COR evalúa la decisión de Boston sobre el nombramiento inconstitucional de la JSF

El 15 de febrero de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston emitió un fallo donde establece que el nombramiento de los integrantes de la Junta Fiscal para Puerto Rico (JSF), creada bajo PROMESA, es inconstitucional porque no fueron nominados por el Presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado federal.
 
Es importante indicar que esta decisión no desestima el caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la ley PROMESA.
 
La decisión del Tribunal de Apelaciones tampoco invalida las acciones de la JSF hasta el momento, y expresamente reitera que el fallo no impacta de manera alguna la validez de las acciones anteriores de la JSF. La decisión del Primer Circuito entrará en vigor en 90 días, término durante el cual la actual JSF puede continuar en sus funciones.
 
Existe la posibilidad de que ambas partes en este caso –la JSF, y los bonistas, quienes perseguían la desestimación de los casos de Título III– acudan al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que revise esta decisión. Esto, porque ninguna de las partes obtuvo todo lo que pretendía en el Tribunal de Primer Circuito.
 
Las partes tienen 90 días para pedirle al Tribunal Supremo una revisión del caso, a menos que se solicite una extensión. Si el Supremo aceptara la petición para ver el caso, no escucharía los argumentos, ni emitiría una decisión hasta la próxima sesión, la cual comienza en octubre del 2019, aunque existe la probabilidad que el Tribunal pueda acelerar el proceso. Si el Tribunal Supremo accede a ver el caso, podría mantener el aplazamiento que les permite a los integrantes de la JSF seguir actuando.
 
El Comité Oficial de Retirados del Gobierno de Puerto Rico (COR) continuará evaluando el impacto de esta decisión en la comunidad de retirados y su significado para el futuro financiero de Puerto Rico. El COR es la voz de los 167,000 retirados del Gobierno de Puerto Rico y representante de sus importantes intereses particulares como el colectivo de acreedores más numeroso en los casos de Título III.
 
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