​La juez federal, Laura Taylor Swain, emitió una decisión bien favorable para los retirados. El asunto sobre el cual la juez Swain decidió, trata sobre qué derechos tienen los bonistas del Sistema de Retiro Central (Retiro) sobre los dineros que surgieron tras la radicación de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico.

Los bonistas de Retiro entienden que ellos tienen un gravamen sobre todos los fondos que los municipios y el Gobierno de Puerto Rico utilizan para pagar las pensiones –también conocidos como los pagos de Pay-Go.

Los bonistas de Retiro argumentaron que, debido a que los fondos que se utilizan para financiar el sistema de Pay-Go son similares a las contribuciones patronales que antes le pagaban al Sistema de Retiro, ellos tienen un gravamen sobre las contribuciones patronales y, por ende, sobre los pagos de Pay-Go.
 
Si el argumento de los bonistas de Retiro fuera correcto, significaría que los fondos disponibles para pagar las pensiones tendrían que aumentar $3,800 millones, para así poder pagar dichos bonos. Esto sería negativo para el Gobierno de Puerto Rico y para los retirados.
 
En representación de los retirados, el COR argumentó en contra de los bonistas de Retiro.

La juez Swain determinó a favor de uno de nuestros argumentos y concluyó que los bonistas de Retiro perdieron sus gravámenes sobre todas las contribuciones patronales que surgieron en o después del 17 de mayo de 2017 (fecha en la que el Sistema de Retiro radicó su petición de quiebra bajo el Título III).

Aunque la juez Swain no atendió el argumento de los bonistas de Retiro sobre su gravamen sobre los pagos de Pay-Go, si los bonistas de Retiro no tienen un gravamen sobre las contribuciones patronales (que claramente están cubiertas por los documentos de su préstamo), es más probable que la corte decida que no tienen un gravamen sobre los pagos de Pay-Go. Entonces, esto significa que:
 
1. No habría reclamaciones que compitan en contra de los pagos de Pay-Go por parte de los bonistas de Retiro.
 
2. Para cobrar, los bonistas de Retiro solamente podrán recurrir al fondo de $300 millones que existe en el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno.
 
3. El Gobierno de Puerto Rico tiene una reclamación para recuperar aproximadamente $100 millones en contribuciones patronales pagadas al Sistema de Retiro, luego del 17 de mayo del 2017.

Anticipamos que los bonistas de Retiro apelarán esta decisión, por lo que la misma no será final por algún tiempo. Sin embargo, la decisión de hoy es muy positiva para los retirados y el Gobierno de Puerto Rico.
 
El abogado principal del Comité de Oficial de Retirados (COR), Robert Gordon, socio del Bufete Jenner & Block, catalogó esta decisión del tribunal como una “muy importante y apropiada”. Añadió que  “con esta decisión, el acuerdo tentativo entre el COR y la Junta de Supervisión Fiscal y acuerdos entre el organismo fiscal con otros acreedores, parece que se está desarrollando el impulso necesario para un Plan de Ajuste para Puerto Rico”. 

El COR aclara las preguntas más comunes que los pensionados tienen con relación al acuerdo tentativo negociado entre el comité y la Junta de Supervisión Fiscal. 

​¿Quiénes no recibirían recortes?

Bajo el acuerdo tentativo negociado por el COR, aquellos pensionados con beneficios de pensión (sin incluir la aportación al Plan Médico) de $1,200 o menos, no recibirán recortes. Por ende, este acuerdo protege al 61% de los pensionados de los Sistemas de Retiro Central, Sistema de Retiro para Maestros y Sistema de Retiro de la Judicatura.


¿El recorte se aplica hasta llegar al umbral?

Sí. Una vez se eliminen los bonos y se aplique el 8.5%, la reducción nunca puede bajar la compensación mensual de un retirado a menos de $1,200 al mes.
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¿Todas las pensiones se reducirían hasta llegar al umbral de $1,200?
 
No es correcto que todas las pensiones se van a reducir hasta llegar a $1,200. La cantidad de $1,200 es un umbral de protección. Las pensiones sobre el umbral van a recibir una modificación de acuerdo con la fórmula, pero ninguna pensión va a recibir un recorte mayor que el 8.5% incluyendo los bonos (si los recibe). Tampoco se pueden reducir a una cantidad menor a $1,200.

 
¿El recorte propuesto es al exceso del umbral de $1,200? 

No. Si la pensión y bonos prorrateados a 12 meses ($25 mensual para jubilados – excepto jueces) no exceden $1,200 al mes, el pensionado no recibe recortes. Si la compensación excede $1,200, se eliminan los bonos primero para ver si la persona llega a $1,200. Si la persona todavía excede los $1,200, se aplica una reducción de 8.5% de la pensión total.


