El Tribunal Federal emitió una orden estableciendo los plazos y procedimientos para presentar las reclamaciones por deudas en los casos de Título III del Gobierno de Puerto Rico. La orden, también conocida como Orden Para Establecer la Fecha Límite, establece el 29 de junio de 2018 como la fecha límite para radicar dichas reclamaciones.

Dicha orden, NO aplica a los beneficios de pensiones u otros beneficios de retiro, por lo tanto, los pensionados no tienen que presentar una reclamación.

Según la orden, NO están obligados a presentar una reclamación de deuda sobre pensiones u otros beneficios de retiro:

• Empleados retirados y activos, y exempleados del Gobierno de Puerto Rico; o cualquier deudor del Título III
• Cualquier persona que sea participe de un plan de pensiones administrado por el Gobierno de Puerto Rico o cualquier otro deudor bajo el Título III

• Cualquier beneficiario de cualquiera de los deudores antes mencionados

Cabe mencionar que la orden del Tribunal Federal para establecer la fecha límite del 29 de junio del 2018, podría aplicar a otras reclamaciones no relacionadas con los beneficios de retiro de los pensionados públicos, tales como: reintegros de contribuciones y demandas por daños, entre otras.

​Si usted entiende que tiene ese tipo de reclamación contra el Gobierno de Puerto Rico u otro deudor bajo Título III, revise cuidadosamente la orden para que pueda determinar si la fecha límite le aplica a alguna otra de sus reclamaciones.

San Juan, PR – El 24 de enero del 2018, el Gobierno de Puerto Rico sometió su nuevo Plan Fiscal para Puerto Rico, el cual enmienda el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en marzo de 2017, para incluir el impacto económico de los huracanes Irma y María. El lunes, 5 de febrero de 2018, la JSF emitió unas declaraciones en respuesta al Plan Fiscal enmendado. A pesar del impacto devastador de los huracanes Irma y María sobre la población de retirados y los demás residentes de Puerto Rico, la JSF reiteró de manera inalterable su posición de marzo de 2017, que establecía que el Plan Fiscal debería incluir (entre otras cosas) recortes de aproximadamente 10% a las obligaciones de pensiones acumuladas. Asimismo, las expresiones de la JSF sugieren que lo recortes deberán ser ejecutados de manera progresiva según el monto de los beneficios de pensión.

“Las expresiones de la JSF sirven para enfatizar la importancia del Comité, y nuestro compromiso de agotar todos los recursos disponibles para defender de manera contundente las pensiones acumuladas en Puerto Rico. El Comité está trabajando en estos asuntos específicos junto al Gobierno de Puerto Rico y otras entidades que han manifestado expresamente su deseo de proteger las pensiones acumuladas y otros beneficios de los retirados públicos”, señaló José Marín, presidente del COR.

El Comité Oficial de Empleados Retirados (COR) del Gobierno de Puerto Rico fue autorizado y nombrado por el Síndico de los Estados Unidos para representar los intereses colectivos de sobre 160,000 retirados pensionados en los procesos de Título III para restructurar la deuda de Puerto Rico bajo la Ley Federal PROMESA.