Tal y como se anticipaba, el 8 de marzo de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) radicó un Plan de Ajuste (PDA), que incluye un cambio favorable para proteger a más retirados de recortes a las pensiones dentro del proceso de bancarrota del Gobierno de Puerto Rico.
 
Como resultado de las negociaciones entre el Comité Oficial de Retirados (COR) y la JSF, el recién presentado PDA aumentó el tope de protección de recortes de $1,200 a $1,500. Es decir, que las pensiones y beneficios de $1,500 o menos al mes quedan completamente protegidos de ajuste alguno.
 
Con este cambio, de los 167,000 pensionados que el COR representa, el 74% no experimentará recorte a su pensión. Solo las pensiones y beneficios mensuales de $1,501 en adelante experimentarían un descuento de un máximo de 8.5%. Las pensiones ajustadas estarían recibiendo una recuperación combinada de 96.10 centavos de cada dólar.
 
Desde el 2017, los integrantes del COR –que provienen de los tres sistemas de retiro que el Comité representa– han reiterado una y otra vez que no quisieran recortes a las pensiones. Sin embargo, ante la realidad de la quiebra de Puerto Rico y la Ley PROMESA, la negociación fue necesaria para reducir los recortes severos (de hasta 25%) y aumentar la cantidad de retirados protegidos de 25% a 74% bajo el umbral de $1,500.  
 
Para conocer si una pensión experimentará o no un posible ajuste, accede a la herramienta de la calculadora en porturetiro.com/calculadora. 

Cuando el gobierno de Puerto Rico radicó quiebra bajo el Título III de la Ley federal PROMESA en mayo de 2017, los sistemas de retiro no tenían dinero para continuar pagando las pensiones y el gobierno no podía continuar operando y brindando servicios a la ciudadanía, si pagaba la deuda.

​Ante esta realidad, los pensionados del gobierno de Puerto Rico estábamos expuestos a recortes severos de 50% o más.  El primer Plan Fiscal certificado por la JSF en marzo 13, 2017, proponía recortar las pensiones, que representan un gasto anual de $2,500 millones, en un 10% para el año fiscal 2020.  Para ello, en el Plan Fiscal Certificado en abril 19, 2018, la Junta detalló su propuesta, que planteaba un recorte de 25% a todas las pensiones sobre $600 mensuales (si el pensionado tenía Seguro Social).  El 75% de los pensionados de los sistemas de retiro del Gobierno Central, Maestros y Judicatura estaba expuesto a recortes, y el 60% de los retirados experimentaría un recorte promedio de 10%.
 
El COR fue nombrado en junio de 2017, precisamente para representar a 167,000 maestros, jueces y servidores públicos retirados del gobierno en los casos de la quiebra de Puerto Rico que se habían radicado en el Tribunal federal. Los deberes y responsabilidades del Comité fueron establecidos por la Corte y su objetivo es proteger los intereses colectivos de los pensionados de Puerto Rico. El COR actúa proactivamente para proteger el bienestar de nuestros constituyentes. Nuestras gestiones han rendido resultados que tienen un impacto positivo en los pensionados, quienes constituimos la clase de acreedores más numerosa y con la deuda más cuantiosa dentro de la quiebra de Puerto Rico.
 
Para hablar con datos concretos, el acuerdo entre el COR y la JSF aumentó el número de retirados sin recortes de 25% (41,750 personas) a 74% (123,580 personas). Todos los retirados con beneficios totales de pensión de $1,500 o menos quedarán fuera de los recortes bajo el Plan de Ajuste que la JSF presentó el 8 de marzo. Asimismo, el COR protegió a los retirados que reciben pensiones mayores, al reducir significativamente el recorte máximo de 25% a 8.5%, negociar un mecanismo de restitución de pensiones que beneficiará a los retirados impactados y establecer un fondo de reserva para las pensiones.   
 
Bajo el Plan de Ajuste, que es el documento que el Tribunal confirmará para que Puerto Rico salga de la quiebra, la recuperación combinada de los retirados es de 96.10 centavos por dólar y por encima de la de los bonistas de Obligaciones Generales, Autoridad de Edificios Públicos y COFINA. Un punto muy importante del acuerdo del COR es que, finalmente, lo retirados tendremos certeza de con cuanto contamos para vivir, porque sus términos serán parte de la sentencia del Tribunal federal, y no de promesas que dependen de factores que están fuera de nuestro control.

Esta columna publicó el 9 de marzo de 2021 en el periódico El Nuevo Día.