¿Por qué el recorte sería fijo y no escalonado?

En términos legales y prácticos, el COR entiende que un recorte escalonado no es viable. Como consecuencia de esto, bajo el acuerdo tentativo negociado por el COR se logró limitar el recorte máximo a un 8.5%, que es significativamente más bajo que el recorte máximo del 25% propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal propone en el Plan Fiscal certificado en mayo de 2019.

Los pensionados que reciben un total de beneficios de pensión de entre $1,200 y $1,300 al mes, aproximadamente, experimentarían recortes menores que el 8.5%. Esto con el fin de asegurar que las pensiones no bajen del umbral de $1,200 luego de los recortes, y para ser consistentes con el enfoque del COR de reducir el impacto en la población más vulnerable de pensionados.

De llevarse a cabo un recorte, se calculará solo una vez. Asimismo, luego del ajuste, los beneficios de pensión serían protegidos de cualquier menoscabo futuro.


¿Es cierto que el acuerdo tentativo beneficia solo a quienes tienen pensiones más altas?

El acuerdo tentativo negociado por el COR tiene un impacto variado sobre los distintos pensionados, dependiendo de los beneficios que reciben como retirados. Sin embargo, no es correcto decir que este favorece a las personas con pensiones más altas. El acuerdo tentativo propone aumentar –de 45,000 a 102,000– la cantidad de pensionados protegidos en su totalidad de los recortes, que son los que tienen los beneficios de pensión más bajos.  


¿Por qué los pensionados que recibieron ajustes anteriores por reformas de retiro y otras leyes obtendrían un recorte adicional?

Durante el proceso de negociación con la Junta de Supervisión Fiscal, el COR enfatizó de manera enérgica y consistente que los pensionados ya habían experimentado una reducción de beneficios significativa como consecuencia de leyes de reformas anteriores. Entendemos que este planteamiento contribuyó de manera significativa a que se pudieran obtener resultados favorables para proteger de todo recorte a 102,000 pensionados y se redujera el impacto de recortes propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal, que alcanzarían hasta el 25%.


¿Por qué a los maestros y policías retirados –que no reciben Seguro Social– no se les brinda un trato especial?

Uno de los objetivos principales de este acuerdo es proteger de cualquier recorte a la gran mayoría posible de pensionados. Por ende, se aumentó el umbral de recorte a $1,200 en lugar de $600, como propone el Plan Fiscal. Esto protegerá a 60,000 pensionados más, que no recibirían ajustes en sus pensiones y que son en su mayoría maestros, policías y empleados de gobierno retirados.
 
Por un asunto legal bajo la ley PROMESA –y como uno práctico, también–, entendemos que sería difícil proponer tratos diferentes o “especiales” para grupos diversos de pensionados a base del ingreso que reciben que no esté relacionado con las pensiones.

Además, negociamos para excluir el Seguro Social de la fórmula de recorte, porque escuchamos a la comunidad de pensionados, quien expuso de manera consistente no incluirlo, puesto que es un beneficio separado que fue pagado por los pensionados durante su carrera activa. Del mismo modo, sería complejo determinar cuál es el ingreso de Seguro Social que cada individuo recibe o estará recibiendo, y entendemos que existe un argumento sólido acerca de que el Seguro Social es teóricamente igual a otras formas de ingreso adicional, difícil para evaluar en cada caso individual.

¿Cómo este acuerdo afecta a los empleados activos del Gobierno de Puerto Rico?

El acuerdo solo afecta a los empleados activos que al 3 de mayo de 2017 tenían acumulado un beneficio de pensión definida como participantes del Sistema de Retiro de los Empleados de Gobierno, para Maestros y de la Judicatura, y que estos beneficios excedan la cantidad de $1,200 al mes. Por lo tanto, aproximadamente, el 88% de los empleados activos de los sistemas de retiro Central, Maestros y Judicatura estará protegido en su totalidad de cualquier ajuste a los beneficios de pensión definida.

 
¿Por qué negociaron si el Gobernador está en desacuerdo con el recorte a las pensiones? 

El COR tiene un deber de fiducia de representar los mejores intereses de los retirados, y hemos negociado el mejor acuerdo posible que: disminuye considerablemente los recortes de la Junta de Supervisión Fiscal; protege al 61% de los retirados de recibir recortes; y crea una reserva de pensiones y restauración de beneficios, entre otros. Hemos evaluado no negociar y llevar el caso hasta sus últimas consecuencias, pero hay un riesgo de litigación, y los pensionados pueden terminar recibiendo los recortes mayores establecidos en el Plan Fiscal.

