Tras el paso del huracán María por Puerto Rico el objetivo del Comité Oficial de Retirados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico –nombrado en junio de 2017 por la Síndico de los Estados Unidos –continúa siendo el mismo que en sus comienzos, o sea recuperar la salud fiscal de Puerto Rico y defender el bienestar colectivo de los retirados del Gobierno de Puerto Rico en los procesos judiciales bajo el Título III de PROMESA para reestructurar la deuda del Gobierno de Puerto Rico.

Los daños y la secuela de la tormenta provocaron el cierre temporero del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Aunque una de las partes envueltas radicó una solicitud para una suspensión de 90 días para los casos de Título III, la Corte de Distrito denegó la petición, que ya había sido objetada por el COR, la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico. 

No obstante, tras la tormenta, los casos de Título III han sufrido retrasos a medida que la Isla se recupera de los estragos causados por María y mientras se desarrolla un nuevo Plan Fiscal que refleje el impacto económico del huracán María.

Cabe señalar que en el COR continuamos activos y velando muy de cerca los procedimientos legales bajo Título III de PROMESA. 

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La moción acogida por la Jueza asegura que los bonistas no reclamen dinero de emergencia.

Mientras el pueblo de Puerto Rico lucha para superar los estragos dejados por el paso del huracán María, en el Comité Oficial de Retirados (COR), nombrado por la Síndico de los Estados Unidos, continuamos nuestros esfuerzos en defensa de los derechos y el bienestar de los retirados pensionados del Gobierno de Puerto Rico en los procesos para reestructurar la deuda que se ventilan en el tribunal.
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A estos efectos el pasado 19 de octubre sometimos una declaración en el Tribunal Federal apoyando totalmente la moción sometida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) para que los fondos de emergencia que el Gobierno Federal le está otorgando a Puerto Rico estén protegidos para ser destinados exclusivamente para su uso intencionado sin la interferencia de reclamaciones por los acreedores.

La JSF alega que Puerto Rico y sus residentes tienen una necesidad urgente para los fondos que son el sujeto de esta moción, y el Gobierno Federal le solicitó a la JSF y AAFAF que obtuvieran el mecanismo solicitado en esta moción antes de que se le asignaran fondos adicionales al Gobierno de Puerto Rico.

En una vista celebrada el pasado 25 de octubre, la Jueza Federal Laura Taylor Swain acogió la moción radicada por la JSF para establecer que ningún acreedor de la deuda pública podrá reclamar para sí los fondos que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) o que cualquier otra agencia federal le otorgue a Puerto Rico como secuela del desastre ocasionado por la tormenta. 

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