El Comité Oficial de Retirados (COR) recibe como un paso positivo la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal de aceptar los términos de la Ley 53 de 2021 “Para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico”, y así continuar con el proceso de confirmación de un Plan de Ajuste. La vista de confirmación comenzará el lunes, 8 de noviembre.
“Reconocemos el esfuerzo que han puesto todas las partes para llegar a un acuerdo y hacer posible que Puerto Rico entre en la última etapa del proceso para salir de la quiebra sin más dilaciones”, dijo Miguel J. Fabre Ramírez, juez retirado y presidente del COR. El Comité lleva 4 años y medio representando ante el Tribunal a los retirados de los Sistemas de Retiro Central, Maestros y de la Judicatura, y protegiendo las pensiones dentro del proceso de la quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley federal PROMESA. En esta última etapa, el COR está preparado para defender un Plan de Ajuste que no requiera recortar el beneficio mensual de pensión acumulado de los retirados del gobierno, tal y como dispone la Ley 53. En la tarde del viernes, 22 de octubre la jueza Laura Taylor Swain, quien preside la quiebra de Puerto Rico, convocó a una conferencia urgente por teléfono para atender el impase que ha evitado que se apruebe el P. de la C. 1003, lo que podría retrasar o arriesgar el proceso de confirmación del Plan de Ajuste de Puerto Rico.
En la conferencia, la Jueza Swain requirió la participación de:
La jueza Swain decidió:
Eso significa que:
Fechas importantes:
El COR continúa atento al desarrollo de los eventos y protegiendo las pensiones de los retirados. Les mantendremos al tanto. ¡Seguimos juntos en esto! La disposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a enmendar el Plan de Ajuste (PDA) para excluir el recorte en las pensiones no es un hecho consumado, tampoco significa que ese sector no verá otros recortes y mucho menos, significa que a futuro, Puerto Rico tendrá capacidad suficiente para pagar las pensiones, la deuda pública y cubrir los servicios a la población, según entrevistados.
De igual forma, según el exjuez de Quiebras, Gerardo Carlo Altieri y el economista Daniel Santamaría Ots, la nueva concesión de la JSF, así como el énfasis de la Asamblea Legislativa y el gobernador Pedro Pierluisi en la defensa de los pensionados solo ha servido para que otros sectores como los maestros, los bonistas locales y los suplidores del gobierno resulten entre los más perjudicados con el PDA. Mientras, han pasado a segundo plano, otros asuntos medulares como la supremacía de las leyes de Nueva York a las leyes de Puerto Rico, cuando se trate de bonos y deuda pública. La jueza (Laura Taylor) Swain puede tener la mejor intención de darle el 100% de sus acreencias a los pensionados, pero aquí tenemos un Tribunal Apelativo que va a revisar ese plan y es posible que este caso, llegue al Tribunal Supremo y allí no se come cuento. Eso fue lo que pasó en el caso de Argentina en el Distrito Sur de Nueva York, donde se encuentra la jueza”, dijo Carlo Altieri haciendo referencia a la larga disputa judicial en la que ese país terminó pagando toda su deuda, una vez el 4% de sus bonistas se opuso a la modificación que se había negociado. "Si no hay una incorporación de esos potenciales reclamos de la Legislatura en un nuevo plan fiscal certificado antes de que se discuta el (PDA), no hay garantías o motivos para concluir que son cónsonos, por lo cual, el proyecto (de la Cámara) 1003 tampoco sería aceptable. Ese es uno de los primeros peligros a que nos enfrentamos en el proceso de confirmación”, indicó por su parte Santamaría Ots. El pasado jueves, en un esfuerzo por salvar sobre dos años de negociaciones, lo que ha requerido unos $939 millones de los contribuyentes puertorriqueños para el pago de asesores y abogados, el presidente de la JSF, David Skeel, comunicó al gobernador Pierluisi y a los líderes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, una última e “inamovible” –según fuentes de este diario– lista de concesiones. En síntesis, la JSF estableció que si el Proyecto Cameral 1003 se enmienda y facilita la reestructuración de la deuda sin condiciones, enmendará el PDA exclusivamente para eliminar el recorte de hasta 8.5% en las pensiones públicas. El efecto de tal decisión es que en lugar de que el PDA proteja a unos 130,000 jubilados de recorte alguno, como establecía el acuerdo con el Comité de Acreedores no Asegurados (COR), y se compense por la vía presupuestaria a los que sí verían recortes, ahora quedará a discreción de la jueza Swain la suerte de todos los jubilados y con ellos, si la modificación de deudas en la mesa es factible o no. Aunque el recorte en el beneficio actual de pensión quedaría fuera, en la práctica, la JSF indicó que mantendrá otros ajustes que serán más devastadores como la prohibición de aumentos por inflación o la ampliación de los requisitos para la jubilación. Ese es el caso de los maestros, que ante la anulación de la Ley de Retiro Digno, al rechazar la propuesta alterna, tendrán que trabajar hasta los 63 años y verán un ajuste en la fórmula para calcular su pensión. Según Santamaría Ots, economista para la organización Espacios Abiertos, la reforma a las pensiones de la JSF buscaba ahorrar al