Estudio pericial y argumentos legales del COR sirven de apoyo para las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho para la confirmación de un Plan de Ajuste sin recortes a las pensiones

La Jueza Laura Taylor Swain como parte de la confirmación del Plan de Ajuste de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley PROMESA, concluyó que:

1. El tratamiento de cero recortes que están recibiendo los retirados del gobierno de Puerto Rico es justo y equitativo, y no discrimina injustamente en contra de otras clases de acreedores que están recibiendo recortes. Esta conclusión está basada mayormente en los hallazgos del estudio realizado por el profesor de MIT, Dr. Simon Johnson, el cual fue comisionado y sometido como prueba pericial ante el Tribunal federal por el Comité Oficial de Retirados (COR) para apoyar y defender un Plan de Ajuste sin recortes. En su memorándum, la Juez Swain cita las siguientes partes del estudio del profesor Johnson y los memorandos de derecho presentados por el COR:

• Cualquier recorte a las pensiones de los empleados retirados del gobierno de Puerto Rico tendría un impacto negativo sobre la economía de Puerto Rico porque los retirados representan una parte significativa del consumo local.
• Los ahorros que generarían los recortes a las pensiones no justifican los daños que causarían en la economía, incluyendo: posible desestabilización de las proyecciones económicas de Puerto Rico, aumento en la emigración, y complicaciones para que Puerto Rico en el futuro.
• Casi la mitad de los retirados reciben pensiones que los ubica por debajo del nivel de pobreza federal de ingresos de $11,880 al año para un hogar de una sola persona. 
• Los retirados ya han experimentado reducciones sustanciales en sus pensiones y, excepto por los jueces, no han recibido un ajuste por el costo de vida desde el 2008. 
• Muchos retirados, tales como policías, maestros y jueces, no reciben Seguro Social.
• El ingreso bruto de los aproximadamente 167,00 empleados retirados del gobierno representa el 6.4% de los gastos por hogar en la isla y 5.8% del ingreso nacional bruto de Puerto Rico.
• Reducir las pensiones tendría un impacto macroeconómico significativo en la economía puertorriqueña en general.  
• Debido al efecto dominó que tiene en la economía cada dólar que un retirado deja de gastar, la reducción en el ingreso de un retirado de $1.00 tiene un impacto mayor en el gasto total, lo que se conoce como el multiplicador fiscal.  
• Cuando le aplicamos el multiplicador fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal, el recorte a las pensiones causaría - en el futuro cercano - la pérdida de 1,600 trabajos en la Isla y una reducción del PNB de 0.2%. Un multiplicador fiscal más alto indicaría un impacto económico negativo mayor con la perdida de 6,300 empleos en la isla y una reducción del PNB de 0.6%. 
• Considerando la alta tasa de emigración que hay en la Isla, incluyendo un aumento en la emigración de retirados desde el 2016, los recortes a las pensiones pudiesen forzar que más retirados se muden a uno de los estados para estar con familiares cuando ya no puedan mantener su vida en Puerto Rico. Si la emigración aumenta, el impacto negativo en la economía sería mayor porque los retirados gastarían su dinero fuera de Puerto Rico.

2. El Plan de Ajuste incluye la creación de un Fondo de Reserva para el pago de las pensiones. El mismo conlleva aportaciones anuales del gobierno de Puerto Rico al Fideicomiso del Fondo de Reserva de Pensiones (conforme al Plan de Ajuste, el Fondo de Reserva de Pensiones recibirá una aportación inicial de $5 millones en la fecha efectiva del plan, aportaciones anuales básicas de $175 millones por 10 años, y aportaciones adicionales sujetas a los ingresos del gobierno. Se estima que el Fondo de Reserva de Pensiones recibirá un total de $2,400 millones en pagos del gobierno por un término de 10 años, periodo durante el cual se espera que el gobierno recibirá ingresos superiores a los proyectados en el Plan Fiscal). El memorándum de la Jueza Swain subraya que el Fideicomiso del Fondo de Reserva de Pensiones será manejado por profesionales independientes de forma que se mantenga alejado y separado de influencias políticas o económicas.