan de Ajuste que le permitirá al gobierno de Puerto Rico reestructurar sus obligaciones y salir de la quiebra.

Bajo ese Plan, los beneficios de pensión mensual acumulados por los retirados del sector público quedarían intactos, y se establecería un Fideicomiso para crear un Fondo de Reserva de Pensiones que ayudaría a pagar las pensiones cuando no haya dinero suficiente en el Fondo General. Ese Fideicomiso se nutriría de aportaciones del gobierno de Puerto Rico de por lo menos $175 millones al año por 10 años, y sería administrado por una Junta compuesta mayormente por pensionados electos, quienes contratarán a profesionales con experiencia administrando sistemas de retiro.

​La Junta de Supervisión Fiscal tenía hasta el viernes, 14 de enero de 2022 para entregar un Plan de Ajuste revisado con los cambios que ordenó la Jueza Laura Taylor Swain para poder confirmarlo.