¿Qué está pasando en el caso de quiebra de Puerto Rico? El 20 de diciembre de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) demandó al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y ciertas agencias gubernamentales en el Tribunal Federal para detener la implementación de la Resolución Conjunta 33 de 2021 que pondría en vigor las disposiciones de las Leyes 80, 81 y 82 de 2020 para ampliar los beneficios de retiro de ciertos grupos de empleados públicos (empleados activos del gobierno central, policías, bomberos y maestros). Asimismo, la demanda persigue la anulación de esas leyes, porque -según el organismo fiscal- añaden beneficios nuevos de retiro para empleados activos del gobierno, cuyo costo es “significativo e impagable”. ¿Qué impacto tiene esa demanda sobre los beneficios de pensión que reciben los retirados activos y los términos en el Plan de Ajuste para proteger las pensiones? La demanda es parte de la respuesta de la JSF a los comentarios que el Tribunal de Título III bajo la Ley federal PROMESA emitió el 14 de diciembre de 2020 y donde le solicita a la Junta que aclare ciertos términos incluidos en el octavo Plan de Ajuste (PA) enmendado para Puerto Rico, cuya confirmación está bajo la consideración de la corte. El Comité Oficial de Retirados no está envuelto en el pleito, porque no envuelve los beneficios que reciben los retirados activos. Tampoco impacta los términos para proteger los beneficios de pensión mensual acumulados de los retirados activos de los sistemas de retiro del Gobierno Central, Maestros y Judicatura, y la creación de un Fondo de Reserva de Pensiones bajo el PA. ¿Cómo afecta la demanda el calendario para confirmar el Plan de Ajuste? Conforme a los acuerdos entre la Junta y ciertos bonistas, se suponía que el Plan de Ajuste fuera confirmado en o antes del 15 de diciembre de 2021 para que sus términos entraran en vigor en o antes de esa fecha. Sin embargo, la confirmación del octavo Plan de Ajuste enmendado que está ante la consideración de la Jueza Laura Taylor Swain, ya había sido pospuesta hasta finales de enero cuando en noviembre el Tribunal decidió concederle cierto tiempo al Departamento de Justicia Federal para intervenir sobre asuntos constitucionales, si lo entendía necesario. A raíz de la demanda, la JSF le informó al Tribunal que les solicitó a los bonistas extender la fecha límite para poner en vigor los términos para ajustar la deuda de Puerto Rico por tres meses – del 15 de diciembre de 2021 al 15 de marzo de 2022. Esto para que el Tribunal tenga el tiempo suficiente para resolver el litigio incoado para anular las Leyes 80, 81, y 82. El Comité Oficial de Retirados (COR) continúa activo apoyando y defendiendo un Plan de Ajuste que elimine los recortes de los beneficios de pensión mensual acumulados de los retirados de los Sistemas de Retiro del Gobierno Central, Maestros y Judicatura y que establezca un Fondo de Reserva de Pensiones administrado por un Consejo mayormente compuesto por retirados electos, tal y como está propuesto en el octavo Plan Fiscal enmendado. Mantendremos a nuestra comunidad informada sobre el estatus del proceso para confirmar el Plan de Ajuste en el Tribunal hasta su culminación.
|
otras lecturas
Junio 2022
|