El 3 de noviembre de 2021, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó el octavo Plan de Ajuste enmendado, que elimina el recorte a los beneficios de pensión mensual acumulados de los retirados, y crea un Fondo de Reserva de Pensiones y una Junta que lo supervise, sujeto a que la jueza Laura Taylor Swain lo confirme.

El Plan de Ajuste enmendado no solo elimina los recortes de las pensiones acumuladas, sino que también mejora la fórmula del Fondo de Reserva, puesto que si el superávit del Gobierno proyectado en el Plan Fiscal supera el mínimo de $1.750 billones, la contribución al fondo se duplicará de un 25% a un 50% del sobrante. Además, la aportación mínima anual de $175 millones para la reserva debe darse durante nueve años fiscales, en lugar de siete.

El Fondo de Reserva de Pensiones es uno de los términos del acuerdo negociado por el Comité Oficial de Retirados (COR). Este les proveerá seguridad a los retirados actuales y empleados activos (futuros pensionados) de que los fondos estarán disponibles en un futuro para pagar exclusivamente sus beneficios de pensión, hasta en años cuando las proyecciones indican que el Gobierno de Puerto Rico pudiera experimentar déficits. Asimismo, operará como un fideicomiso independiente del Gobierno de Puerto Rico, que será administrado por una junta compuesta en su mayoría por pensionados.

Además de presentar el Plan enmendado, la Junta también mostró los resultados de la votación por el Plan de Ajuste, que indican que la mayoría de los retirados del sistema de Retiro Central y de la Judicatura sobre el umbral de los $1,500 votó a favor, así como los retirados de la Judicatura por debajo del umbral. Sin embargo, cabe destacar que el grupo de los retirados de la Judicatura sobre el umbral fue el único que cumplió con los dos requisitos para aceptar el Plan, incluyendo el de la mayoría de los votos, y que ese voto representase 2/3 partes de la reclamación total. Dicho esto, como el Plan ya no incluye recortes a los beneficios de pensión acumulados de ningún retirado, el Tribunal entiende que la clase de los pensionados está de acuerdo con este porque no sería impactada. Ahora bien, los pensionados de la Judicatura (por debajo y por encima del umbral) serían los únicos impactados si se elimina el ajuste por costo de vida.

Como el Plan fue aceptado (más de 40 clases de acreedores votaron a favor), tal y como requiere el Código de Quiebras, el proceso de evaluación y confirmación del Plan de Ajuste dará inicio el lunes, 8 de noviembre. La Jueza Swain evaluará el Plan conforme a los siguientes criterios: si es viable, justo, de buena fe y en el mejor interés de los acreedores.

El Comité Oficial de Retirados (COR) recibe como un paso positivo la decisión de la Junta de Supervisión Fiscal de aceptar los términos de la Ley 53 de 2021 “Para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico”, y así continuar con el proceso de confirmación de un Plan de Ajuste. La vista de confirmación comenzará el lunes, 8 de noviembre.
 
“Reconocemos el esfuerzo que han puesto todas las partes para llegar a un acuerdo y hacer posible que Puerto Rico entre en la última etapa del proceso para salir de la quiebra sin más dilaciones”, dijo Miguel J. Fabre Ramírez, juez retirado y presidente del COR.
 
El Comité lleva 4 años y medio representando ante el Tribunal a los retirados de los Sistemas de Retiro Central, Maestros y de la Judicatura, y protegiendo las pensiones dentro del proceso de la quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley federal PROMESA.

​En esta última etapa, el COR está preparado para defender un Plan de Ajuste que no requiera recortar el beneficio mensual de pensión acumulado de los retirados del gobierno, tal y como dispone la Ley 53.

En la tarde del viernes, 22 de octubre la jueza Laura Taylor Swain, quien preside la quiebra de Puerto Rico, convocó a una conferencia urgente por teléfono para atender el impase que ha evitado que se apruebe el P. de la C. 1003, lo que podría retrasar o arriesgar el proceso de confirmación del Plan de Ajuste de Puerto Rico.
 