gobierno unos $4,800 millones. El 80% de ese ahorro vendría de la congelación de beneficios de pensión. A manera de ejemplo, según Santamaría Ots, si en el 2019, un jubilado recibía una pensión de $1,215 al mes, con el PDA en la mesa, para el 2037, esa pensión equivaldrá a unos $915 a medida que el costo de vida aumente. Esa realidad, se suma a otra según el economista: las propias proyecciones de la JSF apuntan a que el plan no será sostenible habida cuenta los déficits presupuestarios que se avecinan para el 2037. Con tal de conseguir la aprobación del proyecto 1003, la JSF accedió a otros pedidos de la Legislatura, pero no son parte del PDA. Entre estos, otorgar unos $500 millones a la Universidad de Puerto Rico por los próximos cinco años, ciertos fondos a los municipios y dinero para financiar un estudio acerca de un plan de salud universal para la isla. Estas concesiones, a su vez, dependen de que el gobierno federal otorgue fondos adicionales bajo Medicaid para financiar la reforma de salud, un asunto que se da por sentado, pero que hasta el cierre de esta edición no se ha materializado. Las alternativas que tiene SwainDe acuerdo con el ex juez Carlo Altieri, los jueces de bancarrota no modifican los planes de ajuste, pero sus decisiones pueden “torcer brazos” y resultar en cambios para una o más clases de acreedores. Una vez Swain escuche los planteamientos de las partes durante la audiencia de confirmación, podría confirmar el PDA. El plan también podría confirmarse parcialmente y requerir al deudor -en este caso, la JSF- que llegue a nuevos entendidos o consiga los trámites necesarios para implementarlo. Un tercer escenario podría ser denegar el PDA, pero dejar el caso de Título III abierto para negociar nuevos acuerdos financieros. Un cuarto escenario, el más drástico de todos, sería que Swain –considerando que el proceso de bancarrota de Puerto Rico ya marca cuatro años– desestime el caso de Título III y levante la suspensión automática de litigios que hasta ahora, ha librado al gobierno de pagar a los bonistas y defenderse de cientos de litigios. Si este último escenario se diera, de inmediato, Puerto Rico podría verse forzado a pagar a los bonistas sobre $2,000 millones correspondientes al servicio a la deuda de este año fiscal y también serían exigibles aproximadamente $7,000 millones en bonos no pagados desde el 2016. Más allá de las pensiones En el caso de Puerto Rico, con el PDA en la mesa, la JSF consiguió lo que hace un año parecía improbable: el respaldo de las aseguradoras municipales, el apoyo mayoritario de los principales bonistas de la isla y de los principales dos grupos de negociación, el COR y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés). “Aquí hay un riesgo real”, dijo Carlo Altieri al plantear que la clase política interesa, más que todo, construir “un mensaje” que le favorezca durante el ciclo electoral 2024. Para el ex juez, la discusión pública se ha centrado en el recorte a las pensiones, los méritos y las injusticias y los riesgos de viabilidad del PDA no se discuten. Por ejemplo, indicó que se ha pasado por desapercibido que el PDA reduce la deuda con los bonistas, pero también “limpia” el estado de situación de cientos de agencias de gobierno al eliminar las sentencias monetarias en su contra o poner fin a pagos de suplidores que no se hicieron por años. “Los que aquí están siendo trasquilados son los suplidores y contratistas del gobierno porque los (acreedores) no asegurados van a cobrar desde tres hasta 20 centavos y de eso, los abogados que les representan se quedan con el 15%”, agregó Carlo Altieri. “Aunque la jueza Swain tenga las mejores intenciones con los pensionados, entre los acreedores no asegurados también hay miles de jubilados que trabajaron en el sector privado y que sus ahorros estaban en los bonos ahora chatarra del gobierno, pero de eso ni se habla”, sostuvo el ex juez. La JSF ha insistido en el recorte de las pensiones porque entiende que no hacerlo representaría un trato desigual. Pero según Santamaría Ots, cuando el organismo fiscal creó el Instrumento de Valor Contingente (CVI), la JSF aceptó entregar a los bonistas los beneficios de una mejora en los recaudos, en lugar de preservar fondos para los años de vacas flacas. Además, el economista recordó que el plan todavía contiene recortes presupuestarios y provee para aumentar impuestos como el alza de 400% que se prevé en los peajes. Para Santamaría Ots, hay otra ficha que la Legislatura debe jugar: exigir a la JSF que divulgue todos los reportes, análisis y hojas de cálculo que dieron luz al PDA. Esos trabajos, aparte de ser pagados con fondos públicos, ha quedado fuera del ojo público, pues hasta la fecha, ese grado de transparencia que permitiría entender o rebatir las posturas de la JSF “ha sido totalmente nulo”. Esta nota fue publicada el 16 de octubre en El Nuevo Día La Junta de Supervisión Fiscal envió una carta el 14 de octubre anunciando que está dispuesta a presentar un Plan de Ajuste sin recortes a las pensiones, sujeto a que la Legislatura y el Gobernador aprueben legislación aceptable que permita la emisión de bonos. Dicha propuesta también se tendría que presentar y defender en Corte ante otros acreedores, y esperar a que el Tribunal federal la apruebe o requiera lo contrario.
