El lunes, 8 de noviembre de 2021 inició la vista de confirmación del octavo Plan de Ajuste enmendado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Durante el primer día de la vista, el equipo legal del Comité Oficial de Retirados (COR) se presentó ante la jueza Laura Taylor Swain para brindar su declaración de apertura, en representación de la clase de los pensionados. 
 
El Tribunal ha separado 10 días en noviembre para la vista. Similar a un juicio, durante el proceso de confirmación testificarán las diferentes partes en el caso de la quiebra, incluyendo la JSF, en representación del deudor (que es Puerto Rico); así como, acreedores (bonistas, y personas independiente, entre otros) a favor y en contra del Plan de Ajuste; y 25 residentes de Puerto Rico (provenientes de diversos sectores, incluyendo empleados actuales y exempleados del gobierno, líderes de organizaciones, retirados y ciudadanos), que solicitaron comparecer ante el Tribunal y fueron escogidos al azar.
 
Durante el proceso, las partes comparecientes presentarán prueba pericial para apoyar sus argumentos a favor o en contra del Plan de Ajuste. Al finalizar la vista, la Jueza Swain, quien está presidiendo la vista presencialmente en el Tribunal de Distrito federal en San Juan, evaluará el Plan de Ajuste y emitirá su sentencia.

Declaración de apertura del COR

 
I. Buenos días, Su Señoría. Soy Catherine Steege del bufete Jenner & Block en representación del Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico.
 
II. Introducción. Hace casi 4 años y medio, los 8 miembros del Comité de Retirados se ofrecieron como voluntarios para hacer un trabajo por el cual no reciben pago alguno, y en todo el sentido de la palabra representaba una tarea ingrata. Por un lado, la Junta mantenía su postura original de que el tratamiento a las pensiones era generoso bajo las circunstancias, aunque para algunos retirados significaría un recorte de hasta 25%. Por otro lado, sus compañeros retirados y muchos políticos exigían que no se recortaran las pensiones.
 

1. Pero, los 8 miembros del Comité de Retirados son personas valientes que defendieron lo que a su entender era lo correcto para los 167,000 retirados a quienes representaban. Para ponerlo en perspectiva, los retirados – como grupo – constituyen casi el 5% de la población total de Puerto Rico; y casi el 26% de la población mayor de 65 años. Los retirados también representan la reclamación más grande en contra del gobierno de Puerto Rico con un valor de ~$50,000 millones. A diferencia de muchos otros acreedores en este tipo de caso, los retirados residen en Puerto Rico y a diario experimentan las consecuencias de la crisis económica, los desastres naturales y la crisis de salud que desafortunadamente han ocurrido en Puerto Rico.
   
   
2. Hace 27 meses, el Comité de Retirados alcanzó el primer acuerdo de apoyo al plan con la Junta de Supervisión. Para los miembros de Comité fue difícil aceptar cualquier tipo de recorte. Pero, aunque sabían que por ello no ganarían un concurso de popularidad entre sus compañeros retirados y que serían atacados públicamente, lo hicieron porque entendieron que a medida que se acercaban al Acuerdo, este mejoraría significativamente la situación para la gran mayoría de los retirados. Bajo el Acuerdo de Apoyo al Plan del Comité de Retirados, el 72% de los pensionados no experimentaría recorte alguno, vs. 36%, bajo la propuesta original de la Junta. El por ciento del recorte se redujo para que ningún retirado experimentase un recorte sobre 8.5%, y el acuerdo, no solamente protegía la pensión mensual, si no también las aportaciones al plan médico, y los llamados bonos que son una parte importante del ingreso anual de cada retirado. También, disponía la creación de un Fondo de Reserva de Pensiones para proteger las pensiones en futuras contracciones económicas.
   
   
3. Asimismo, el Comité de Retirados entendió que, por ser el acreedor más grande y el primero en llegar a un acuerdo con la Junta de Supervisión, ello ayudaría a la Junta de Supervisión a lograr acuerdos con otros acreedores, que pudiesen estar preocupados de que la Junta les impusiera un Plan. En ese sentido, el Comité de Retirados entendió que Puerto Rico, en general, se beneficiaría.
   
   
4. Pero, aún después de que el Comité de Retirados llegó a un acuerdo con la Junta de Supervisión, el Comité de Retirados continuó reuniéndose con el gobierno y la Junta de Supervisión para sugerir maneras en las que el plan pudiese mejorar para los retirados.
   