En la conferencia, la Jueza Swain requirió la participación de:
 

• La Junta de Supervisión Fiscal (JSF)
• El liderato de las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno de Puerto Rico
• Los comités oficiales: el Comité Oficial de Retirados (COR) y el Comité de Acreedores No AseguradoS (UCC)

 
La jueza Swain decidió:
 

• Mantener el comienzo de la vista de confirmación sobre el Plan de Ajuste para el 8 de noviembre
• Ordenar a la JSF, y a las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno de Puerto Rico a entrar en un proceso de mediación que será liderado por la jueza Barbara Houser
• Ordenar a la JSF a no retirar el séptimo Plan de Ajuste enmendado hasta que la Jueza Houser rinda un informe sobre si es posible o no continuar con el proceso confirmación tal y como está pautado actualmente

 
Eso significa que:
 

• Por el momento, no hay cambios, por ende, los términos que están ante el Tribunal sobre las pensiones de los retirados de los Sistemas de Retiro Central, Maestros y Judicatura son los negociados bajo el acuerdo del COR

 
Fechas importantes:
 

• Próximos días: Podría darse un acuerdo que permita la aprobación del P de la C 1003, y eliminar el recortes a las pensiones para todos los retirados.
• Martes, 2 de noviembre: Fecha límite para que la jueza Houser entregue su informe de estatus sobre el proceso de mediación y la confirmación del Plan de Ajuste
• Miércoles, 3 de noviembre: Fecha para que la JSF, en nombre del gobierno de Puerto Rico, le presente al Tribunal los resultados de las votaciones requeridas por el Código de Quiebras sobre el Plan de Ajuste
  
• Jueves, 4 de noviembre: Fecha para que la JSF, presente su posición sobre varios asuntos, incluyendo entre otros (i) si la vista de confirmación puede comenzar el 8 de noviembre; (ii) si el Plan puede ser confirmado sin la legislación contemplada; (iii) medidas alternas para confirmar el Plan sin la legislación contemplada; y (iv) si el proceso de confirmación puede terminar dentro de los términos propuestos en los acuerdos con los acreedores.

El COR continúa atento al desarrollo de los eventos y protegiendo las pensiones de los retirados. Les mantendremos al tanto. ¡Seguimos juntos en esto!

La disposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a enmendar el Plan de Ajuste (PDA) para excluir el recorte en las pensiones no es un hecho consumado, tampoco significa que ese sector no verá otros recortes y mucho menos, significa que a futuro, Puerto Rico tendrá capacidad suficiente para pagar las pensiones, la deuda pública y cubrir los servicios a la población, según entrevistados.

De igual forma, según el exjuez de Quiebras, Gerardo Carlo Altieri y el economista Daniel Santamaría Ots, la nueva concesión de la JSF, así como el énfasis de la Asamblea Legislativa y el gobernador Pedro Pierluisi en la defensa de los pensionados solo ha servido para que otros sectores como los maestros, los bonistas locales y los suplidores del gobierno resulten entre los más perjudicados con el PDA.

Mientras, han pasado a segundo plano, otros asuntos medulares como la supremacía de las leyes de Nueva York a las leyes de Puerto Rico, cuando se trate de bonos y deuda pública.

La jueza (Laura Taylor) Swain puede tener la mejor intención de darle el 100% de sus acreencias a los pensionados, pero aquí tenemos un Tribunal Apelativo que va a revisar ese plan y es posible que este caso, llegue al Tribunal Supremo y allí no se come cuento. Eso fue lo que pasó en el caso de Argentina en el Distrito Sur de Nueva York, donde se encuentra la jueza”, dijo Carlo Altieri haciendo referencia a la larga disputa judicial en la que ese país terminó pagando toda su deuda, una vez el 4% de sus bonistas se opuso a la modificación que se había negociado.

"Si no hay una incorporación de esos potenciales reclamos de la Legislatura en un nuevo plan fiscal certificado antes de que se discuta el (PDA), no hay garantías o motivos para concluir que son cónsonos, por lo cual, el proyecto (de la Cámara) 1003 tampoco sería aceptable. Ese es uno de los primeros peligros a que nos enfrentamos en el proceso de confirmación”, indicó por su parte Santamaría Ots.