Ahora más que nunca, los pensionados que no han votado deben hacerlo para aceptar el Plan de Ajuste, sobre todo si uno enmendado podría eliminar los recortes a las pensiones. De igual modo, al aceptarlo, aseguran los otros términos negociados por el Comité Oficial de Retirados (COR), como el Fondo de Reserva, que garantiza que se sigan pagando las pensiones a largo plazo, y la creación de una junta independiente compuesta en parte por pensionados para velar por el mismo. Es importante tomar en cuenta que el acuerdo será parte de una sentencia del Tribunal federal que irá por encima de leyes locales, y protegerá a las pensiones de cualquier incumplimiento de parte del gobierno en el pago de las pensiones y de leyes futuras que puedan reducir los beneficios de los retirados. Cabe destacar que el acuerdo del COR fue crucial para estas negociaciones, al eliminar los recortes de los retirados a tres cuartas partes e incluir una cláusula de restauración de pensiones. Estos esfuerzos sentaron las bases para que se apruebe un Plan de Ajuste sin recortes, porque ya los ahorros por ajustes a las pensiones no eran significativos financieramente para el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, el trabajo del COR continúa porque hay que defender el tratamiento de los retirados bajo un nuevo Plan de Ajuste ante los ataques legales de otros acreedores que pueden impugnar el cero recorte a las pensiones. Si aún no has votado, tienes hasta este lunes, 18 de octubre para votar por e-Ballot o entregar la boleta a mano en uno de los Centros de Votación. ![]() El Comité Oficial de Retirados (COR) consiguió que la jueza Laura Taylor Swain extendiera por dos semanas el periodo de votación sobre el Plan de Ajuste de Puerto Rico por el que pueden votar compañeros retirados de los Sistemas de Retiro del Gobierno Central, Maestros y Judicatura. Aunque la boleta de votación no lo indique, la nueva fecha límite para que Prime Clerk reciba el voto de los retirados y demás acreedores que serán impactados por el Plan de Ajuste es el lunes, 18 de octubre, a las 5:00 p.m. El llamado del COR es para que todos los retirados que serán impactados acepten el Plan de Ajuste que está propuesto ante el Tribunal. Solo así Puerto Rico podrá salir de la quiebra y los retirados protegeremos nuestras pensiones, con garantías de que seguiremos cobrando nuestra pensión y recibiendo la aportación de $100 al mes para el Plan Médico. Aceptando el Plan de Ajuste aseguraremos que la mayoría de los retirados esté exenta de los ajustes propuestos por la Junta de Supervisión Fiscal y un descuento sustancialmente más bajo que no puede pasar de 8.5%, porque ninguna pensión puede caer por debajo de $1,500 al mes. También defenderemos la creación de un mecanismo de restitución, un fondo de reserva de pensiones, y una junta compuesta mayormente por pensionados, para velar que el gobierno cumpla con estos términos y no nos vuelva a fallar como lo ha hecho en el pasado. Independientemente de las noticias recientes sobre posibles cambios al umbral, hasta ahora, todos los retirados con pensiones de $1,501 al mes o más pueden votar. Si hubiese algún aumento al umbral durante el proceso de votación, el Código de Quiebras no requiere una votación nueva, sino que solamente se contarían los votos de los retirados con pensiones por encima del umbral nuevo. Para votar sobre el Plan de Ajuste, necesitas una copia física de la boleta de votación, o el número de identificación para acceder tu boleta y someter el voto electrónicamente por “E- Ballot”. La boleta de los retirados está completamente en español, en el medio está identificada con el número de la clase 51 y una letra mayúscula que indica el sistema de retiro al que perteneces. Luego, hay dos cajitas, una para aceptar y la otra para rechazar. El COR te exhorta a que marques aceptar. Más abajo, llenarás la información requerida, incluyendo tu nombre, firma, dirección, teléfono, correo electrónico y fecha. Tienes hasta el 18 de octubre a las 5:00 p.m., para entregar la boleta física en uno de los 7 centros de Prime Clerk a través de todo Puerto Rico, donde un representante la recibirá y ponchará con la fecha de recibo, o votar electrónicamente. Si a estas alturas no has recibido una boleta por correo, debes llamar a Prime Clerk para solicitar tu número de “E-Ballot” y las instrucciones para votar electrónicamente. Para emitir el voto electrónico necesitas acceso a una computadora o tableta y servicio de internet. Si no tienes una dirección de correo electrónico propia para recibir la confirmación del voto electrónico, puedes utilizar la de un familiar o persona de confianza. Yo ya voté para aceptar el Plan de Ajuste por mí, mis hijos y mis nietos. ¡Estamos juntos en esto! Columna escrita por Carmen Núñez, integrante del COR, y publicada el 4 de octubre de 2021 en el periódico El Nuevo Día |
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