Tribunal de Distrito desestima demanda de los Bonistas de Obligaciones Generales

El 30 de enero de 2018, el Tribunal de Distrito emitió su Opinión y Orden desestimando la demanda presentada por bonistas de obligaciones generales (Bonistas) en el caso de ACP Master, Ltd. (Prov. Pro. No. 17- 189). La Opinión y Orden del Tribunal incorporó muchos de los argumentos expuestos en el memorando legal presentado por el Comité de Retirados, en apoyo de la moción para desestimar la demanda de los Bonistas.

Trasfondo
En la demanda, los Bonistas solicitaron que se declarara que tienen derecho a cobrar antes que otros acreedores y que tienen gravámenes sobre: ​​(1) el cobro de ciertos impuestos y cargos que comúnmente son utilizados para pagar ciertas obligaciones de entidades del gobierno y que pueden ser retomados (clawed back) por el Gobierno bajo ciertas circunstancias; y (2) ciertos ingresos por impuestos a la propiedad recaudados al amparo de la Ley 83 del 1991.

La Demanda también solicitó remedios cautelares para requerirle al Gobierno que segregue los fondos en controversia, en beneficio de los Bonistas.

El 4 de agosto de 2017, el Comité Oficial de Retirados (COR) presentó una moción para intervenir en el caso e incluyó una moción para desestimar la demanda, alegando que el remedio solicitado por los demandantes era prematuro y que estaba en conflicto con PROMESA.

El Gobierno a su vez, radicó -el 21 de agosto de 2017- una moción para desestimar la demanda. El 8 de noviembre de 2017, el Tribunal de Distrito emitió una orden autorizando la intervención del COR en el caso. Cinco días más tarde, para el 13 de noviembre, el COR presentó una moción apoyando la moción de desestimación presentada por el Gobierno, que a su vez repetía los argumentos presentados por el COR en su moción de desestimación del 4 de agosto de 2017.

La Opinión y Orden del Tribunal
​La Opinión y la Orden del Tribunal desestimó la Demanda en su totalidad, pero no resolvió algunas de las controversias presentadas en la Demanda. En la misma, adoptó los argumentos del COR, de que gran parte de la Demanda era prematura y no estaba madura para ser adjudicada.

Lo más significativo es que el Tribunal desestimó la demanda de los bonistas, que solicitaba una sentencia declaratoria e injunction, para restringir el uso por parte del gobierno de los impuestos que están en controversia. El Tribunal sostuvo que el artículo 305 de PROMESA, que limita la capacidad del Tribunal para interferir con el ejercicio de facultades políticas o gubernamentales por parte del gobierno, impide al Tribunal a "ordenar al gobierno territorial o una instrumentalidad a que actúen de una manera diferente a la que han elegido".

En cuanto a las alegaciones de la Demanda de los Bonistas, solicitando una sentencia declaratoria sobre sus derechos, incluyendo si sus acreencias, están aseguradas y el alcance de dichas garantías, el Tribunal sostuvo que carecía de jurisdicción para considerar esas alegaciones. La conclusión del Tribunal se basó en que dichas alegaciones no estaban maduras o que no establecían un reclamo o controversia para adjudicarse en ese momento.

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