Durante los últimos meses hemos escuchado a diferentes sectores del país hablar sobre el grupo de pensionados de Puerto Rico. Analicemos la realidad de este sector, que se compone de 167,000 funcionarios públicos ya retirados.

Los pensionados del gobierno de Puerto Rico levantaron la economía de nuestro pueblo.  Dieron sus años productivos confiando que al momento de su jubilación contarían con un ingreso justo, basado en parte en sus aportaciones económicas al Sistema de Retiro. Este diseño o fórmula representaba estabilidad y seguridad. Muchos decidieron servirle al pueblo de Puerto Rico con salarios menores a otros sectores de la economía, debido a la seguridad de ingresos que representaban las pensiones.

La realidad es que durante la compleja situación fiscal por la que atraviesa Puerto Rico hace más de una década, las pensiones y beneficios han sufrido reducciones drásticas. Los pensionados que se retiraron en o antes del 30 de junio de 2013 vieron sus beneficios reducidos en $500 y los que se retiraron posterior al 1 de julio de 2013 vieron una reducción de $1,200.00 al año más la eliminación del bono de Navidad ($600.00), el bono de verano ($100.00) y el bono de medicamentos ($100.00). Además, desde el 2007 los pensionados no reciben el ajuste por costo de vida trienal de 3%, lo que representa una reducción adicional en beneficios y menor rendimiento del ingreso de las pensiones a medida que los costos aumentan. 

Asimismo, todos los empleados del gobierno central que se retiren en el futuro recibirán pensiones sustancialmente menores a las existentes como consecuencia de las reformas.  

El perfil y rol del pensionado puertorriqueño es único.  A menudo son el principal ingreso del componente familiar.  Con sus ingresos mantienen a sus familias, pagan los cuidos y estudios de sus nietos, cuidan a sus padres ya envejecientes, y aportan al ingreso de sus hijos mayores quienes han sido impactados por el desempleo o bajos salarios. 

La Junta de Supervisión Fiscal en su más reciente plan fiscal ha señalado la necesidad de recortar las pensiones en un promedio de un 10%, lo que podría significar reducciones de hasta un 25%. El impacto de dicha medida en nuestra ya maltrecha economía sería severo, ya que es dinero que se elimina de la corriente económica afectando así las contribuciones al fisco y los ingresos por actividad comercial a través de todos los renglones económicos. Los recortes propuestos también acentuarían la vulnerabilidad de los pensionados haciéndolos dependientes de múltiples servicios y programas que ofrece el gobierno de Puerto Rico, sobre los cuales se desconoce el impacto económico que tendrían al erario público, frustrando así los supuestos ahorros en la nómina de pensión.

Es patentemente injusto que, a los pensionados y empleados públicos, quienes recibieron severos recortes en sus beneficios mientras a los bonistas y otros acreedores del gobierno se les pagaba el 100% de las obligaciones, se les impongan reducciones adicionales.  Estamos en espera que la Junta de Supervisión Fiscal explique las razones para insistir en las reducciones propuestas. La posición de la Junta no se justifica, los pensionados y empleados públicos ya aportaron sustancialmente para la recuperación fiscal de Puerto Rico.

El autor es el Presidente del Comité Oficial de Retirados ante el Tribunal Federal, Miguel J. Fabre Ramírez, nombrado por el síndico para representar a más de 167,000 retirados del gobierno de Puerto Rico en el caso ante la jueza Laura Taylor Swain. Fabre Ramírez se desempeñó como juez superior y presidió la Asociación de Jubilados de la Judicatura de Puerto Rico.

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