En su reunión pública del 20 de noviembre de 2020, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó una resolución para reiniciar negociaciones con los acreedores del Gobierno de Puerto Rico. Servirá como base de estas negociaciones una propuesta de nuevos términos para un Plan de Ajuste enmendado, que incluye el posible aumento del umbral para recortar las pensiones de $1,200 mensuales (bajo el acuerdo actual del Comité Oficial de Retirados) a $1,500 mensuales. Es decir que, de ser aprobada esta propuesta, los retirados y beneficiarios de retiro con pensiones y beneficios de hasta $1,500 al mes no experimentarían recortes.
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El Comité Oficial de Retirados (COR) estima que bajo el umbral de $1,500 al mes el 74% de los retirados en Puerto Rico, o 123,793 individuos, quedaría protegido de recorte alguno. Esto representaría un aumento sustancial de los 102,000 retirados (61.2%) que están protegidos bajo el Plan de Ajuste actual (presentado el 28 de febrero de 2020). El acuerdo entre la Junta y el COR ya limitaría los recortes hasta un máximo de 8.5%, crearía una reserva de pensiones, y establecería un mecanismo de restitución de pensiones conforme al desempeño del gobierno de Puerto Rico.

El COR apoya y defiende la propuesta de aumentar el umbral y estará atento a cualquier oportunidad que surja para mejorar aún más los términos del ajuste a las pensiones. Conforme a directrices de la Juez Laura Taylor Swain, a cargo de la quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la ley federal PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal debería presentar modificaciones al Plan de Ajuste existente, o por lo menos una hoja de términos, el 10 de febrero de 2021.

Las pensiones no pueden experimentar recortes, como resultado de un ajuste de deuda bajo la quiebra, hasta que el Tribunal confirme un Plan de Ajuste. La afectividad de los recortes depende de la fecha en la que se confirme el Plan de Ajuste. Por lo tanto, al momento, el COR no anticipa que los recortes entren en vigor hasta enero de 2022, como temprano.

El 16 de noviembre de 2020, la Corte Suprema de los Estados Unidos denegó una petición de los bonistas del Sistema de Retiro para un recurso de “certiorari” sobre si las aportaciones patronales al “PayGo” eran parte de su garantía. Los 167,000 pensionados del gobierno de Puerto Rico fueron representados únicamente por el Comité Oficial de Retirados (COR), organismo que compareció por escrito ante el Supremo en oposición a la petición de los bonistas.

Esto representa una victoria importante para los retirados del gobierno de Puerto Rico, porque protege las aportaciones patronales al “PayGo”. Es decir, los bonistas no podrán cobrar su deuda de $3,000 millones del dinero que el patrono aporta para pagar las pensiones luego de que el gobierno de Puerto Rico radicara quiebra bajo el Título III de la Ley Promesa.

El COR defendió con empeño los intereses de los retirados desde el inicio de la controversia. Los bonistas del Sistema de Retiro argumentaron ante la Juez Swain que tenían derecho sobre los activos de retiro post quiebra, a lo que el Comité Oficial de Retirados se opuso. En junio de 2019, la Juez Swain resolvió que, tras la quiebra, los bonistas habían perdido su gravamen sobre las aportaciones patronales. Esta decisión fue afirmada por el panel de jueces del Primer Circuito en enero de 2020, donde el COR también compareció en defensa de los retirados.