La jueza federal, Laura Taylor Swain, emitió una orden que denegó la demanda presentada por el fondo de inversiones Aurelius cuestionando la constitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, bajo la Cláusula de Nombramientos de la Constitución de los Estados Unidos y las mociones para desestimar los casos de Título III del Gobierno de Puerto Rico y la Paralización Automática.

El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) fue una de las  partes que se opuso a la demanda y las peticiones de Aurelius, porque de otorgarse, el remedio afectaría adversamente la capacidad del gobierno para pagar las pensiones y los beneficios a los retirados.

La orden de la jueza Swain lee: “Luego de examinar los factores argumentados por la partes, la Corte encuentra que la invocación por el Congreso de los Estados Unidos de la Cláusula Territorial es consistente con la entidad que pretendía crear, que el método establecido por el Congreso para seleccionar los integrantes de la Junta de Supervisión es consistente con el ejercicio pleno de los poderes del Congreso bajo dicha cláusula, y que constitucionalmente no era necesario tener nominación presidencial y confirmación congresional para legitimar el ejercicio de los poderes de la Junta de Supervisión bajo PROMESA, porque los integrantes de la Junta de Supervisión no son ‘Oficiales de los Estados Unidos’ sujetos a esa cláusula”. 

Puedes descargar la orden aquí:
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