Bajo la Ley PROMESA, es la Junta de Supervisión Fiscal, no el Gobernador, el que presenta el Plan de Ajuste. En el Plan de Ajuste se dispone cómo se les pagará a los acreedores, y el Tribunal determinará si aprueba el mismo. Aunque no dudamos de la buena fe del Gobernador, por la forma en que está articulada PROMESA y por la naturaleza del proceso de quiebra, no tenemos garantías de que pueda cumplir con su prometido de cero recortes a los pensionados, si nos levantamos de la mesa de negociación. 

Cabe destacar que, si el Gobernador logra negociar mejores términos para los pensionados con la Junta de Supervisión Fiscal, el COR los aceptaría.
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¿Qué tiene que ocurrir para que este acuerdo entre en vigor y cuándo comenzaría?

​Primero, la Junta de Supervisión Fiscal tiene que presentar un Plan de Ajuste que contenga la propuesta de modificación de beneficios conforme al acuerdo negociado por el COR. Luego, los acreedores afectados, entre estos los pensionados cuyos beneficios de pensión sobrepasan el umbral de $1,200 al mes, tendrán la oportunidad de votar por el Plan de Ajuste.

​Solo el Tribunal Federal es quien puede aprobar dicho documento.

En cuanto a la fecha, el recorte a las pensiones no comenzaría hasta por lo menos el 1 de julio de 2020, como temprano. 

Por Joanisabel González, El Nuevo Día

A pesar de que el gobierno se opone a cualquier recorte a las pensiones, la jueza de distrito federal que atiende los casos de Título III, Laura Taylor Swain, catalogó el acuerdo que alcanzó el Comité Oficial de Retirados (COR) con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), al igual que los pactos con la Asociación de Maestros de Puerto Rico y el Sindicato de Servidores Públicos Unidos, como un paso significativo en el proceso de reestructurar la deuda de Puerto Rico.

Swain reconoció que podrá haber opositores a tales acuerdos, pero sostuvo que las propuestas demuestran que ha habido “enfoque” de las partes hacia encontrar una solución en torno a las múltiples y complejas acreencias de la isla.
 
En el caso del acuerdo con el COR, el pacto atendería la obligación más grande que encara el gobierno central.

Aquí un vistazo de los aspectos más importantes que afectarán a los retirados, si en efecto, el pacto se integra al plan de ajuste de deudas del gobierno central.

1. ¿Cuándo entrarán en vigor los recortes que se pactaron entre el COR y la JSF?
Los recortes entrarían en vigor el 1 de julio de 2020 o el 1 de julio después de la fecha en que la jueza Swain confirme el plan de ajuste del gobierno central bajo el Título III de Promesa.

2. ¿Qué significa beneficio de pensión?
La JSF considera que el beneficio de un pensionado va más allá de la paga quincenal que recibe el jubilado. El ente federal determina el beneficio de la pensión sumando a la paga al jubilado, los bonos de navidad, medicamentos o de verano. Al hacer esa sumatoria, la JSF divide por 12 meses, el monto de cada bono que recibe el jubilado y de esa forma, establece la pensión mínima exenta de recortes en $1,200 al mes. La aportación que hace al gobierno para el plan médico no se incluye en la sumatoria.

3. ¿Quién estará sujeto a los recortes?
Todo pensionado, que sumando la pensión y los bonos de navidad, medicamentos y verano, devengue más de $1,200 al mes o $14,400 al año. Ello implicaría que del total de 167,000 jubilados, unos 65,000 verían un ajuste en sus pensiones.

4. ¿Cómo se aplicará el recorte?
En lugar de la propuesta de la JSF que apostaba a un recorte inicial de 25%, la fórmula establece que el recorte máximo será de 8.5% y se aplicará primero en el bono de navidad. Si con el ajuste de ese bono se alcanza el 8.5% de ajuste, el resto de los bonos o pensión no se modifican. Si por el contrario, se requiere cumplir con el tope de 8.5%, se ajustarán los demás bonos y por último, la paga quincenal, de ser necesario.
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5. ¿Qué pensionados se afectan con este acuerdo?
El pacto entre el COR y la JSF incide únicamente en los jubilados de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), tanto del gobierno como de la Judicatura y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM). El acuerdo no afecta a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y tampoco sobre aquellos de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

• El acuerdo tentativo protegerá a más del 61%, o sobre 102,000 de los pensionados actuales de recorte alguno
• Limitará los recortes de pensión a un máximo de 8.5% para retirados con pensiones de más de $1,200 mensuales