   
5. El Comité de Retirados está agradecido de que el gobierno y la Junta resolvieran sus diferencias y lograran ponerse de acuerdo para aprobar una ley que eliminara todos los recortes a los beneficios de pensión acumulados y permitiera que el proceso de confirmación del Plan continue. El octavo Plan de Ajuste enmendado también protege los beneficios mensuales de los retirados, y las aportaciones que reciben para el plan médico, los bonos de Verano, Navidad y medicinas y el Fondo de Reserva de Pensiones.
   

 
III. Reporte del profesor Johnson. Como refleja el octavo Plan de Ajuste enmendado, el acuerdo es bueno para los retirados, y muy bueno para Puerto Rico, su futuro económico, y los demás acreedores que no pertenecen a la clase de los retirados.  El Comité de Retirados presentará evidencia para refutar cualquier argumento de que el tratamiento a los retirados es injusto para otros acreedores y que no se justifica ante la realidad económica de Puerto Rico.

1. El Comité de Retirados ofrece el testimonio del profesor Simon Johnson en apoyo al Plan de Ajuste y la determinación de que Puerto Rico y los demás acreedores salen mejor con un plan que no reduzca las pensiones.
   
   
2. La declaración del Profesor Johnson está en el Dkt. 19014 y su informe pericial está identificado como RTC Exhibit 1.
   
   
3. Ninguna parte ha objetado el reporte del Profesor Johnson o su testimonio.
   
   
4. El profesor Johnson está altamente cualificado para testificar. Tiene un doctorado en economía y es profesor de la universidad de MIT. Previamente, fue el principal economista de Fondo Monetario Internacional. Él es parte del Peterson Institute for International Economics. Fue consultor del equipo de transición de la administración Biden-Harris, testificó ante el Congreso sobre la Ley PROMESA y ha fungido como consultor sobre temas económicos y tiene un currículo impresionante, anexo al RTC EX. 1 como el Apéndice1.
   
   
5. El profesor Johnson opina que, debido a que los retirados representan un componente tan significado del consumo local, cualquier recorte a las pensiones de los retirados del gobierno tendría un impacto negativo en la economía de Puerto Rico. Es su opinión, la cual no ha sido retada por nadie, recortar las pensiones podría desestabilizar las proyecciones económicas de Puerto Rico, aumentar la emigración, y hacer más difícil que Puerto Rico pueda obtener crédito en el futuro. Además, es su opinión que, el ahorro que generaría el recorte a las pensiones no justifica el daño que dicho recorte le haría a la economía. 
   
   
6. Como expone en su testimonio, el impacto de recortar las pensiones tiene que evaluarse dentro del marco de las condiciones económicas generales en Puerto Rico. Aproximadamente, el 45% de la población de Puerto Rico está pode debajo el nivel de pobreza federal, dos veces más que Misisipi y Luisiana que son los dos estados con las tasas de pobreza más altas. De la población, el 33.2% sufre de inseguridad alimentaria y el 9% padece de inseguridad alimentaria alta, cifras que duplican la de los estados más pobres de los Estados Unidos. Además, el sistema de salud en Puerto Rico es frágil, al igual que la red de protección para los pobres. Debido a la pobreza generalizada, la depresión económica, y los problemas que enfrenta el sistema de salud, la población de Puerto Rico baja anualmente, tal y como como el señor Bienenstock indicó esta mañana.    
   
   
7. Aproximadamente, la mitad de los retirados tienen pensiones que la coloca por debajo del nivel de pobreza federal de $11,800 al año por persona por unidad familiar. Antes de la Ley PROMESA, los retirados ya habían experimentado reducciones significativas a sus pensiones y  - excepto los jueces - los empleados del gobierno no han recibido un ajuste por costo de vida desde el 2008. Además, muchos retirados, como policías y maestros, no reciben Seguro Social.  
   
   
8. Ante esta realidad, el profesor Johnson testifica que el ingreso bruto de los aproximadamente 167,000 retirados representa el 6.4% del consumo total por unidad familiar en la isla y 5.8% del ingreso nacional bruto. 
   
   
9. El profesor Johnson testifica que el impacto macroeconómico de reducir las pensiones de los retirados en la economía en general es significativo. Esto por el efecto multiplicador que tendría en la economía en general cada dólar que se deje de gastar. La Junta de Supervisión, por sí misma, asume que por cada $1.00 que se descuente de las pensiones, el consumo se reduce en $1.34. El profesor Johnson opina que dicho efecto multiplicador es demasiado pequeño y que está basado en datos generales de los Estados Unidos en tiempos de relativa estabilidad económica. Pero, esa no es la situación actual en Puerto Rico, donde la economía está deprimida y el desempleo es alto. El profesor Johnson testifica que un multiplicador de 3 o más es más consistente con la experiencia de aquellos estados de los Estados Unidos con una tasa de desempleo alta, similar a la de Puerto Rico. Por ende, asumir un multiplicador de 3 reduciría el consumo total por $3.00, lo que resultaría en menos ingresos para el gobierno por concepto de impuestos. Él testifica que aplicar un multiplicador de 2, más o menos similar al de la Junta, causaría en el futuro cercano la pérdida de 6,300 empleos y una contracción de 0.6% en el producto nacional bruto.
   
