​Puerto Rico atraviesa por uno de sus momentos más difíciles a nivel político y socioeconómico. Nos enfrentamos a una quiebra sin precedentes, con acreedores exigiendo sus pagos, un ente fiscal creado por la Ley Promesa para manejar la reestructuración de la deuda y un pueblo que busca apoderamiento y que sus líderes rindan cuentas.

Dentro de esta vorágine de situaciones nos encontramos los empleados pensionados del gobierno de Puerto Rico, el grupo de acreedores más numeroso y con la acreencia más grande dentro de la quiebra del gobierno.

Precisamente, para representar a los 167,000 empleados pensionados del gobierno de Puerto Rico en el caso de quiebra bajo Título III, el Tribunal federal creó el Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR).

Como defensores de las pensiones y el bienestar de los empleados retirados del gobierno de Puerto Rico, el COR se opone a cualquier recorte a las pensiones. Sin embargo, entendemos que dentro de un caso de quiebra esta postura no necesariamente brindaría el mejor resultado para los retirados y podría abonar a la incertidumbre que amenaza a nuestras pensiones.

Ante esta realidad, el COR ha enfocado sus esfuerzos en lograr las mejores condiciones posibles para los pensionados. Bajo el acuerdo, anunciado en junio, entre el COR y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el COR logró importantes mejoras a los recortes que la JSF proponía en su más reciente Plan Fiscal certificado de mayo de 2019.

El COR logró: aumentar el umbral para iniciar los recortes a las pensiones de $1,200 al mes y así proteger al 61.2% de recorte alguno, comparado con 25% bajo la propuesta de la JSF; reducir el ajuste máximo de hasta aproximadamente un 25% a 8.5%; eximir el Seguro Social de la fórmula para calcular los recortes; preservar la contribución al plan médico; establecer un mecanismo para restituir las pensiones en aquellos años que el gobierno exceda significativamente las expectativas de ingreso; crear un fondo de reserva para asistir en el pago de futuras pensiones; y crear una Junta de Pensionados con los recursos y los poderes para velar que se cumplan los términos del acuerdo.

Llegó el momento de unirnos como pensionados para apoyar el acuerdo y así luchar para vencer a nuestro verdadero enemigo y amenaza de nuestras pensiones, que es la quiebra de Puerto Rico.

El acuerdo entre el COR y la JSF evita los severos recortes que la Junta insiste en imponernos y establece una ruta para que Puerto Rico salga de la quiebra. Como integrante del COR y pensionada del servicio público, hago un llamado enérgico a todos mis compañeros a que conozcan los valiosos beneficios que nos ofrece el acuerdo logrado por el COR y a unir esfuerzos para defenderlo de aquellos que puedan criticarlo sin haber hecho un análisis legal o financiero, o meramente por razones políticas.

​Llegó el momento de que hagamos un análisis profundo y tomemos acción para salvar nuestros beneficios de retiro. El acuerdo que el COR logró con la JSF provee una solución racional y asegura que los beneficios de pensión que con nuestro trabajo hemos acumulado no vuelvan a estar en riesgo. Rendirnos no es una opción.

Por Miladys Soto, Metro

El grupo que representa a 167,000 pensionados del Gobierno defendió el acuerdo que logró con la Junta de Control Fiscal, y aseguró que los grupos que deseen pueden presentar una mejor propuesta y tratar de convencer al Tribunal.

“Es bien fácil, atractivo, decir ‘nos oponemos a los recortes, no queremos recortes’. ¿Y cómo hacemos los pagos? ¿De dónde el Gobierno saca para el pago? Esa es la pregunta. Yo me he reunido en ocasiones y he visto los grupos que dicen: ‘cero recortes’, y a uno de los grupos yo le dije: ‘¿dónde está el plan de ustedes? Preséntenlo al Tribunal’. A lo mejor convencen al Tribunal, a lo mejor el plan de ellos es mejor que el de nosotros”, dijo Miguel J. Fabre, presidente del COR

Por su parte, el abogado Francisco Castillo, asesor del COR, opinó que “el Comité Oficial de Retirados no monopoliza el proceso; aquí cualquier grupo puede comparecer al Tribunal. Cualquier pensionado en su carácter personal puede contratar un abogado”.

Las expresiones de los miembros del COR a Metro se dan de cara a la posible presentación del plan de ajuste de deuda este mes, lo que conllevaría la votación por el acuerdo de los retirados. La semana pasada, el abogado de la JCF, Martin Bienestock, informó a la jueza Laura Taylor Swain durante su más reciente vista que el plan de ajuste se someterá en o antes del 30 de septiembre.

Dicho plan de ajuste debe contener el acuerdo del COR, así como otros acuerdos que se han anunciado, como el de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR) y el acuerdo con bonistas de Obligaciones Generales.

Proceso de votación

El licenciado recordó que el tribunal estará encargado del proceso de votación entre los diversos grupos, así como del envío de las papeletas correspondientes. Además, se detalló que solamente los acreedores con Reclamaciones Perjudicadas (aquellas que son impactadas) pueden votar a favor o en contra del Plan. En el caso de los retirados esto incluirá a quiénes tengan beneficios de pensión de $1,200 en adelante.

​Destacaron que el abogado principal del caso es Robert Gordon, quien fue el representante legal del sistema de retiro de la ciudad de Detroit durante su proceso de quiebra.