 
San Juan, Puerto Rico – El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) ha llegado a un acuerdo tentativo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), bajo el cual se mejora significativamente el trato a los beneficios de pensión de los 167,000 retirados del gobierno de Puerto Rico comparado con los términos propuestos por la JSF en su más reciente plan fiscal certificado el 9 de mayo de 2019. Los retirados con beneficios de pensión por debajo de $1,200 mensuales no experimentarán ningún recorte, resultando así en la protección del 61%, o sobre 102,000, de los pensionados actuales. Con respecto a aquellos retirados con pensiones mensuales de más de $1,200, el acuerdo limitará sus reducciones a un máximo de 8.5% y asegurará un ingreso mensual por concepto de pensión de por lo menos $1,200. Como fuera indicado en la carta abierta del COR a los retirados, los beneficios de Seguro Social y el beneficio mensual para seguro médico será protegido para aquellos que lo reciben. Bajo este acuerdo tentativo están cubiertos los pensionados del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico, Sistema de Retiro para Maestros y Sistema de Retiro de la Judicatura. 

“Luego de casi dos años de acciones legales, sesiones de mediación y negociaciones, hemos llegado a un acuerdo con la JSF que limitará sustancialmente los recortes a las pensiones y proveerá otras protecciones importantes”, dijo el ex juez Miguel Fabre, presidente del COR. 

El acuerdo tentativo negociado por el COR marca un progreso significativo de los términos propuestos por la JSF, los cuales habrían impactado al 75% de la población de pensionados en Puerto Rico. Entre los puntos más importantes del acuerdo están:   

• Aumento en la cantidad de pensión mínima que no estará sujeta a recortes de $600/mes según el Plan Fiscal, a $1,200/mes, según el acuerdo, aumentando así el número de pensionados que está completamente protegido de recorte alguno, de 25% (45,000 pensionados) bajo el Plan Fiscal a 61% (102,000 pensionados) bajo el acuerdo.
• Seguridad de que el recorte máximo será de 8.5%, comparado con el 25% propuesto por la Junta.
• Garantía de que el Seguro Social no se verá afectado por ningún recorte.  
• Se mantendrá el beneficio de aportación al Seguro Médico mensual para aquellos que lo reciben actualmente.
• Protección a los pagos futuros de PayGo. Bajo el acuerdo, se va a crear una cuenta de reserva para aportar a los pagos de pensión, en aquellos años donde el Plan Fiscal proyecta déficits operacionales en el gobierno de Puerto Rico.  

• Seguridad de que, si la economía de Puerto Rico excede las proyecciones financieras del Plan Fiscal en cierta cantidad negociada, los retirados afectados por los recortes recibirán un reintegro por una porción del recorte durante ese año.
• Creación de una Junta independiente compuesta por pensionados que serán electos por los mismos pensionados de los sistemas de retiro, para fiscalizar la cuenta de reserva, los pagos al PayGo y el cumplimiento con el acuerdo de los pensionados.
• Los recortes no ocurrirían antes del 1 de julio del 2020, como temprano.
  
  

“Aunque el COR hubiera preferido cero recortes, estamos convencidos de que bajo el proceso de quiebra la JSF hubiera insistido en recortes mucho peores y que ignorar dicha realidad hubiera sido irresponsable por parte nuestra y fatal para la comunidad de pensionados. Bajo las circunstancias, el COR se reitera en que este acuerdo es la mejor opción para asegurar el bienestar de nuestra comunidad y la continuidad del pago de las pensiones”, expresó el presidente del COR.

 El acuerdo propuesto por el COR será incluido en el Plan de Ajuste para el gobierno de Puerto Rico bajo PROMESA, y sometido al voto de los acreedores impactados en una fecha futura que será anunciada por la corte federal. En su momento, el COR proveerá información relacionada al voto sobre el Plan de Ajuste. Luego, la juez federal que preside el caso de quiebra bajo el Título III, Laura Taylor Swain, evaluará dicho plan para su confirmación.

“Es importante enfatizar que las pensiones no pueden sufrir modificaciones al menos hasta tanto la Corte haya confirmado un Plan de Ajuste para Puerto Rico”, indicó Fabre. Dicha confirmación sucederá luego de que las partes perjudicadas hayan evaluado los detalles del Plan de Ajuste y votado a favor o en contra del mismo.

El COR llevará a cabo una campaña de divulgación para ofrecer información adicional sobre el acuerdo, su impacto en los pensionados, y el proceso de votación. Es importante que los retirados se mantengan informados respecto a sus pensiones registrando su información más reciente en www.porturetiro.com o Comité Oficial de Retirados en Facebook.

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Sobre el COR
El COR fue autorizado y nombrado en junio de 2017 por el Síndico Federal para representar los intereses colectivos de sobre 167,000 pensionados del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno, el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura en los casos de Título III para reestructurar la deuda del gobierno de Puerto Rico bajo la ley federal PROMESA.
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