El pasado jueves, en un esfuerzo por salvar sobre dos años de negociaciones, lo que ha requerido unos $939 millones de los contribuyentes puertorriqueños para el pago de asesores y abogados, el presidente de la JSF, David Skeel, comunicó al gobernador Pierluisi y a los líderes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, una última e “inamovible” –según fuentes de este diario– lista de concesiones.

En síntesis, la JSF estableció que si el Proyecto Cameral 1003 se enmienda y facilita la reestructuración de la deuda sin condiciones, enmendará el PDA exclusivamente para eliminar el recorte de hasta 8.5% en las pensiones públicas.

El efecto de tal decisión es que en lugar de que el PDA proteja a unos 130,000 jubilados de recorte alguno, como establecía el acuerdo con el Comité de Acreedores no Asegurados (COR), y se compense por la vía presupuestaria a los que sí verían recortes, ahora quedará a discreción de la jueza Swain la suerte de todos los jubilados y con ellos, si la modificación de deudas en la mesa es factible o no.

Aunque el recorte en el beneficio actual de pensión quedaría fuera, en la práctica, la JSF indicó que mantendrá otros ajustes que serán más devastadores como la prohibición de aumentos por inflación o la ampliación de los requisitos para la jubilación. Ese es el caso de los maestros, que ante la anulación de la Ley de Retiro Digno, al rechazar la propuesta alterna, tendrán que trabajar hasta los 63 años y verán un ajuste en la fórmula para calcular su pensión.

Según Santamaría Ots, economista para la organización Espacios Abiertos, la reforma a las pensiones de la JSF buscaba ahorrar al gobierno unos $4,800 millones. El 80% de ese ahorro vendría de la congelación de beneficios de pensión.

A manera de ejemplo, según Santamaría Ots, si en el 2019, un jubilado recibía una pensión de $1,215 al mes, con el PDA en la mesa, para el 2037, esa pensión equivaldrá a unos $915 a medida que el costo de vida aumente.

Esa realidad, se suma a otra según el economista: las propias proyecciones de la JSF apuntan a que el plan no será sostenible habida cuenta los déficits presupuestarios que se avecinan para el 2037.

Con tal de conseguir la aprobación del proyecto 1003, la JSF accedió a otros pedidos de la Legislatura, pero no son parte del PDA.

Entre estos, otorgar unos $500 millones a la Universidad de Puerto Rico por los próximos cinco años, ciertos fondos a los municipios y dinero para financiar un estudio acerca de un plan de salud universal para la isla. Estas concesiones, a su vez, dependen de que el gobierno federal otorgue fondos adicionales bajo Medicaid para financiar la reforma de salud, un asunto que se da por sentado, pero que hasta el cierre de esta edición no se ha materializado.

Las alternativas que tiene SwainDe acuerdo con el ex juez Carlo Altieri, los jueces de bancarrota no modifican los planes de ajuste, pero sus decisiones pueden “torcer brazos” y resultar en cambios para una o más clases de acreedores.

Una vez Swain escuche los planteamientos de las partes durante la audiencia de confirmación, podría confirmar el PDA.

El plan también podría confirmarse parcialmente y requerir al deudor -en este caso, la JSF- que llegue a nuevos entendidos o consiga los trámites necesarios para implementarlo. Un tercer escenario podría ser denegar el PDA, pero dejar el caso de Título III abierto para negociar nuevos acuerdos financieros.

Un cuarto escenario, el más drástico de todos, sería que Swain –considerando que el proceso de bancarrota de Puerto Rico ya marca cuatro años– desestime el caso de Título III y levante la suspensión automática de litigios que hasta ahora, ha librado al gobierno de pagar a los bonistas y defenderse de cientos de litigios.

Si este último escenario se diera, de inmediato, Puerto Rico podría verse forzado a pagar a los bonistas sobre $2,000 millones correspondientes al servicio a la deuda de este año fiscal y también serían exigibles aproximadamente $7,000 millones en bonos no pagados desde el 2016.