   
10. Asimismo, el profesor Johnson opina que debido a la alta tasa de emigración que tiene Puerto Rico, incluyendo un aumento en retirados desde el 2016, habría más retirados forzados a mudarse de la isla para vivir con familiares, porque ya no podrían mantener sus gastos en Puerto Rico. Si la emigración aumenta, el impacto en la economía será aún más grave, porque los retirados gastarán sus ingresos fuera de Puerto Rico.
    
    
11. Basado en el testimonio del profesor Johnson y la extensa cantidad de datos que nos este nos presenta, el Comité de Retirados declara que para la economía y demás acreedores de Puerto Rico es mejor el octavo Plan de Ajuste enmendado – que elimina los recortes a las pensiones y demás beneficios, y que establece la creación de un Fondo de Reserva de Pensiones. Asimismo, la evidencia justifica el tratamiento que los retirados están recibiendo bajo el Plan. Cuando termine del presentar la prueba, el Comité de Retirados le solicitará al Tribunal que confirme este Plan sin recortes a las pensiones y otros beneficios y con la creación de un Fondo de Reserva de Pensiones.
    

 
Al igual que otras partes, en esta mañana el Comité de Retirados quiere agradecer a este Tribunal, a la Junta de Supervisión, a AAFAF, a los mediadores y demás partes que nos han traído a este punto.

A menos, que este Tribunal tenga alguna pregunta, aquí concluyen nuestras declaraciones. Gracias.
 

El 3 de noviembre de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó el octavo Plan de Ajuste enmendado, que elimina el recorte a los beneficios de pensión mensual acumulados de los retirados, y crea un Fondo de Reserva de Pensiones y una Junta que lo supervise, sujeto a que la jueza Laura Taylor Swain lo confirme.

El Plan de Ajuste enmendado no solo elimina los recortes de las pensiones acumuladas, sino que también mejora la fórmula del Fondo de Reserva, puesto que si el superávit del Gobierno proyectado en el Plan Fiscal supera el mínimo de $1.750 billones, la contribución al fondo se duplicará de un 25% a un 50% del sobrante. Además, la aportación mínima anual de $175 millones para la reserva debe darse durante nueve años fiscales, en lugar de siete.

El Fondo de Reserva de Pensiones es uno de los términos del acuerdo negociado por el Comité Oficial de Retirados (COR). Este les proveerá seguridad a los retirados actuales y empleados activos (futuros pensionados) de que los fondos estarán disponibles en un futuro para pagar exclusivamente sus beneficios de pensión, hasta en años cuando las proyecciones indican que el Gobierno de Puerto Rico pudiera experimentar déficits. Asimismo, operará como un fideicomiso independiente del Gobierno de Puerto Rico, que será administrado por una junta compuesta en su mayoría por pensionados.

Además de presentar el Plan enmendado, la Junta también mostró los resultados de la votación por el Plan de Ajuste, que indican que la mayoría de los retirados del sistema de Retiro Central y de la Judicatura sobre el umbral de los $1,500 votó a favor, así como los retirados de la Judicatura por debajo del umbral. Sin embargo, cabe destacar que el grupo de los retirados de la Judicatura sobre el umbral fue el único que cumplió con los dos requisitos para aceptar el Plan, incluyendo el de la mayoría de los votos, y que ese voto representase 2/3 partes de la reclamación total. Dicho esto, como el Plan ya no incluye recortes a los beneficios de pensión acumulados de ningún retirado, el Tribunal entiende que la clase de los pensionados está de acuerdo con este porque no sería impactada. Ahora bien, los pensionados de la Judicatura (por debajo y por encima del umbral) serían los únicos impactados si se elimina el ajuste por costo de vida.

Como el Plan fue aceptado (más de 40 clases de acreedores votaron a favor), tal y como requiere el Código de Quiebras, el proceso de evaluación y confirmación del Plan de Ajuste dará inicio el lunes, 8 de noviembre. La Jueza Swain evaluará el Plan conforme a los siguientes criterios: si es viable, justo, de buena fe y en el mejor interés de los acreedores.