Más allá de las pensiones

En el caso de Puerto Rico, con el PDA en la mesa, la JSF consiguió lo que hace un año parecía improbable: el respaldo de las aseguradoras municipales, el apoyo mayoritario de los principales bonistas de la isla y de los principales dos grupos de negociación, el COR y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés).

“Aquí hay un riesgo real”, dijo Carlo Altieri al plantear que la clase política interesa, más que todo, construir “un mensaje” que le favorezca durante el ciclo electoral 2024.

Para el ex juez, la discusión pública se ha centrado en el recorte a las pensiones, los méritos y las injusticias y los riesgos de viabilidad del PDA no se discuten.

Por ejemplo, indicó que se ha pasado por desapercibido que el PDA reduce la deuda con los bonistas, pero también “limpia” el estado de situación de cientos de agencias de gobierno al eliminar las sentencias monetarias en su contra o poner fin a pagos de suplidores que no se hicieron por años.

“Los que aquí están siendo trasquilados son los suplidores y contratistas del gobierno porque los (acreedores) no asegurados van a cobrar desde tres hasta 20 centavos y de eso, los abogados que les representan se quedan con el 15%”, agregó Carlo Altieri.

“Aunque la jueza Swain tenga las mejores intenciones con los pensionados, entre los acreedores no asegurados también hay miles de jubilados que trabajaron en el sector privado y que sus ahorros estaban en los bonos ahora chatarra del gobierno, pero de eso ni se habla”, sostuvo el ex juez.

La JSF ha insistido en el recorte de las pensiones porque entiende que no hacerlo representaría un trato desigual.

Pero según Santamaría Ots, cuando el organismo fiscal creó el Instrumento de Valor Contingente (CVI), la JSF aceptó entregar a los bonistas los beneficios de una mejora en los recaudos, en lugar de preservar fondos para los años de vacas flacas. Además, el economista recordó que el plan todavía contiene recortes presupuestarios y provee para aumentar impuestos como el alza de 400% que se prevé en los peajes.

Para Santamaría Ots, hay otra ficha que la Legislatura debe jugar: exigir a la JSF que divulgue todos los reportes, análisis y hojas de cálculo que dieron luz al PDA. Esos trabajos, aparte de ser pagados con fondos públicos, ha quedado fuera del ojo público, pues hasta la fecha, ese grado de transparencia que permitiría entender o rebatir las posturas de la JSF “ha sido totalmente nulo”.

Esta nota fue publicada el 16 de octubre en El Nuevo Día

Mi nombre es Blanca Paniagua y soy miembro del Comité Oficial de Retirados (COR) desde el 2017. Los que me conocen saben que soy sindicalista de toda la vida y una de las fundadoras en Puerto Rico de la unión de Servidores Públicos Unidos en el 1995. Respondí a la convocatoria pública del Síndico de los Estados Unidos para pertenecer al COR, porque estoy comprometida y he dedicado muchos años a luchar en defensa de las pensiones de todos los retirados del gobierno de Puerto Rico.

El COR lleva más de 4 años luchando para proteger, dentro del caso de la quiebra de Puerto Rico, los intereses colectivos de los 167,000 retirados de los sistemas de retiro del gobierno central, maestros y judicatura. Los pensionados somos acreedores dentro de la quiebra y estamos expuestos a recortes, porque a través de los años los políticos nos fallaron, y permitieron que los sistemas de retiro se quedaran sin dinero. 

Ahora, Puerto Rico está en una coyuntura histórica, o salimos de la quiebra con un Plan de Ajuste que cuenta con el apoyo de la mayoría de los acreedores y protege las pensiones, o lo arriesgamos todo y nos exponemos a escenarios inciertos sin garantías. En junio de 2019, el COR llegó a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal que exime a la mayoría de los retirados del gobierno de Puerto Rico de los ajustes, reduce sustancialmente el recorte a las pensiones (de hasta 25% a un máximo de 8.5%), excluye el seguro social de la fórmula para calcular los recortes, y mantiene la aportación mensual de $100 para el plan médico que reciben 139,000 retirados. Más aún, el acuerdo garantiza la creación de un mecanismo de restitución, fondo de reserva de pensiones, y una Junta (compuesta mayormente por retirados) para velar que el gobierno cumpla con todas las disposiciones que serán parte de la orden que emita el Tribunal Federal cuando confirme el Plan de Ajuste.

Desde enero, el COR se ha estado reuniendo con los políticos electos para explicarles el acuerdo, y cómo este les permitirá restituir las pensiones, si el gobierno recibe más ingresos que lo proyectado, o pagarlas sin recortes, si identifica el dinero a principios de cada año fiscal. Nos anima ver cómo algunos legisladores han entendido el acuerdo y están impulsando medidas que acogen la restitución de las pensiones como un mecanismo viable para permitir que Puerto Rico salga de la quiebra sin afectar a los pensionados. 

Oponerse a estas alturas es una ilusión óptica. Invitar a rechazar el Plan de Ajuste descansando en la posibilidad de que el Tribunal apruebe un Plan de Ajuste sin impactar las pensiones es lanzar a un abismo el futuro de miles de pensionados. Puerto Rico no puede seguir en quiebra indefinidamente, y los pensionados no podemos seguir dependiendo de las promesas de políticos. Votemos para aceptar el Plan de Ajuste y apoyemos el acuerdo del COR para, finalmente, proteger y garantizar nuestras pensiones mediante una orden del Tribunal Federal. Yo favorezco el Plan de Ajuste para Puerto Rico. Compañeros pensionados tienen hasta el 18 de octubre a las 5:00 p.m. para que Prime Clerk reciba tu voto para aceptar el Plan de Ajuste.​

Columna escrita por Blanca Paniagua, integrante del COR, y publicada el 29 de septiembre de 2021 en el periódico El Nuevo Día

Actualización de la nota - El viernes, 24 de septiembre, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contestó que está de acuerdo con la moción que el COR radicó para solicitar una extensión de dos semanas al periodo de votación por el Plan de Ajuste. Esperamos que la Jueza Swain dé paso a la extensión de tiempo. 
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El Comité Oficial de Retirados (COR) radicó una moción ante el Tribunal federal solicitando a la Jueza Laura Taylor Swain que apruebe con carácter de urgencia una extensión de dos semanas al periodo de votación que tienen los retirados elegibles para votar por el séptimo Plan de Ajuste enmendado para reestructurar la deuda de Puerto Rico bajo el Título III de la ley PROMESA.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tenía hasta el 30 de agosto de 2021 para enviar por correo a los retirados del gobierno de Puerto Rico el Plan de Ajuste, las boletas de votación, y otros documentos relacionados. La fecha límite para votar es el 4 de octubre de 2021 a las 5:00 p.m. Sin embargo, a medida que pasan los días es más evidente que los problemas en la oficina del Correo Postal han provocado atrasos significativos en la entrega de las boletas de votación a los retirados.

"El Comité Oficial de Retirados tiene una responsabilidad de asegurar que todos los pensionados del gobierno de Puerto Rico a quienes representamos, que sean eligibles y quieran votar sobre el Plan de Ajuste,  puedan hacerlo", indicó Miguel J. Fabre Ramírez, juez retirado y presidente del COR. Debido a los retrasos en la entrega de los sobres con los materiales para votar, el Comité ha recibido información de parte de muchos retirados, incluyendo la mayoría de los integrantes del Comité, que a estas alturas no han recibido sus boletas de votación.

A medida que se acerca la fecha límite, el Comité ha estado exhortando a los retirados a llamar a Prime Clerk, que es el agente de votación de la JSF, para solicitar sus boletas de votación de manera expedita. Aun así, el Comité entiende que los retirados necesitan más tiempo para poder emitir sus votos. La moción fue radicada con carácter de urgencia para que los pensionados estén seguros y tranquilos de que podrán votar sobre el Plan de Ajuste.​